Este lunes supimos que la justicia militar encerró a los derechos humanos y los apaleó una y otra vez sin piedad. Esta noche los responsables de tan enorme depravación duermen a pierna suelta. Como bebés.

Todo ocurrió en Irak, en 2004, en esa guerra que según Esperanza Aguirre no fue guerra y que si lo fue nosotros no estuvimos. Cosas de políticos. Aquella de las armas de destrucción masiva, la que costó la vida a más de un millón de personas por hacerles partícipes del gran invento europeo llamado democracia y, también, no lo olvidemos, para terminar de una vez por todas con lo que entonces nos dijeron que era un gran santuario del terrorismo.

Más de diez años después de la guerra que no fue descubrimos que nunca hubo armas de destrucción masiva, que Irak no es refugio de terroristas sino que parte de él es un estado terrorista y que la democracia es una utopía en este país.

En ese contexto, en 2013, conocimos un vídeo de militares españoles apaleando iraquíes. En el mismo se ve claramente que aquello no fue un acto esporádico. No se graba a hurtadillas ni se percibe miedo a que aparezca algún mando. No fue una travesura de cuatro amiguetes. Hay un oficial involucrado, hoy comandante, y cinco militares más, dos prisioneros y muchos golpes.

El fiscal y el juez, con su decisión, han pisoteado los derechos humanos y el derecho internacional con la connivencia, cuando no las presiones, de los altos mandos militares y el ministerio de Defensa. No olvidemos que sus puestos son de libre designación y en el caso de la fiscalía se trata de un cuerpo jerarquizado. Es decir, habría tenido consecuencias terribles para ellos si hubiesen hecho justicia.

El juicio

El argumento para cerrar el caso es que no se puede identificar a los culpables dado que el testigo, el legionario J.M. de los Ríos, se retractó de su declaración inicial. El fiscal pedía el sobreseimiento absoluto en una acción tan execrable con los derechos humanos como las patadas con los prisioneros, como el “¡Jo! A este se lo han cargado ya” que se oye durante la grabación. Pero una orden es una orden y este fiscal (y el juez) prefiere la infamia, el salario a fin de mes, las condecoraciones y los ascensos a la justicia. Cuestión de prioridades.

El testigo se retracta

Resulta que el único testigo, el mencionado legionario, sigue destinado en Ronda, en la Legión, y cualquiera con dos dedos de frente, militar o no, se puede imaginar el calvario que ha pasado hasta que ha desandado el camino de la confesión. No se le ha aplicado ningún programa de protección de testigos porque en el mundo militar semejante medida es inexistente, como en el mundo civil. Mucho querer cortar la corrupción pero ni PP ni PSOE plantean medidas que protejan a los denunciantes y testigos.

En este caso, ya no es solo que imaginemos las presiones a las que se tuvo que enfrentar el denunciante en su puesto de trabajo día tras día, es que están documentadas en el sumario. Al menos siete mandos presionaron al testigo entre el 27 y 28 de junio de 2014 según el propio legionario confesó.

Un capitán desaparece con el testigo durante dos horas

El mismo día 28 de junio de 2014, día que declaraba, el legionario llegó a a las dos de la tarde a la estación de Atocha donde le esperaba un capitán de la Legión que en lugar de llevarle al juzgado, que se encuentra al lado, le subió en su coche y por un supuesto error en el GPS se perdió con él durante dos horas. ¡Dos horas! En ese momento, la Guardia Civil ya le buscaba.

No contento con ello, este capitán irrumpió en el juzgado militar, tuvo un altercado con la secretaria judicial y la juez porque quería saber el teléfono del abogado de oficio del legionario para que este cambiase su asesoramiento legal a otro abogado, el cual entonces era coronel de la Legión en la reserva. Todo con total impunidad.

El legionario pide perdón por su confesión

A pesar de todo, el testigo confiesa pero al día siguiente tiene que volver a verse las caras con todos los militares, mandos y compañeros. Meses después, todavía en la Legión, no soporta la presión. “Siempre leal, mi capitán; que me he equivocado, he metido la pata [...] a la orden, yo no salgo ni a la calle, por miedo, por vergüenza y por todo, estoy totalmente avergonzado”.

En el mundo militar, ser sincero en un juzgado es "meter la pata". Conste que no tengo un solo reproche para el legionario sino todo lo contrario, demasiado ha hecho para lo que ha tenido que vivir.

Ascienden al capitán para cambiar de juez y juzgado

Pero hay más. Dado que la juez que instruye el caso, Patricia Moncada, es una juez íntegra que cumple con su trabajo con todo el acoso que ello conlleva, ascienden al capitán implicado a comandante. En ese momento, el caso pasa del juzgado territorial número 12 al juzgado central y... ¡Caso cerrado!

La justicia derrotada de nuevo

Es una gran derrota porque mantenemos como militares a unas personas deleznables, mandamos un mensaje de impunidad a nuestros militares que podría traer unas consecuencias terribles en el futuro, pisoteamos los derechos humanos y el derecho internacional, y porque toda esta porquería de proceso convierte a la justicia militar, a las Fuerzas Armadas y al ministerio de Defensa en un repugnante vertedero.

Reformas

Necesitamos de forma inmediata un protocolo de protección de testigos y denunciantes que incluya un cambio de destino a otro ministerio, protección de la identidad, mantenimiento del salario e, incluso, cobertura jurídica.

Formación en DD.HH. y derecho internacional

Es imprescindible que contemos con soldados profesionales permanentes que tengan unos salarios dignos porque un fusil no se le puede dar a cualquiera ni de cualquier forma. Una vez paguemos un salario digno y las condiciones laborales sean óptimas, tendremos que dotar (y exigir) a los militares, desde el primero hasta el último, de conocimientos extensos en derechos humanos, derecho internacional, geopolítica, geografía, historia y aquellas materias necesarias para que no se sientan desnudos ante cualquier orden que reciban.

Los soldados deben tener el suficiente conocimiento para saber si una orden es legítima o no y deben contar con las suficientes herramientas que aseguren que su incumplimiento no tendrá consecuencias fatales.

Eliminación de la justicia militar

Para ello es fundamental que la justicia militar desaparezca y todos los casos sean juzgados por la justicia ordinaria.

Cambio de la cultura militar

Mientras los legionarios piensen que es la publicidad la que mancha su honor y no los que cometen estos actos tan repugnantes, será muy difícil que consigamos terminar con este tipo de episodios. No se dan cuenta muchos de ellos que lo de lavar los trapos sucios en la cocina es lo que mayor daño hace a la Legión y a cualquier otra unidad, militar o no. Es imprescindible cambiar esta mentalidad tan anacrónica.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de las novelas "Código rojo" (2015) y "Un paso al frente" (2014).

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