Los valencianos y valencianas están de enhorabuena, y creemos que también los españoles y españolas. El fallo del Tribunal Supremo sobre la reversión de Alzira deja claro que por mucho que los intereses empresariales pongan piedras en el camino, como ha hecho sistemáticamente la empresa concesionaria Ribera Salud, se pueden y se deben revertir las privatizaciones que durante muchos años han lastrado a la Sanidad Pública.

Veinte años de privatizaciones sanitarias en la Comunidad Valenciana representan un negocio muy suculento a costa de la salud de la ciudadanía. El 20% de la atención sanitaria llegó a estar en poder de empresas concesionarias y por tanto supeditada a criterios de rentabilidad económica. Eso supuso que la atención de un quinto de la población de la Comunidad Valenciana se regía por otras reglas, distintas a la dedicación de todos los recursos disponibles a la atención sanitaria de las personas.

La relación entre la Sanidad Pública Valenciana y las empresas beneficiarias de la privatización, principalmente Ribera Salud, se rigió por unas reglas del juego cambiantes gracias a interpretaciones siempre a beneficio de la empresa concesionaria. Este modelo de privatización no sobreviviría sin la estrecha relación existente entre los gobiernos del PP y la empresa concesionaria. Y mientras la Generalitat de aquel tiempo pagaba los intereses de demora a la empresa por la privatización de la gestión de los 5 departamentos de concesión, las empresas mantenían una deuda de casi 400 millones de euros por liquidaciones pendientes con la Administración cuando se inicia el Gobierno del Botanic en 2015.

A pesar de todo ello, sin empacho ni vergüenza alguna este ha sido un modelo que se ha vendido como ejemplo de eficiencia y ventaja para la Administración Pública. Esta gran mentira fue cuidadosamente construida también con dinero público, destinado a marketing, compra de espacios publicitarios más o menos trasparentes en medios de comunicación, asociaciones ad hoc, campañas publicitarias con autobuses, publirreportajes y otras acciones menos honorables.

Acoso personal

También, como recurso para impedir la reversión y como método de disuasión frente a quienes debían tomar las decisiones acerca de la reversión Ribera Salud empleó el acudir a la justicia en actitud querulante. Prácticamente ningún integrante del proceso de reversión quedó libre de ser demandado por lo civil o incluso lo penal, con la intención de influir, disuadir o como contundente aviso a navegantes del futuro. Hay que decir que las personas normales no tienen ni los recursos económicos ni humanos para no sentir preocupación ante uno de estos envites, pero que a pesar de ello la reversión de Alzira hoy es una realidad.

La sentencia determina que no se pueden prorrogar las concesiones privatizadas

Años después han ido conociéndose las sentencias fruto de aquella hostilidad ante lo que era la finalización de un contrato y la deriva camorrista de una empresa. Hay que decir que la empresa no ha ganado ni una sola de ellas. Ahora, en 2021, se termina de conocer la última, del Tribunal Supremo a favor de la Administración y de aquel proceso de reversión. La sentencia del Tribunal Supremo determina que ninguna concesión sanitaria puede ser prorrogada. Literal del fallo: “…al margen de los informes sobre eficiencia, calidad y satisfacción… las consideraciones de la resolución que decidió la no prórroga del contrato para evitar la duplicidad en el pago por la Administración de cantidades que ya habían sido amortizadas por la concesionaria y la obtención por esta de un beneficio extraordinario, que sin duda es contrario al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos consagrado en el artículo 7 de la LOEPSF”.

El fallo de la sentencia deja claro la improrrogabilidad de ninguno de los contratos de concesión de gestión sanitaria vigentes.

El fallo cierra el ciclo de más de 50 recursos con los que la empresa concesionaria intentó paralizar la reversión y avala jurídicamente el procedimiento de reversión. La doctrina Montón para la reversión de concesiones sanitarias es jurídicamente impecable y muestra el camino a seguir en las cuatro concesiones privatizadas restantes y allí donde gobiernos de progreso quieran devolver a la ciudadanía los servicios públicos.

En el caso de las concesiones sanitarias en la Comunidad Valenciana, el TS da por justificada suficientemente el requisito consagrado en la LOEPSF, y al que se remitía la empresa en su recurso, al establecer que la prórroga de los mismos supondría pagar sólo por la asistencia sanitaria el mismo precio que conllevaba el pago durante 15 años de un precio de la gestión sanitaria y la amortización de la inversión inicial que debía hacer la concesión. Y eso según indica literalmente el fallo supondría “la duplicidad en el pago por la Administración de cantidades que ya habían sido amortizadas por la concesionaria y la obtención por esta de un beneficio extraordinario, que sin duda es contrario al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos consagrado en el artículo 7 de la LOEPSF”.

