En la euforia de la inminente caída de un régimen tiránico, la OTAN puede pretender que olvidemos el mandato que recibió de la ONU para intervenir en el conflicto libio: proteger la vida de la población civil, que estaba siendo masacrada por las tropas de Gadafi.

Así hicieron los aviones aliados al impedir que las columnas de tanques de los mercenarios asaltasen Bengasi a sangre y fuego. Pero, en los meses siguientes, el papel bélico de la Alianza ha sido claramente de participante exterior en una guerra civil desigual, en la que sólo los bombardeos occidentales lograban igualar la contienda.

Ahora, con el régimen libio desmoronándose, la intervención militar extranjera puede toparse con su irresoluble contradicción intrínseca: si los insurgentes asedian y atacan Trípoli y los seguidores de Gadafi resisten, los civiles que correrán gravísimo peligro serán los habitantes de la capital, así que tocaría bombardear a nuestros aliados rebeldes para proteger a los tripolitanos inocentes.

Incluso si el Ejército gadafista se derrumba en cuestión de horas, se alzará la amenaza del vacío de poder, el caos, las venganzas sanguinarias y los saqueos generalizados, como ocurrió tras el colapso del régimen de Sadam en Irak. Los dirigentes del Consejo de Transición difícilmente controlarán la situación desde la lejana Bengasi y tampoco se sabe si sus cabecillas están de verdad dispuestos a renunciar a ambiciones autoritarias y convicciones islamistas.

En un país fragmentado en tribus, carente de estructuras de gobierno por 40 años de dictadura paranoica y librando una brutal lucha fratricida, la injerencia armada de la OTAN puede instigar una pesadilla peor de la que evitó.