Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

Toda la evidencia existente muestra que los mayores problemas que tienen las clases populares en España –tales como el elevado desempleo, la baja tasa de ocupación, la disminución de la protección social, la bajada de salarios, el aumento de la precariedad, el deterioro de los servicios públicos y el descenso de la capacidad adquisitiva de las pensiones- derivan predominantemente del gran deterioro del mercado de trabajo y de las medidas de austeridad que se han ido imponiendo a la población (a través de recortes del gasto público en las transferencias públicas –como las pensiones- y en los servicios públicos del Estado del Bienestar –tales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda y otros) por parte del Estado (predominantemente por el Estado central, pero también por los gobiernos autonómicos como la Generalitat de Catalunya). Los datos son claros y contundentes y están ahí para todo el que quiera verlo (ver, por ejemplo, mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Anagrama, 2015).

¿Por qué el deterioro de la calidad de vida de las clases populares?

La misma evidencia muestra también que la principal causa de estos cambios reside en la aplicación de políticas públicas de sensibilidad neoliberal –tales como las reformas laborales (de las más duras entre las aplicadas en la Unión Europea de los Quince -UE-15- el grupo de países de la UE de semejante nivel económico al español) y la aprobación de políticas fiscales y presupuestarias regresivas (de las más acentuadas en la UE-15)- que han tenido un impacto muy negativo en el bienestar de las clases populares, (las cuales representan, por cierto, la mayoría de la población española). Un dato refleja la naturaleza de tal impacto: aquí en Catalunya el 40% de la población no vive mejor que sus padres, y de hacerse estudios semejantes en el resto de España es probable que el porcentaje fuera parecido.

La aplicación de tales políticas neoliberales es consecuencia del enorme poder que las élites dominantes en la vida económica y financiera del país tienen sobre los partidos políticos gobernantes, consiguiendo con ello un enorme incremento de sus beneficios a costa del descenso de los ingresos de la población obtenidos a través del mundo del trabajo –salarios– y también de las transferencias públicas del Estado. Ni que decir tiene que tales establishments económico-financieros que dominan la vida política de España, y los establishments político-mediáticos que les sirven (responsables de la aplicación, difusión y promoción de tales políticas), no aceptan esta explicación que los responsabiliza por lo que está pasando. De ahí que inviertan una enorme cantidad de recursos a través de los medios de información y persuasión del país a fin de ofuscar y ocultar las causas políticas del enorme daño que están causando. En su lugar, intentan explicar que tal deterioro se debe a una revolución tecnológica –que llaman la Cuarta Revolución Industrial- que es ni más ni menos que la automatización y robotización que está ocurriendo en los mercados de trabajo en particular, y en la sociedad en general. Muchos artículos y libros aparecen promoviendo dicha argumentación.

La intensidad del mensaje es tal que incluso se reproduce en fórums progresistas, como ejemplifica el caso del artículo La robotización amenaza a uno de cada siete puestos de trabajo en todo el mundo, escrito por Diego Herranz, aparecido en Público (16.04.2018). Según la OCDE (uno de los vaticanos del dogma neoliberal hoy en el mundo), del cual Herranz saca sus datos, más de 65 millones de puestos de trabajo serán sustituidos en diez años por los efectos de la automatización. En realidad, se está ya llegando a la conclusión de que el trabajo asalariado desaparecerá, tal como apunta el último trabajo de Daron Acemoglu de MIT y de Pascual Restrepo de la Boston University (Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 23285, March 2017). Esta visión de lo que podríamos llamar Apocalipsis Robótico se está generalizando, y la única diferencia ante esta supuesta realidad es que algunos la aplauden y otros la lamentan. En realidad, algunos de los primeros, incluyendo voces prominentes del World Economic Forum o WEF (más conocido como “Davos”), intentan minimizar sus posibles impactos negativos, proponiendo medidas como la Renta Básica Universal (RBU), que sustituiría al supuestamente inviable e insostenible Estado del Bienestar. Así, Martin Schwab, fundador del WEF, asume que el fin del trabajo significa el fin del Estado del Bienestar que está hoy financiado por las rentas del trabajo, proponiendo como alternativa la RBU.

