Casi dos millones y medio de trabajadores han renovado este año sus convenios colectivos. De ellos, un tercera parte han arañado subidas salariales superiores al 1%. ¿Lo habrían conseguido si llega a estar en vigor el pacto de ámbito nacional suscrito esta semana por la patronal y los dos sindicatos mayoritarios? Eso ya nunca lo sabremos, pero es muy probable que no. ¿Por qué? Porque el pacto pone un tope del 1% al que los empresarios podrían haberse agarrado como a un clavo ardiendo. Que es lo que sin duda van a hacer en las negociaciones de los miles de convenios que todavía están pendientes de revisar.

Históricamente, las subidas salariales venían determinadas por un porcentaje concreto o por una horquilla. De un tiempo a esta parte, sin embargo, lo que aceptan CCOO y UGT es un tope, que en 2015 –como se ha dicho– será del 1% y en 2016 del 1,5%. ¿A qué obliga el tope? En teoría, a nada, porque tiene un carácter meramente orientativo. Pero los empresarios siempre podrán utilizarlo a su favor cuando los trabajadores les vayan con peticiones que lo excedan. Porque eso es exactamente el pacto, al menos en materia retributiva: un arma que los sindicatos han entregado pese a que sólo servirá para taparles la boca.

¿Qué han obtenido de la patronal a cambio? Por lo que conocemos, sólo humo: una cláusula de revisión que se activará en caso de que el IPC suba más de 2,5 puntos entre 2015 y 2016, cosa harto improbable con la actual deriva de la inflación. A no ser que el resto de los aspectos del pacto, sobre cuya letra pequeña continúan trabajando las dos partes, supongan mejoras tan sustanciales en las condiciones laborales como han insinuado CCOO y UGT, veremos si con el único propósito de apaciguar a sus bases, que no me extrañarían que andasen sumidas desde hace unos días en el más absoluto desconcierto.

El problema es que a los dirigentes de CEOE y de Cepyme también les están apretando las clavijas, y no sólo desde sus organizaciones, sino incluso desde algunos ámbitos del Gobierno. La crítica que se les hace es que, con la cláusula de revisión, hayan aceptado referenciar de nuevo los salarios a la marcha de los precios, en vez de a la productividad. Como si la productividad dependiera sólo del esfuerzo de los trabajadores y no de las inversiones que a algunos empresarios les cuesta tanto acometer, porque prefieren ser más competitivos a base de ajustar la parte hoy más débil de sus costes.

Esa obsesión explica en buena medida las dificultades con las que está tropezando España para salir de la recesión y la inconsistencia de los datos en los que se apoya el Gobierno para sostener que ya la hemos superado. La brutal devaluación salarial impuesta a los trabajadores en nuestro país, como sucedáneo de la devaluación monetaria que la presencia en el euro nos impide, ha dejado hechas unos zorros la demanda interna. Y se ha revelado inútil para abrirse paso de forma sostenible en unos mercados exteriores donde el precio es sólo un elemento más a la hora de decidir los bienes y servicios que se consumen.

A pesar de ello, algunos empresarios parecen empeñados en seguir por el mismo camino y no hay ninguna evidencia de que hayan entendido que machacando a los trabajadores no hacen más que darse un tiro tras otro en el pie. De la misma manera que el Gobierno de Mariano Rajoy saca pecho por sus recortes, en vez de reconocer que tanto sacrificio no ha servido para nada, como cree una clara mayoría de los españoles, según indican todas las encuestas. Una tozudez, la de los empresarios y el Gobierno, que no ayuda precisamente a que salgamos de una vez por todas de esta crisis interminable.