ANTONIO IZQUIERDO

La política de inmigración tiene que variar sus objetivos tanto si cambia el modelo productivo como si sólo se reforma. Hay que reemplazar cuántos por quiénes. En otras palabras, rebajar la preocupación por el número de inmigrantes e incrementar el interés por la cualificación de los mismos. Y en ese sentido, la acción pública debería perseguir unos buenos resultados a medio plazo en lugar de contentarse con cambiar el discurso según la coyuntura. Conviene plantearse seriamente la formación de los inmigrantes instalados, de sus hijos y los recursos educativos de los que vengan.

Los datos del Padrón Municipal y del Movimiento Natural de la Población durante 2008 son elocuentes porque muestran las dos caras de la moneda inmigratoria: siguen viniendo a pesar del intenso incremento del desempleo y se quedan pese a la contundencia de la crisis. La recesión económica ha desacelerado los flujos laboral y familiar, pero no los ha detenido, porque la dinámica migratoria adquiere cierta autonomía.

El depósito de inmigrantes ha crecido en 330.000 personas a lo largo del año. Ha aumentado menos que en cualquiera de los ocho años anteriores, pero es un saldo nada desdeñable y significativo. Unos llegan para probar suerte y otros con intención de quedarse. La mitad de los nuevos extranjeros empadronados proceden de la UE-27 y los latinoamericanos son los inmigrantes extracomunitarios que menos crecen. El resultado final son 5,6 millones de extranjeros, que representan el 12% de la población en la actualidad.

Los nacimientos de madre extranjera fueron 107.000 y suponen el 21% del total. Han aumentado los alumbramientos respecto del año anterior y si les sumamos los nacidos de padre extranjero es probable que el peso alcance el 24% y duplique la proporción de extranjeros en la población. Uno de cada cuatro nacidos extranjeros es de madre marroquí y corre mayor riesgo de exclusión. A este notorio aporte vital hay que añadir los más de 700.000 menores extranjeros que ya están en los colegios. Su fracaso escolar constituiría una pérdida de recursos y un problema social.

Lo cierto es que la maltrecha economía sigue atrayendo mano de obra y que aumentan también los nacidos de origen extranjero. De modo que la cuestión principal no es cuántos inmigrantes vienen o se van, sino cuál es el perfil educativo de los que acuden o se marchan. Desconocemos si los que están llegando son trabajadores poco calificados y si se van los más formados. Lo que proponemos es que el éxito escolar de los niños y el nivel de estudios de los que vengan han de ser el objetivo prioritario de la política de inmigración si no queremos que la exclusión de los padres se trasmita generacionalmente.

Una economía más productiva y sostenible es tarea de generaciones. Exige reconocer y reforzar la formación de los trabajadores extranjeros que ya están aquí y volcarse en la educación de sus hijos, pero también requiere atraer más inmigrantes cualificados. La conclusión es que los objetivos cualitativos han de prevalecer sobre los cuantitativos en la regulación de los flujos laborales venideros.

Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología