ALFONSO EGEA DE HARO

Profesor de Ciencia Política

Preguntado por cuáles serían los próximos países llamados a convertirse en los principales mercados emergentes, