El enorme protagonismo de los problemas sanitarios y humanos y el de los económicos y políticos más generales que ha provocado la Covid-19 está dejando en un segundo plano un drama que se avecina en España, aunque también en otros países de nuestro entorno. Me refiero al que se cierne sobre miles de negocios, sobre todo de pequeñas y medianas empresas o de empresarios individuales, que de momento están sobreviviendo pero que van a desaparecer sin remedio cuando, antes o después, se acaben las ayudas de Estado.

Los datos estadísticos son engañosos. Según los que proporciona la Seguridad Social, a finales de noviembre pasado había 31.000 empresas menos que enero de 2020. Un número elevado, sin duda, pero muy por debajo del que se habría registrado si muchas más no siguieran funcionando por pura inercia pero sin suficiente actividad ni ingresos, solo gracias a los avales, los ERTES o a la prórroga concedida por el gobierno para presentar obligatoriamente concursos de acreedores o de extinción cuando carecen de liquidez o son insolventes.

Las estimaciones del Banco de España son más preocupantes: una de cada cuatro empresas españolas estaría ya en quiebra técnica; cuatro de cada diez tendrían serios problemas de liquidez o insolvencia y no podrían hacer frente a sus costes financieros; la mitad (o casi tres cuartas partes en los sectores más afectados por la crisis) habrán cerrado 2020 con pérdidas; y entre un seis y un diez por ciento tendrían riesgo cierto de desaparecer. Una estimación esta última que incluso parece muy optimista considerando las anteriores.

Una encuesta europea reciente señalaba que sólo el 6% de las pequeñas y medianas empresas españolas había mejorado ingresos desde marzo pasado y que el 80% había empeorado su situación. Y, para que no nos dejemos llevar por el consuelo de los tontos creyendo que lo que nos pasa es mal de muchos, diré que el estudio indicaba también que nuestras pymes eran las que más problemas tenían para hacer frente a los alquileres, para mantener el empleo y las cadenas de suministro o para pagar los suministros de insumos esenciales en su respectiva actividad.

Los dirigentes empresariales, sobre todo en los sectores más afectados, piden continuamente ayudas y con más o menos dificultad o celeridad las están recibiendo por parte del Estado. Pero nos estamos engañando.

Para salvar a los miles de empresas españolas que se encuentran ahogadas, para que no se pierdan para siempre su patrimonio y el empleo que generan, no basta con mantenerlas vivas artificialmente, a base de ayudas y de incrementos de su deuda con los bancos, por muy rentable que sea para estos últimos seguir proporcionándole cada día nueva financiación, sabiendo que siempre los salva el Estado cuando prestan por encima de sus posibilidades.

La razón de por qué nos estamos engañando es muy sencilla. La Covid-19 no está provocando tan solo una interrupción en la actividad, no es un simple accidente en mitad de la carretera que nos obliga a detenernos durante un rato más o menos largo. Además de eso, que ya es mucho, la pandemia que vivimos ha reescrito las reglas y los procesos que mueven la economía de todos los países sin excepción. La de 2022 será muy diferente a la que había a finales de 2019 y quien se limite a esperar que se recobre la actividad anterior se estrellará sin remedio contra la realidad.

Incluso la reactivación tras el confinamiento ha causado problemas a las empresas que se han beneficiado de ella. Se ha producido una avalancha de lo que se están llamando “compras de venganza”, es decir, como desquite por el sufrimiento que se ha pasado en los meses anteriores o para dar salida al ahorro acumulado. Producen un incremento muy grande en el consumo, en las ventas o en el empleo pero de forma tan acelerada y desproporcionada que han llegado a colapsar incluso a muchas grandes empresas porque en la normalidad anterior no estaban acostumbradas ni tenían medios de cambiar de escala en tan gran medida y a tan gran velocidad como se ha hecho necesario para aprovecharse del repunte.

