Acaba de finalizar el plazo para presentar la declaración del IRPF, pero no todos han cumplido con Hacienda. Y no, no hablamos de fraude fiscal. Ya sea por conciencia antimilitarista o por estar en desacuerdo con la utilización que hace el Estado del dinero que recauda de sus ciudadanos, cada vez son más los que optan por la desobediencia fiscal, una práctica que a su vez es la punta del iceberg de una forma de vivir fuera del sistema que gana adeptos.

Texto: David Losa. Ilustraciones: Atxe.

Desde la caída a los infiernos del gigante financiero estadounidense Lehman Brothers, en septiembre de 2008, la banca internacional ha recibido inyecciones de dinero público procedente de diferentes gobiernos por valor de 4,6 billones de dólares, cantidad suficiente para erradicar el hambre en el mundo 92 veces. Este vergonzoso dato forma parte de una investigación de Arcadi Oliveres, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la organización Justícia i Pau. Oliveres fue, hace 30 años, uno de los precursores de la primera iniciativa de desobediencia económica organizada en nuestro país. Decidió, en contra de la Ley, pero a favor de su conciencia, no contribuir con los gastos militares del Estado. Se hizo objetor fiscal. Hoy, por datos económicos como el de arriba, muchos ciudadanos han iniciado procesos de desobediencia que implican nuevas formas de utilizar el dinero.

Aquellos primeros objetores fiscales antimilitaristas de los años 80 abrieron un nuevo camino para el ciudadano honrado. No se trataba de engañar a Hacienda para quedarse con el dinero. El contribuyente desafiaba al recaudador y ponía en duda la legitimidad de sus gastos por considerarlos inmorales. Ante la falta de ética del Estado, el ciudadano de bien, argumentaban, no tenía por qué cumplir con él. “La gente tiene miedo a desobedecer, pero si nadie lo hubiera hecho nunca aún habría esclavos por las calles y los negros irían de pie en el autobús”, comenta Oliveres a Números Rojos. El profesor pone como modelo a los insumisos que se negaron a hacer el servicio militar obligatorio en los años 70 y 80: “Por no querer ir a la mili año y medio los mandaban a la cárcel tres años, incluso a penales del Sahara. No tenían miedo, por eso fueron tan importantes”. Aquella lucha se ganó –el Servicio Militar Obligatorio fue abolido en España el 31 de diciembre de 2001–, aunque la objeción fiscal al gasto militar, que comenzó a practicarse en 1982, sigue siendo considerada legalmente como un fraude.

CALCULANDO LA RETENCIÓN

Sea como fuere, antes de presentar la declaración el objetor ya ha hecho efectivo el pago de esa cantidad que no acepta como legítima del gasto del Estado en una institución con fines sociales –la que quiera el objetor, aunque existen listas de organizaciones colaboradoras–. Por supuesto, los motivos de la objeción se especifican en la propia declaración, y además se comunica a la Agencia Tributaria en el momento de entregarla. Pero, ¿qué sucede luego? “si sale negativa tú le reclamas a Hacienda una cantidad, que esta no te devuelve, y ahí generalmente se acaba todo. Pero cuando es positiva tú dejas de pagar una parte. En ese caso puede que no pase nada –según Ecologistas en Acción en el 90% de los casos la incidencia ni se detecta– pero puede que Hacienda te persiga y acabe embargándote no solo por la cantidad que has dejado de pagar, sino también por la sanción administrativa”, confiesa Oliveres.

Con excepciones, ya que en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una sentencia a favor del exdiputado del Parlamento de Cataluña Joan Surroca, quien en 1998 descontó de la cantidad que debía pagar a Hacienda el porcentaje correspondiente al gasto militar y cedió el dinero a una ONG que coopera con mujeres africanas. Hacienda le multó entonces con 54.896 pesetas (329 euros), una sanción que Surroca recurrió. Finalmente el TSJC le dio la razón al entender que el sancionado, al ingresar esa parte de la obligación tributaria en una ONG, no tenía intención de lucrarse. Una sentencia histórica, pero puntual.

Pero, ¿cuántos objetores fiscales pacifistas hay en España? Es difícil calcular –no todo el mundo que lo hace lo comunica– pero según las asociaciones y plataformas afines a este movimiento serían entre 1.000 y 2.000 personas al año, “la incidencia es muy estable, aunque con picos fuertes en épocas de conflictos bélicos donde España está involucrada, como la guerra de Irak”, explica Arcadi Oliveres. Por eso, en la campaña fiscal de 2003, se estima que al menos 5.000 personas se hicieron objetores fiscales. Hoy, la crisis no ha traído un aumento significativo de objetores antimilitaristas, “aunque deje datos tremendos, como que en 2011 el Estado gastó 1.300 millones de euros en la construcción de un avión de combate, el mismo dinero que se ahorró congelando las pensiones”.

DEL PACIFISMO A LA REBELIÓN

Como medida más importante de desobediencia, el manual instruye sobre la opción de realizar una insumisión fiscal parcial al IRPF, similar a la descrita por antimilitarismo, aunque incluyendo en sus retenciones partidas como la amortización de deuda pública, los intereses de la deuda, la monarquía, el Senado, las prisiones, la policía o la Iglesia, hasta un total cercano al 30% de los Presupuestos Generales del Estado. Los autores del manual dejan claro que la decisión sobre qué partidas descontar depende del propio contribuyente, aunque sugieren un estándar del 25% sobre el total la declaración.