¿Es la revolución robótica la mayor causa del deterioro del mercado de trabajo, creando desempleo y precarización?

La evidencia científica existente cuestiona que la revolución robótica haya sido una causa mayor del deterioro del mercado de trabajo (ver mi artículo “La falacia del futuro sin trabajo y de la revolución digital como causa del precariado”, Público, 12.07.2016). Ni que decir tiene que tal revolución digital puede eliminar puestos de trabajo, aunque en general en niveles menores de los que se indican. Pero lo que se olvida es que tal revolución digital también puede facilitar la creación de empleo. Que haga una cosa o la otra depende que quién controle el diseño, el uso y la utilización de la automatización. Es decir, depende de las relaciones de poder en el proceso de producción y distribución de bienes y servicios, así como de los medios de información. En otras palabras, el impacto que tal Cuarta Revolución tenga dependerá del contexto político en donde se establezca. De ahí que mientras en un contexto la robótica puede disminuir e incluso facilitar la reducción del tiempo de trabajo y aumentar el goce y placer del mismo, en otro contexto puede tener un impacto contrario. En las fábricas de automóviles de países donde el mundo del trabajo es débil (como en EEUU, en España o en países subdesarrollados) la automatización, a la vez que está destruyendo trabajo para algunos, está forzando el pluriempleo y la expansión de las horas de trabajo para otros. En EEUU, en el año 2014, el tiempo semanal de trabajo necesario para que la población saliera de la pobreza (para el 10% más bajo de los salarios) subió de una manera muy notable, siendo de 45 horas para una sola persona, 55 horas para una persona con dos niños y 61 horas para una pareja con dos niños (Working Hours to Escape Poverty, OCDE).

Por el contrario, en países donde el mundo del trabajo es fuerte, la automatización permite una notable reducción del tiempo de trabajo, siendo, en realidad, una bendición que libera al trabajador de una sobrecarga. Suecia, por ejemplo, donde históricamente los instrumentos del mundo del trabajo (como los partidos de izquierdas y los sindicatos –casi el 80% de los trabajadores están sindicalizados–) han sido fuertes, ha sido pionera en utilizar el aumento de la productividad (en parte, pero solo en parte, como resultado de la automatización) para reducir en muchos sectores económicos las horas de trabajo a seis horas diarias, permitiendo una gran flexibilidad en el tiempo y en las condiciones del trabajo (ver Hardee Matharu “Employers in Sweden introduce six-hour work day”, The Independent). El grado de satisfacción de los trabajadores y empleados con el trabajo, así como también la productividad, por cierto, han aumentado en los sectores de la economía que han liderado estos cambios, como es el caso de los servicios sanitarios y otros servicios públicos (“Six-hour working day ‘boosts productivity and makes people happier’”, The Independent).

En resumidas cuentas, la revolución digital puede ser un instrumento de liberación o de opresión, dependiendo de quién la controle. Bajo las condiciones salvajes del mundo neoliberal, puede empeorar la calidad de vida de la ciudadanía, tanto como trabajadores y empleados como usuarios y consumidores. Es de sobras conocido en EEUU que, como resultado de la masiva automatización de las empresas telefónicas, es un suplicio intentar hablar con un empleado de la empresa para resolver problemas catalogados en su abanico de posibilidades. Y puede tener un impacto súper dañino como en el caso de la industria del móvil, que ha sustituido a la televisiva como el punto de referencia de la información y educación para la población. De nuevo el caso de EEUU es paradigmático. El control de la industria del móvil por parte de instituciones que tienen como objetivo aumentar su rentabilidad es un peligro y amenaza para la salud mental y para la madurez política de la ciudadanía.

Los argumentos contra el Apocalipsis Robótico

Lawrence Mishel y Josh Bivens, del Economic Policy Institute en Washington, han hecho una contundente crítica del artículo de Daron Acemoglu del MIT y de Pascual Restrepo de la Boston University, citado anteriormente (The zombie robot argument lurches on. There is no evidence that automation leads to joblessness o inequality, Economic Policy Institute). Según tales autores, tales argumentos contra el Apocalipsis Robótico pueden resumirse en que:

Aceptando incluso los datos de destrucción de empleo como resultado de la automatización (que ninguno de estos dos autores acepta), el hecho es que el número de puestos de trabajo destruidos en EEUU debido a la automatización es cuatro veces menor que el número de puestos de trabajo perdidos debido a las importaciones de productos provenientes de China, con mano de obra mucho más barata.

