ANTONIO IZQUIERDO

La indecisión sobre si se ha de ilegalizar y expulsar a los inmigrantes legales que han perdido el empleo demuestra que en España domina una ideología negativa respecto a la inmigración. Significa que el que trabaja en aquello que no queremos hacer puede venir, pero que cuando pierde el empleo se convierte en una mercancía peligrosa, en una mano de obra desechable y con derechos reversibles.

Esa exhibición de cinismo social denota, además, una falsa conciencia de la realidad. Pues sabemos que la mayoría de los inmigrantes desempleados ni se van ni son expulsados. No hay medios para echarlos ni es rentable su salida. La mayoría van del paro al trabajo sumergido. Esa ideología es negativa, porque socava los cimientos de la democracia y defiende la preferencia nacional. Pensar que la Administración se dedique a fabricar irregulares denegándoles la renovación del permiso cuando pierden el empleo va contra la lógica democrática de la igualdad legal y de la integración social.

La ideología negativa y defensiva se evidencia en que la legalidad se supedita a la conservación del trabajo y a que no vengan otros. No hay legalidad sin empleo, ni regularización sin cerrojo exterior. La razón de fondo del debate rebasa, sin embargo, el impacto de la presente crisis económica y reside en una conciencia trágica de la emigración que es hegemónica en la mentalidad española. No se quiere repensar nuestra experiencia histórica, así que la idea dominante es que toda migración expresa pobreza y fracaso nacional.

¿Cuál es hoy el clima mental? La mitad de los encuestados cree que sólo se debe legalizar a los que tienen trabajo, un tercio piensa que el hecho de vivir aquí es razón suficiente y el resto quiere devolverlos al país de origen. Así que tenemos una franja significativa de españoles solidarios, una minoría de racistas y una mayoría que opta unas veces por la igualdad y otras por la discriminación. La política democrática tiene la misión de reducir el “racismo enlatado” y evitar que salga de las encuestas a la calle.

Los sondeos del CIS revelan que la “imaginación pública” (supera a las opiniones formadas. Los entrevistados multiplican por cinco la proporción registrada de inmigrantes extracomunitarios. Y creen que los foráneos reciben muchas más ayudas del Estado que los ancianos o los parados. El Gobierno debe ofrecer datos y valores para conformar una ideología positiva de la inmigración que evite la exageración y la mala comprensión de la realidad.

Tenemos la obligación moral de forjar un espíritu público que esté informado, científica e idealmente. Porque no se debilita la economía sumergida ilegalizando al trabajador ni se fortalece la democracia excluyendo al

desempleado. ¿Estamos dispuestos a ilegalizar y expulsar al cónyuge que pierde su empleo separándolo del que lo conserva? La articulación de un “orden migratorio” justo requiere defender la estabilidad legal de los inmigrantes desempleados, porque la “irregularidad a la carta” genera inestabilidad democrática y contribuye al desorden de los mercados de trabajo.

Antonio Izquierdo es Catedrático de Sociología