A primera vista, la situación militar, económica y social en Afganistán, siete años después de la invasión aliada con la que se vengó el 11-S, es catastrófica. Los talibanes, supuestamente derrotados en diciembre de 2001, vuelven a controlar gran parte del territorio del país y someten a las fuerzas de la OTAN a un hostigamiento constante. El Gobierno de Hamid Karzai, quien hasta hace poco era la niña de los ojos de Occidente, no sólo demuestra ser inoperante y corrupto, sino que últimamente amenaza con cambiar de bando y aliarse con Rusia.

EEUU se ve obligado a una escalada militar que comienza con el envío de 17.000 soldados más (a sumar a los 32.000 norteamericanos ya desplegados allí) justo cuando el Pentágono pierde su última base en Asia central, Manas en Kirguizistán, principal estación de reemplazo y avituallamiento de su contingente.

La nueva secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue muy prudente en su testimonio oral ante el Congreso, durante las audiencias para su confirmación, pero en su exposición escrita describió Afganistán como “un narco-Estado (…) plagado de incapacidad [gubernamental] y corrupción generalizada”. Y en un reciente artículo de The New York Times, se citaban “altos funcionarios de la Administración” del presidente Barack Obama para anunciar que Washington se plantea emprender una línea política mucho más dura con el régimen de Karzai, porque este es ahora considerado en la Casa Blanca como “un potencial impedimento para los objetivos estadounidenses” en Asia central.

Entre tanto, en el vecino Pakistán, el Gobierno de Islamabad, al que EEUU ha subvencionado con miles de millones de dólares y ha armado hasta los dientes para que le ayudara a destruir a los talibanes, acaba de rendirse ante la ofensiva integrista y ha autorizado la imposición de la sharia (ley islámica) en el valle de Swat. A cambio, implora el fin de los ataques del cabecilla talibán Maulana Fazlullah, a quien hace sólo un año acusaba del asesinato de Benazir Bhutto y juraba perseguir hasta el fin. Y eso que el actual presidente de Pakistán es precisamente Asif Ali Zardari, viudo de la primera mujer elegida para encabezar el Gobierno de un país musulmán.

En resumen, el resultado de siete años de intervención militar occidental en el Hindu Kush es desastroso. Aparte de haber sido inútil para capturar o matar al cerebro de la matanza del 11-S: el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, cuya organización nació de la mano de la CIA –cuando a esta sólo le importaba socavar el poder del Ejército Rojo en Afganistán– y se nutrió de los petrodólares saudíes.

Ahora, Obama ha prometido que acabará con Bin Laden, pero lo que verdaderamente está en juego en la región es el control y el acceso de las ingentes reservas de gas natural y petróleo en las repúblicas ex soviéticas de Asia central. Por eso Moscú ha multiplicado por diez lo que Washington pagaba a Kirguizistán por el uso de la base de Manas, para que el Gobierno de Bishkek expulse a las fuerzas estadounidenses del lugar.

En el Hindu Kush, se está librando un nuevo Gran Juego como el que disputaron allí los imperios británico y ruso durante todo el siglo XIX. Aunque esta vez es la potencia estadounidense la que trata de apoderarse de esa atalaya que engarza dos continentes y no sólo contra el renacido poderío ruso, sino también frente a la emergente China, que presiona desde la vecina Xinjiang.

Para EEUU, están cerradas las vías alternativas hacia Afganistán a través de China, de Rusia y de Irán (la más directa), así que la CIA maniobra ahora para abrir una nueva ruta: desde el puerto de Poti, en el mar Negro, a través de Georgia y Azerbaiyán, por Kazajstán y Uzbekistán, o directamente por Turkmenistán. Si lo lograse, sería una jugada maestra en el tablero del Hindu Kush y el Cáucaso, al sellar EEUU alianzas con todos esos países y poner en jaque a las organizaciones multinacionales de seguridad rivales de la OTAN que han creado Rusia (la CSTO) y China (la SCO).

Además, esa nueva vía no sería hoy una ruta de la seda, sino de

gasoductos y oleoductos.

21/2/2009