Mientras hay casos de destrucción de empleo, también hay casos de creación de empleo, pues el crecimiento de la actividad económica generada por la automatización también genera puestos de trabajo.

No existe ninguna correlación histórica entre el incremento de la automatización y la reducción salarial o el crecimiento de las desigualdades. En EEUU, la automatización creció muy rápidamente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, a la vez que existía un gran crecimiento de la ocupación y de los salarios.

No existe evidencia de que haya habido un crecimiento muy notable de automatización durante la Gran Recesión. En realidad, tal tasa ha disminuido.

Dichos autores, en cambio, muestran que las crisis social y del mundo del trabajo estadounidense (que ha tenido como impacto el descenso de la esperanza de vida de la mayoría de la clase trabajadora –que es de raza blanca-) se deben a las políticas públicas llevadas a cabo por los Estados (tanto el federal como los federados), que han consistido en un ataque masivo y exitoso hacia el mundo del trabajo. El éxito de tales políticas es que las rentas del trabajo han ido disminuyendo y las rentas del capital han ido aumentando. Concretamente en el caso de Estados Unidos, el peso ajustado de los salarios sobre el PIB pasó de representar un 69,1% en 1970 a un 60,8% en 2017, una caída de 8,3 puntos porcentuales, una tendencia que también se ha dado en países europeos como Alemania (de un 68,4% a un 62,7%), Francia (de un 71,4% a un 67%), Italia (de un 66,9% a un 60,5%) o España (de un 70,1% a un 60,7%).

La confusión de algunas izquierdas

La aceptación del dogma neoliberal por parte de voces que se consideran de izquierdas –como Clinton en EEUU, Blair en el Reino Unido, Schröder en Alemania, Hollande y Valls en Francia y Zapatero en España- explica que hicieran también suya la explicación del porqué de la crisis social, atribuyéndola también a los cambios tecnológicos. De ahí que propusieran la educación de los trabajadores (aumentando su nivel de cualificación) como solución al problema de la robotización, pues los trabajos de escasa formación eran los vulnerables a su automatización, medida necesaria pero dramáticamente insuficiente. Y sectores de la izquierda radical presentaron la Renta Básica Universal (RBU) como solución para el mundo del trabajo, asumiendo que el mercado de trabajo desaparecería y con ello la financiación del Estado del Bienestar (que se sostiene en base a los impuestos sobre el trabajo). De esta lectura de la realidad se concluyó que la solución pasaría por garantizar unos ingresos a toda la población, como derecho de ciudadanía y/o residencia: la RBU como sustituto del Estado del Bienestar. Ni que decir tiene que las medidas de las izquierdas que aceptaron el neoliberalismo (que pasaron a ser definidas como socioliberales) fracasaron profundamente, a la vez que alienaron a sus bases electorales, predominantemente de clase trabajadora, que dejaron de votarles, pues no tocaron las raíces del problema.