Además, para la reversión persisten todos los elementos que en el caso de La Ribera indicaban la inconveniencia de la prorroga: conflictividad, obstrucción, hostilidad ante los actos de la Administración… Un negocio suculento, por el que se ha peleado hasta niveles de indignidad aun no suficientemente aclarados.

Pero el proceso de reversión de Alzira aún no ha terminado. Hay flecos que se tienen que cerrar aún.

¿Qué ha pasado con el acta de reversión? En la reversión de 2018 se levantaron unas actas de reversión en las que se valoraba de forma detallada la cantidad a compensar por la empresa por las deficiencias, es decir, los déficits de inversión y equipamientos, entre otros compromisos incluidos en el contrato de concesión, que no sustanció. Por parte del equipo de reversión de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se hizo un informe técnico muy meticuloso y exhaustivo, que cuantificaba esa cantidad en unos 15 millones de euros. Hasta la fecha no se tiene información de cómo va esa reclamación. Han pasado cerca de cuatro años y sería preocupante que ese dinero público, una vez más, se quedase de forma irregular en la cuenta de resultados de una empresa. No más regalos con dinero público.

De igual modo sería oportuno realizar una auditoria forense, es decir, el análisis de la información recuperable en los discos duros y servidores del centro, tras el borrado que la empresa realizó cuando la reversión era ya inminente. Cabe recordar que en lo que más se resistió la empresa fue en entregar las claves para el acceso al sistema informático y los sistemas de información de estos equipos. Estas dos cuestiones, también, se tendrían que tener en cuenta en las futuras reversiones, como la del Departamento de Torrevieja.

Sobre la mayor eficiencia y equidad del servicio público de gestión directa también se podría hablar con total tranquilidad. Con el paso de la concesión privatizada a la gestión pública directa, el dinero que durante los años de privatización se llevó el beneficio empresarial, con la reversión hacia la gestión pública directa se destinó a contratación de más personal, mejora de infraestructuras y equipamientos, sin aumentar ni un céntimo el presupuesto. Además, las nuevas contrataciones se realizaron de forma más trasparente, según las reglas de contratación de la sanidad pública valenciana, y con mayores garantías para los trabajadores y trabajadoras.

Lo que cobran las concesiones por persona a atender, su población asignada, se calcula a partir del gasto de los departamentos de salud de gestión directa. Su margen de beneficio se construye en base a recortes en inversiones, personal y medios disponibles para atender a la población. Esto es lo que llaman eficiencia, pero es simplemente pagar menos por una asistencia con menos recursos.

Por el contrario, las arcas públicas, dedican un sobrecoste al beneficio empresarial que no se modificó durante los años de recortes en la sanidad pública, en un formato de ingresos blindados. A esta ventaja financiera hay que sumar el progresivo desmantelamiento de las estructuras de control y supervisión publicas de estos contratos y centros privatizados. La administración debe contar con estructuras de supervisión para evitar los abusos de negocio de estas empresas buscando generar más ingresos; los costes de conflictividad; o los sobrecostes en los departamentos de salud vecinos ante los comportamientos basados en el negocio de atracción o selección de pacientes.

El modelo de concesión es un modelo de privatización fallido, arbitrario y desfasado; más aún después de que haya mostrado de forma sangrante todas sus deficiencias y carencias en este tiempo de pandemia. En sus 20 años de funcionamiento ha supuesto un sobrecoste y una rémora para el sistema sanitario público y en el que, en muchas ocasiones, la Comunidad Valenciana, se ha visto rehén de él. El final de este episodio judicial da fe de su hostilidad, disfuncionalidad e ineficiencia para las arcas públicas.

Con esta última sentencia del Tribunal Supremo estamos de enhorabuena; acredita en la más alta instancia que la de la reversión es una fórmula que funciona, es solvente, rigurosa y con seguridad jurídica. Revierte el negocio de las privatizaciones devolviendo a la ciudadanía la sanidad pública y la garantía de la salud como derecho.

Firma del Post:

Foro Ágora Salud

Forman el Foro Ágora Salud:

Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

Ilustra el blog:

Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.