La judicialización antidemocrática de la política

Emir Sader

Tan significativos son los hechos que criminalizan los actos del gobierno, como las acusaciones a los grandes líderes latino americanos, Lula y Cristina, por una supuesta relación con casos de corrupción para intentar implantar la idea de que todos los políticos son corruptos.

En el caso de Cristina, se intenta transformar en un caso judicial la política que cambiaría su gobierno, que puede ser discutida como política de gobierno, pero nunca criminalizada. Para hacerlo, se intentar implantar la idea de que esa política habría traído ventajas financieras para la ex-presidenta y para su ex-ministro de economía. Se trata de ir acumulando sospechas que, aunque sin fundamento, vayan generando niveles de rechazo de grandes lideres populares para intentar ponerle techo a su popularidad e ir generando un imagen relacionada con irregularidades.

En el caso de Lula pasa algo igual. Como no han encontrado ninguna prueba de algún tipo que lo involucre con la corrupción y su popularidad no deja de crecer buscan condenarlo, no con pruebas como confiesan que no tienen, sino por “convicciones”, como si estas pudieran fundamentar alguna condena judicial. En contra de Lula se agregan políticas de su gobierno, de promoción de los intereses e empresas brasileñas, con financiamientos públicos y con promoción internacional de esas empresas. Como no pueden concebir que Lula lo haya hecho por el interés del país, tratan de adjudicarlo alguna ventaja en cambio de esas promociones. Un departamento que Lula nunca compró, un sitio que nunca fue de su propiedad, algo que pudiera demostrar que Lula actuó en función de intereses personales – como suele ser el caso de los gobernantes de derecha.

Para confirmar esa forma antidemocrática de intentar excluir a pollitos de gran arraigo popular de la disputa electoral y de la vida política, quitando de manos del pueblo el derecho de decidir sobre sus destinos, en Colombia surge un caso similar. El ex-alcalde Bogotá, Gustavo Petros, candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales del país, es el blanco de un no menos espantoso proceso que intentar sacarle de la disputa electoral, ademas de llevarlo a la bancarrota personal, con multas de varias decenas de millones de dólares por una política de tarifas diferenciadas en trasporte urbano mientrad fue alcalde de la capital colombiana.

Se puede, como en los casos de Cristina y de Lula, discutir las políticas publicas de Petros, pero nunca criminalizarlas, menos todavía porque tiene un carácter claramente popular y democratizador.

La operación, ademas del intento de ataques personales a esos lideres, de criminalizar políticas de carácter publico, de judicializar programas de gobierno, de atacar a las acciones de Estados, considerando que prejudican los intereses del país. ¿Quién son esos que los acusan, quién los dio la representación democrática en el Estado de Derecho para intentar descalificar a gobiernos y políticas escogidas por el voto popular, por la vida democrática?

Es una nueva vía para intentar invisibilizar a gobiernos democráticos. Los tres casos, Cristina, Lula y Petros, representan asimismo las alternativas de izquierda en las próximas elecciones de Argentina, Brasil y Colombia, tres países fundamentales en la región. Argentina y Brasil fueron los ejes de los procesos de integración regional, que tanto incomodidad ha producido en la derecha de nuestros países, así como en los EEUU. Colombia tiene como alternativa de la derecha a Vargas Lleras o al candidato que lance Uribe. Petros aparece en segundo en las encuestas o incluso empatado en primero lugar.

La democracia parece que, cada vez más, ahoga a la derecha, la condena a la derrota. Sus políticas neoliberales se chocan no sólo con los intereses de la gran mayoría de la población, sino también con la misma democracia.

En Brasil un llamado Instituto Millenium ha llamo esta semana la atención sobre como las elecciones del 2018 ponen en riesgo las (contra) reformas que la derecha trata de poner en practica mediante un golpe y por medio de un gobierno que tiene el 2% de apoyo (en el margen de error, puede tener cero o menos que cero). El neoliberalismo choca frontalmente con la democracia y con los intereses de nuestros pueblos. De ahí que busquen, ahora de nueva forma, mediante la nacionalización de la política, defraudar a la democracia y a la voluntad popular.