Renta Básica Universal o Servicios Básicos Universales

Sin desmerecer el mérito de la Renta Básica Universal, hay que tener en mente que tal RBU toca una dimensión –la falta de renta- importante pero limitada en el desarrollo de la calidad de vida y bienestar de la población. Es más, la cantidad de renta que se utiliza para asignar como derecho de ciudadanía no es suficiente para cubrir necesidades básicas de la población, y que dicha RBU no puede reemplazar. En el estudio Social prosperity for the future: A proposal for Universal Basic Services que realizó el Institute for Global Prosperity (IGP) del Reino Unido, calculó que el coste de la RBU (en una cantidad de 73,10 libras esterlinas por ciudadano, que era la cantidad de la Jobseekers Allowance) sería equivalente al 13% del PIB del Reino Unido y representaría el 30% del presupuesto del gobierno británico. De ahí que lo más urgente (pero complementario, según el mismo IGP) sería desarrollar unos Servicios Básicos Universales (SBU) que incluirían sanidad, educación, vivienda, alimento, transporte e información, así como derechos democráticos y legales. Tales derechos serían esenciales –como sanidad, vivienda y alimentación- y también necesarios para su articulación con otros derechos como la educación, el transporte o la información, además de los derechos democráticos y legales. El coste de estos servicios per cápita es mucho mayor que el asignado por la RBU, con lo cual, la medida de sustituir los servicios básicos por la RBU (como algunos liberales están sugiriendo) dañaría enormemente el bienestar de la población. La RBU es una medida necesaria una vez los SBU están garantizados. De ahí que no haya una dicotomía para elegir entre RBU o SBU, sino que la opción debería ser incluir SBU y RBU, introduciendo esta renta universal gradualmente, como se está proponiendo en los Programas de Renta Garantizada. Pedir la aplicación inmediata de la RBU (en su totalidad y a todos los ciudadanos) en el contexto político conservador-liberal existente hoy en España y en Europa es, quiérase o no, una distracción de la enorme urgencia para cubrir la gran subfinanciación de las transferencias públicas y servicios públicos del Estado del Bienestar.

Lo que es más urgente es que el Estado (central, autonómico y municipal) garantice el desarrollo de los derechos de la ciudadanía a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al transporte y a la información (proveyendo en este caso los instrumentos que permitan recibir y participar en el proceso informativo y comunicativo). Y por desgracia no hay plena conciencia en los establishments políticos y mediáticos del país del enrome subdesarrollo y subfinanciación de tales servicios. El gasto público social por habitante en España es de los más bajos de la Unión Europea de los Quince, subfinanciación que se ha incluso acentuado más durante la Gran Recesión. Este enorme retraso social en España se ha incrementado todavía más debido a las reformas laborales regresivas que han provocado una disminución de los salarios y de las tasas de ocupación, a la vez que un aumento de las tasas de desocupación y precariedad.

La necesaria creación de empleo

La causa principal de que ocurran estos hechos son las relaciones de poder de clase y de género que existen en España. El determinismo tecnológico es un argumento alternativo que intenta ocultar esa realidad. De ahí la gran urgencia de un cambio de 180º en la dirección de las políticas públicas. Y entre ellas está la creación de empleo. Las áreas de mayor creación de empleo son los servicios del Estado del Bienestar, repito, muy poco financiados y desarrollados en España, y muy en particular los servicios de cuidados, incluidos en el cuarto pilar del bienestar (ver “El cuarto pilar del estado del bienestar”, Público, 15.10.09). La necesidad de expansión de estos sectores es enorme. Y en España estamos muy por detrás de otros países de la UE-15, muy por detrás incluso de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo económico que tenemos. Así, mientras en Suecia uno de cada cinco adultos trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar, en España es solo uno de cada diez. Si fuera uno de cada cinco, tendríamos 3,5 millones más de puestos de trabajo (ver El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, 2006). Este subdesarrollo se debe al escaso poder de las mujeres en España, pues gran parte de estos servicios hoy son provistos por las familias, lo cual quiere decir, en España, por la mujer.

El otro gran déficit de empleo se da en la conversión energética necesaria en el país. La Organización Internacional del Trabajo ha publicado un detallado informe, “Empleos verdes para el desarrollo sostenible. El caso español”, que muestra claramente el enorme potencial del sector. Dicho informe indica que si las energías renovables representaran el 20% de la producción primaria de energía (algo perfectamente factible ya que es una de las metas de la estrategia Europa 2020), podrían generar 125.265 empleos hasta el 2020. El transporte sostenible podría llegar hasta los 770.000 empleos (incluyendo servicios, actividades industriales y la construcción de infraestructuras relacionadas). Pasaría lo mismo con la construcción: rehabilitar 25 millones de viviendas para mejorar su eficiencia energética podría llegar a generar 1,37 millones de empleos.

Es en estos dos temas y áreas donde debería centrarse la creación de trabajo y empleo. Ello, junto con el mejoramiento de los salarios, de la protección del trabajador, de la estabilidad laboral y de las condiciones del trabajo, es fundamental tanto para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población como la eficiencia económica del país. Así de claro.

NOTA: Este artículo es una modificación y expansión de otro artículo publicado en la revista 'LA CIRCULAR'.