España es un país de más de 143.000 ricos, según las últimas estadísticas (perdón a Dámaso Alonso por la descarga ilegal). Si se cruza ese dato con el de los contribuyentes que declaran ganar más de 700.000 euros, no salen ni 7.000, de modo que cada año desaparecen en este país unos 136.000 millonarios a efectos de Hacienda. No son cadáveres, como en el poema. No hacen falta más detectives sino más inspectores fiscales. Pero, sobre todo, es urgente una reforma tributaria en profundidad y sin demagogias. Recuperar el Impuesto sobre Patrimonio a dos meses de las elecciones puede interpretarse como medida electoralista, aunque sus críticos no expliquen por qué consideran despreciable el ingreso de mil millones por los grandes patrimonios a la vez que justifican el recorte de 80 millones en la educación pública madrileña. Las grandes fortunas españolas utilizan recursos legales o ilegales (sicav, fundaciones, bonificaciones, paraísos fiscales...) para minimizar o esquivar por completo su contribución a la caja común. Ya no se trata sólo de que paguen más los que más tienen, sino de que al menos paguen lo que les corresponde. No basta con el insuficiente y simbólico peaje al gran patrimonio. Hay que actuar con rigor y equidad sobre las rentas del capital, sobre el puro negocio financiero y sobre el fraude fiscal, en lugar de seguir cargando el sostenimiento del Estado del bienestar sobre las ya curvadas espaldas de los asalariados.