Fernando Luengo, economista

Blog Otra economía: https://fernandoluengo.wordpress.com

@fluengoe

¿Existe un amplio consenso en torno a la necesidad de una rápida y enérgica intervención de los gobiernos en la economía a través del crecimiento del gasto público? Sí, se puede afirmar que en la actualidad se da ese consenso; se acepta que el Estado tiene que estar en el centro de la salida de la crisis económica y social desencadenada por la pandemia, que el proceso de acumulación capitalista ya estaba incubando.

Pero hay que aclarar antes de nada que en la necesidad de esa intervención convergen argumentos de naturaleza muy dispar, que reflejan asimismo intereses diversos: los grupos vulnerables de la sociedad que, ante el radical aumento de la exclusión y la desigualdad, desearían que los poderes públicos se comprometieran en el mantenimiento de unas condiciones de vida dignas; las empresas que han visto interrumpidas sus redes de suministro y se enfrentan a la brusca contracción de los mercados; los asalariados que han perdido o ven amenazados sus puestos de trabajo y reducidos sus ingresos; las personas que no pueden hacer frente a sus deudas y a los pagos de impuestos; y el conjunto de la ciudadanía, cuya salud depende del buen funcionamiento de la sanidad pública. En este contexto, destaca una paradoja. Los que hace poco exigían un Estado mínimo -eso sí, en su provecho-, los que eludían sus obligaciones tributarias, los que reciclaban sus beneficios y patrimonios en los paraísos fiscales hoy también claman por una decisiva intervención de los poderes públicos para dinamizar la actividad económica… con toda la desvergüenza y el cinismo del mundo, entran en la escena política exigiendo “qué hay de lo mío”.

Pero el consenso, en el que como acabamos de señalar se dan cita intereses ciertamente dispares, desaparece o al menos se debilita; es normal que así y no hay que ocultarlo. Esto sucede cuando se ponen sobre la mesa dos cuestiones cruciales: de dónde debe salir el dinero y en qué se debe emplear. En ambos casos, las izquierdas tienen que adoptar una posición clara, pues de ello depende su credibilidad.

En primer lugar, en esta situación de excepción, que sin duda alguna se prolongará en el tiempo y que posiblemente se agravará, es clave buscar fórmulas de financiación que apunten a los de arriba, a los poderosos, a los que concentran la mayor parte de la renta y la riqueza, a los que aprovechan las crisis para aumentar sus privilegios. Esta política en absoluto cierra el camino de la deuda del Estado que necesariamente tiene que crecer, pues son muy importantes los recursos que hay que movilizar. Pero sí introduce un imprescindible mecanismo de contrapeso, que, además de contribuir a que el endeudamiento de las administraciones públicas se mantenga en unos niveles razonables, consagra el principio de justicia fiscal, muchas veces invocado y siempre ignorado. No hay que olvidar al respecto que, desde hace décadas y especialmente desde la implosión financiera de 2008, el peso de los beneficios, del capital y de las rentas más elevadas en el conjunto de la carga impositiva de los Estados se ha reducido, aumentando el soportado por las clases populares.

En segundo lugar, reconstruir la economía existente y ceder a las presiones de los grupos económicos y las elites empresariales y financieras -que ya son muy intensas, tanto a escala comunitaria como entre nosotros- no puede ser la alternativa de las izquierdas. Es importante, en este sentido, que la recepción de dinero público esté sujeta a una estricta condicionalidad, la cual, por supuesto, nada tiene que ver con la que cercena derechos y socializa los costes en beneficio de las elites (la que, por ejemplo, aplican las instituciones comunitarias y que, se diga lo que se diga, estará muy presente en el fondo europeo que, recientemente, ha aprobado el Consejo Europeo).

Se trata más bien de asegurar que los recursos movilizados desde los poderes públicos, articulados en torno a un plan de emergencia, deben servir para poner las bases de otra economía y de otra sociedad, que protejan la vida de la ciudadanía y del planeta, y que garantice y amplíe derechos. Algunos ejemplos de esta otra condicionalidad son: limitar los sueldos de los ejecutivos, estar al corriente de las obligaciones tributarias, conservar el empleo y el salario, eliminar los dividendos a los accionistas, garantizar la igualdad de género, proteger la negociación colectiva, no operar en paraísos fiscales, depositar un plan de inversiones y de reestructuración ecoenergética y suprimir las horas extraordinarias.

Pretender que en estos ámbitos existe un consenso, o buscarlo al precio que sea, siempre con un ojo puesto en la calculadora electoral, supone lanzar una cortina de humo que impide clarificar las posiciones en disputa, que, lógicamente, defienden estrategias diferentes.

Resulta inquietante y descorazonador que el tema de la progresividad tributaria esté quedando, en la práctica, aparcado en la agenda de la izquierda institucional con el argumento de “más adelante” o “ahora no toca”, cuando, precisamente, su introducción es vital en este momento. Del mismo modo, la política de la “reconstrucción”, término que está cargado de intencionalidad pues expresa un punto y seguido en el estatus quo dominante, con su lógica del crecimiento como objetivo central, se impone sobre un planteamiento centrado en la equidad y la sostenibilidad, ventana de oportunidad que claramente se está cerrando.

Esta crisis no es una más en la historia del capitalismo. Supone una fractura histórica que define un nuevo terreno de juego, nuevas reglas del partido y reposicionamiento de los diferentes jugadores. Y en este nuevo escenario está siendo la comunidad de intereses corporativos y financieros quien, con todas sus contradicciones, están determinando en buena medida la hoja de ruta; y las izquierdas están perdiendo de nuevo una oportunidad para definir un proyecto propio y verdaderamente transformador, a la altura del enorme desafío que tenemos por delante, capaz de generar una mayoría social que lo respalde.