Se está empezando ya a producir y seguirá cada vez con más fuerza, un incremento extraordinario de la productividad en casi todos los sectores que va a alterar las estrategias de competitividad y de posicionamiento en los mercados. Pero sólo se podrá disfrutar de la mayor productividad si se innovan los procesos, si se cambia la organización y si los recursos se utilizan de otro modo. No va a bastar, ni mucho menos, con la continua intensificación del tiempo de trabajo a la que viene recurriendo la empresa española gracias a la gran asimetría en el poder de negociación que consolidaron las últimas reformas laborales. Y el parasitismo tecnológico propio de la gran mayoría de nuestras empresas ya no será una vía de escape sino una autopista que llevará directamente a la extinción.

Los estudios que se vienen realizando muestran también que se están produciendo cambios en los comportamientos de los consumidores que cada día que pasa tienden a consolidarse con más fuerza como estructurales y no como simples respuestas momentáneas a la pandemia. Y en España deberíamos tener muy presente que se constata, además, que los cambios que tienden a consolidarse son mucho más fuertes y visibles en actividades de servicios personales, restauración u hostelería, es decir, en las que tienen mucho peso, como es bien sabido, en nuestra economía.

La Covid-19 trae consigo también una auténtica “bio-revolución” que algunos estudios señalan que va a modificar las formas y los procesos de producción y utilización del 60% de los insumos productivos. Y cada día se da más por sentado en los informes prospectivos que la “economía sin contacto” ha llegado para quedarse y no sólo en algunos sectores específicos de consumo social sino en el conjunto de las actividades económicas. O que a partir de ahora se va a primar la seguridad en los aprovisionamientos frente al ahorro de costes de la globalización.

A estos cambios directamente provocados por la pandemia hay que unir los que ya se habían ido abriendo paso en los años anteriores: la nueva revolución tecnológica, los que vienen de la mano de la digitalización, la automatización a gran escala o el big data, las nuevas formas de financiación y medios de pago… Y, por último, quizá el más sutil de todos ellos pero posiblemente el más determinante del comportamiento empresarial: la certeza de que entramos en una fase histórica en la que la excepcionalidad y lo extraordinario van a ser lo normal y, por tanto, en la que el peligro más grande al que se enfrentan los negocios es el derivado del conservadurismo, la inflexibilidad, la inercia y la uniformidad o especialización a ultranza.

En este panorama, me parece que el futuro de las empresas españolas es muy negro porque están cometiendo tres errores muy graves.

El primero es el de no haberse dado cuenta de que la prioridad debía haber sido desde el principio combatir la pandemia. Todos los estudios están demostrando que la adversidad para las empresas crece proporcionalmente al número de muertes y contagios y en la misma medida en que empeora la experiencia personal de la gente, es decir, cuanto más se alarga en el tiempo la pandemia. La inmensa mayoría de las empresas españolas y sus dirigentes han vuelto a caer en lo que Paul Samuelson, el economista más reconocido de la segunda mitad del siglo pasado, llamaba “la falacia de la composición”: creer que lo que es bueno para cada una de ellas es lo mejor para todas. Una falacia que lleva a promover políticas generales (como las de supeditar la lucha contra la pandemia al salvamento de la economía) que al final hunden a casi todos.

Si se quiere salvar a la empresa española, lo prioritario debe ser atajar cuanto antes y a cualquier precio la pandemia y mantener vivas a las empresas por cualquier medio pero solo a cambio de que se reinventen con planes de readaptación a una situación posterior que no va a tener mucho que ver con la que tenían antes de la Covid-19. Es una obviedad: las empresas que más ayudas necesitan son las de actividades más afectadas pero, precisamente por eso, las que más han de cambiar si no quieren desaparecer automáticamente a poco que la pandemia vaya desvaneciéndose.

El segundo error que lastra el futuro de la inmensa mayoría de las empresas españolas es el de haber asumido como suya la estrategia de las grandes empresas que disponen de clientelas y mercados cautivos y, sobre todo, de lo que realmente marca las diferencias en el mundo de los negocios: el poder, la influencia política y mediática. Su posición dominante les permite obtener beneficios extraordinarios en cualquiera que sea la situación de los mercados, y más concretamente en uno interno deprimido en donde una menor masa salarial global significa menos coste pero no menos ventas. Sin embargo, la inmensa mayoría de las empresas españolas que no disponen del poder de negociación y decisión ni de la influencia de las muy grandes, las que no tienen cautiva a una parte sustancial del mercado, necesitarían, por el contrario, una estrategia de fortalecimiento del mercado interno, aumentar “la tarta”. Para ellas, a diferencia de lo que ocurre con las grandes y aunque no sepan a veces reconocerlo, menos masa salarial supone menos ventas y menor empuje e incentivo para innovar y, por tanto, peores condiciones de existencia y la necesidad de salir adelante atándose ellas mismas la soga al cuello, es decir, bajando aún más los salarios y renunciando a los incrementos de productividad.

El tercer error que hipoteca a las empresas españolas es el de creerse las tonterías que dicen los economistas de mayor influencia que proclaman la inutilidad del Estado y defienden su jibarización continuada, algo que solo beneficia justamente a las grandes empresas rentistas que promocionan y financian esos discursos.

En conclusión y por utilizar una expresión muy nuestra, si se quiere salvar a los miles de empresas que están en riesgo cierto de desaparecer en cuanto acabe el apoyo del Estado, se debería coger al toro por los cuernos. Hay que plantearse para qué sirve mantener artificialmente a las que con toda seguridad van a cerrar si no se reinventan con toda urgencia, tendrían que vincularse las ayudas que reciben a estrategias de readaptación sin escatimar recursos, incentivos y apoyos de todo tipo para que ese proceso se lleve a cabo de la forma más efectiva, más rápida y mejor posible.

En lugar de reclamar que el sector público dé pasos atrás, para que tan solo se beneficien de ello algunas grandes empresas oligopolistas, la inmensa mayoría de las empresas españolas tendrían que luchar por establecer un nuevo tipo de asociación público-privada que no puedo basarse en un Estado mínimo, por un lado, y en un oligopolio empresarial todopoderoso, por otro. El mejor clima para los negocios y el desarrollo de la actividad empresarial es el que fomenta el poder adquisitivo y no el que lo destruye, el que impulsa de verdad la competencia y combate la concentración del poder sobre el mercado, el que proporciona financiación sin crear empresas y hogares esclavos de la deuda, el que garantiza que el Estado proporcione los recursos y bienes públicos que los mercados no pueden proveer, y el que destina recursos suficientes para hacer frente a la incertidumbre, la excepcionalidad y la emergencia para que no solo puedan enfrentarlas con seguridad y éxito los más grandes y poderosos.

Lo que estamos viendo en las últimas semanas alrededor de la normativa que ya ha empezado a generar el gobierno para el reparto de los fondos para la reestructuración es lo mismo de siempre: toman posiciones de ventaja las grandes empresas de siempre, lo que equivale a decir el gran poder económico y financiero, pero no la inmensa mayoría de las empresas españolas, las más afectadas.

Las grandes que controlan los mercados e imponen sus privilegios e ineficiencias, no solo a los consumidores sino también al resto de las empresas, buscan la continuidad, la inercia, mantener las asimetrías e imperfección en los mercados, que no cambien el statu quo, que todo siga igual que siempre... Es decir, lo peor que puede pasarle en esta coyuntura a la gran mayoría de las empresas españolas y mucho más a las que han sido afectada en mayor medida por la pandemia.

O las empresas españolas siguen confiando en el paso que le marcan las más grandes que dominan las patronales y los foros y centros de decisión, creyendo con ingenuidad que se salvarán individualmente de la debacle que saben que se avecina para la generalidad, o hacen suya una estrategia diferente de refortalecimiento del mercado interno y de creación de nuevos tipos de negocios con la complicidad del sector público y de las clases trabajadoras y profesionales. Algo que solo puede ser posible en el marco de un nuevo contrato social que establezca nuevas condiciones de actividad y de reparto de los costes y beneficios, única forma de evitar la mediocridad o el fracaso seguro de la mayoría en la nueva era en la que ya estamos entrando.