OFICINAS DE DESOBEDIENCIA

Mientras tanto, y a la espera de hacer recuento de la campaña de IRPF recién finalizada, Derecho de Rebelión sigue fomentando otras iniciativas de desobediencia, como ciertos mecanismos de insumisión al IVA (en las declaraciones de autónomos, empresas o cooperativas), los alquileres sociales en red para personas desahuciadas (evitando o retrasando indefinidamente el desalojo) o la insolvencia voluntaria (como liberación para poder llevar a cabo diferentes acciones). El objetivo final sería una salida efectiva del sistema económico ‘oficial’ y la creación de nuevas formas de convivencia alternativas.

COOPERATIVAS INTEGRALES

El “Manual de desobediencia económica” apuesta por las llamadas cooperativas integrales, “una forma jurídica que permite construir un espacio de relaciones económicas autogestionadas entre los participantes, que está blindada contra los embargos privados o públicos y que minimiza de manera totalmente legal el pago de impuestos y seguridad social, todo protegiéndonos tanto como sea posible de la acción de la banca y del Estado”. Además, esa nueva forma de vida permite “ser insolventes y desempleadas como personas, según el sistema y el marco jurídico vigente, pero a la vez poder vivir con toda normalidad, trabajando y consumiendo de manera autogestionada, sin preocuparnos por los embargos de las deudas anteriores”. En definitiva, una desobediencia económica permanente, una evasión colectiva del sistema aferrándose a una estructura multisectorial autosuficiente, donde sus integrantes, implicados en menor o mayor medida, conviven y desarrollan sus actividades al margen del sistema. De hecho, los cooperativistas disponen de un sistema de servicios comunes, utilizan monedas 'libres' y recurren a cooperativas de autofinanciación social para obtener créditos sin intereses.

LA ESTAFA SOLIDARIA

En el momento en que los medios convencionales se hacían eco de su 'hazaña', Enric volaba a Sudamérica con 8.000 euros en el bolsillo. El resto lo había entregado, según explicaba en el mencionado artículo, a proyectos sociales de autogestión. Esta acción, calificada como de insumisión financiera o estafa solidaria, dio la vuelta al mundo, y la prensa bautizó a su protagonista como 'Robín de los Bancos'. Enric volvió para reivindicar la legitimidad de su acción y fue encarcelado entre marzo y septiembre de 2009. Finalmente salió en libertad, aunque con juicio penal pendiente que debía haberse celebrado el pasado mes de febrero. Enric no se presentó “porque no piensa que el sistema judicial esté legitimado para juzgarlo”, por lo que la Audiencia Provincial decretó el pasado 13 de marzo búsqueda, captura y prisión para él. El fiscal pide para él una condena de ocho años de cárcel, seis por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otros dos por insolvencia punible.

Mientras elude a la justicia, Durán continúa reivindicando la desobediencia: “cualquier acción de insumisión es un paso oportuno, y aunque en una primera oportunidad se pueda identificar como una acción aislada, es a partir de pequeñas acciones como vamos construyendo una estrategia con objetivos más a largo plazo”, aunque tiene claro que estos procesos son inicialmente marginales: “históricamente las acciones arriesgadas, si implican una responsabilidad individual, son tomadas solo por minorías comprometidas. La clave está en que esas minorías seamos capaces de organizarnos para influenciar más en las mayorías”.

DESOBEDECER DESDE EL SISTEMA

Otros ciudadanos disconformes con las relaciones económicas que impone el sistema, como el abogado, escritor y experto en temas de desobediencia José Luis Carretero, no entienden los procesos de insumisión económica como una “salida”: “hay que dar un paso hacia la desobediencia, pero no como alternativa a la confrontación. No se puede conseguir nada sin una confrontación efectiva de masas”. Carretero tiene sus reticencias sobre medidas como la insumisión fiscal, “tiene un recorrido muy limitado y testimonial. Entiendo estas dinámicas solo si se hacen en conjunto con otras acciones, como puede ser la ocupación de viviendas vacías, por ejemplo. A corto plazo, creo que hay que intentar buscar una alianza social entre diferentes sectores que estén dispuestos a hacer frente a los ataques de austeridad. A más largo plazo, habría que dar marcha atrás a los procesos de segmentación social que se han realizado en las últimas décadas. Pero desde las bases, no saliéndose del sistema”. Para Carretero, desde la irrupción del 15M, temas como la desobediencia han dejado de ser tabú: “los que hablábamos de estas cosas antes éramos marginales, te consideraban como un marciano. La mayoría veía al capitalismo como algo bueno, que te permitía tener una casa o un coche. Eso en cierta medida ha cambiado, aunque el problema sigue siendo que no ven una alternativa”.

Con menos teoría y más acciones concretas, las campañas de desobediencia económica del movimiento 'Yo no pago' han calado con fuerza en amplios sectores a través de las redes sociales, donde ya cuentan con unos 30.000 seguidores. Llamaron a la rebeldía en las autopistas de peaje catalanas y lograron que unas 60.000 personas, según Abertis, la empresa concesionaria, se negaran a pagar por utilizar la vía. Lograron movilizar, la pasada primavera, a cientos de usuarios en varias manifestaciones en Madrid contra el llamado “tarifazo” del transporte público, por el que la Comunidad subía los precios de los diferentes billetes una media del 11%. En otra acción denominada 'Yo no Repago', invocaron a los ciudadanos a no abonar el euro por receta en las comunidades donde se impuso –Cataluña y Madrid– antes de que fuese suspendido por el Tribunal Constitucional. Según el fundador de 'Yo no pago', Álex Corrons: “No solo creemos que es legítimo desobedecer las leyes que sean injustas, es que es nuestra obligación como ciudadanos responsables. Para Corrons, ya no basta con salir a la calle: “las manifestaciones las tienen controladas. Y si se les va de las manos sacan a 200 policías a dar palos y punto”.

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