Podemos vestirlo de Prada, pero lo que el Gobierno ha conseguido en su maratón negociador sobre pensiones es que los sindicatos acepten que la edad legal de jubilación se retrase a los 67 años y que su cuantía se reduzca considerablemente. La inmensa mayoría seguirá jubilándose como lo hace ahora pero cobrando menos, por mucho que se haya introducido la excepción para aquellos raros especímenes que puedan acreditar 38,5 años de cotización, a los que se permitirá recibir la pensión íntegra a los 65 años. A esto en pintura se le llama trampantojo.

Estamos ante un artificio, ya que en un país que tiene al 20% de su población activa en paro el reto de trabajar ininterrumpidamente desde los 26 años para alcanzar la meta de la jubilación a los 65 es sencillamente una quimera. No lo conseguirán los menos preparados, cuyas vidas laborales suelen asemejarse a dientes de sierra, y menos aún quienes retrasan su incorporación al mercado de trabajo para completar sus estudios con doctorados o másteres, aunque computen por un máximo de dos años a efectos de cotización los períodos transcurridos como becarios.

No se ha sido sincero con la reforma. Retrasar la edad de jubilación no implica que se trabajen más años para sostener el sistema, y la prueba es que se arbitrarán otras excepciones para aquellos oficios considerados penosos. Lo que se consigue al endurecer los requisitos para cobrar la pensión máxima o aplazar dos años el derecho a la jubilación anticipada es demorar el acceso de los trabajadores a la nómina de la Seguridad Social y, paralelamente, recortar sus prestaciones. Los que prolonguen su actividad hasta los 67 años o más allá serán los mismos que lo hacen ahora, fundamentalmente profesionales dedicados actividades liberales. Nadie trabajará más tiempo en un mercado laboral que expulsa por norma a los mayores de 50 años y cuya tasa de paro entre los menores de 24 años ronda el 45%.

¿Que qué han hecho los sindicatos? Pues lo que han podido, dada su increíble fuerza menguante. Muchos de los que les criticarán por el pacto jamás secundarían sus acciones de protesta. Las centrales se han ahorrado una huelga general a la que temían más que el Gobierno y, por lo que parece, han conseguido mantener la ultraactividad de los convenios colectivos. Es lo que hay.