Que el juez Garzón pueda ser apartado de la carrera judicial por “intentar” investigar crímenes del franquismo es un ataque más a la democracia desde la Justicia, que debería ser garante del sistema. Cabe preguntarse la relación entre este proceso y la investigación a la que han sido sometidos altos cargos del Partido Popular por su relación directa con vergonzosos casos de corrupción, al amparo de Rajoy y Cospedal, que no han dudado en denunciar una conspiración política contra sus compañeros sin aportar la menor prueba. En lugar de escandalizarse por el contenido de las conversaciones telefónicas en las que se da cuenta del reparto del botín, estos próceres de la Patria cuestionan la legalidad de esas escuchas, se presentan como víctimas. El principal responsable de esa conspiración, si es que creen en ella, sería el juez instructor del caso Gürtel, que se llama Baltasar Garzón.

Le acusan de prevaricador por intentar investigar crímenes del franquismo. Los denunciantes, Manos Limpias, son herederos del régimen fascista que encarceló, torturó, secuestró, y asesinó a ciudadanos inocentes una vez terminada la guerra, bajo el manto de la legalidad vigente con la colaboración de jueces que dictaban sentencias en juicios sumarísimos donde se privaba del derecho a la defensa al acusado. Estos defensores de aquel régimen con la colaboración de algunos miembros de la Justicia quieren privar a los españoles del derecho a la Verdad. En nuestro Código Penal está vigente la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, aunque algunos que nos gobernarán definan aquellos tiempos como de “extraordinaria placidez”. Por eso hay que investigar.