Hay que depurar responsabilidades por el daño causado a Òscar Campos

Los representantes del "progresismo", el del Gobierno de coalición español, se presentan como parachoques efectivo frente al avance de la extrema derecha. Algunos hechos, sin embargo, ponen en cuestión esta hipotética cualidad. Las acciones de vigilancia sobre movimientos próximos al independentismo y de intromisión policial en la vida íntima de personas que participan en él resultan escandalosas, espantosas, deprimentes.

"Lo que me han hecho no tiene nombre, me han destrozado a mí y a mi familia". "Mi vida, en todos los sentidos, ha cambiado, para siempre".

Son palabras del activista de Girona elegido por fuerzas de seguridad del Estado como víctima de una operación de infiltración dentro de los movimientos sociales, culturales, antirracistas, antifascistas y del sindicalismo de la vivienda. Una misión de espionaje realizada a través de una agente de la policía española que, bajo una falsa identidad proporcionada por el ministerio del Interior, mantuvo una relación estable de pareja durante casi tres años con este activista, Òscar Campos. ¿Qué tipo de "progresismo" pueden exhibir los responsables políticos que han avalado y avalan esta intervención en la vida íntima de una persona conocida por su actividad solidaria en favor de los discriminados de nuestra sociedad?

La mayor parte de los cargos públicos y portavoces "progresistas", que usan y abusan de esta denominación, "progresismo", seguramente no tienen ni la menor idea de cómo se deciden las acciones de espionaje del Estado, pero una vez conocido y denunciado un hecho tan flagrante, después de otros tres casos, revelados por La Directa, ¿no tienen nada a decir? ¿Se pueden desentender de esta vulneración de derechos?

Su silencio ante el comportamiento injustificado, inhumano y cruel del ministerio de Interior resulta inexplicable. Los desacredita. Cuando los "progresistas" se comportan de este modo, cuando miran hacia otro lado, quien progresa de verdad es la ultraderecha. Ensanchan el camino a la reacción. Cuando el poder ejecutivo decide pasar por encima de los derechos elementales de los activistas sociales lo único que demuestra es un nivel de envilecimiento más que preocupante y un miedo extraordinario a la ciudadanía organizada, a la vida asociativa. Cuando la policía llega hasta el punto de meterse en los hogares y en las camas de gente que promueve la solidaridad, cuando atenta contra los derechos más básicos de las personas, ¿por qué lo hace? ¿En nombre de la seguridad de quién? ¿En beneficio de qué causa?

Quién planifica, prepara y ejecuta acciones como éstas, además de destrozar emocionalmente a sus víctimas, como es el caso de Òscar Campos, muestra un grado de crueldad descomunal, desorbitado. Sus responsables gubernamentales y los políticos que les apoyan, si callan, si no lo denuncian, si no exigen explicaciones y depuraciones de responsabilidades, dejan bien claro que su nivel de respeto por los derechos humanos es insignificante.

Independientemente de las acciones legales que se puedan llevar a cabo, las instituciones ya tendrían que haber dado explicaciones. Pero las personas que ocupan cargos o que los quieren ocupar, y que se reivindican como defensoras de las libertades, de la vida digna de la ciudadanía, tienen que manifestar claramente, en los actos públicos y en los medios de comunicación, que también resulta moralmente inaceptable este tipo de guerra sucia policial.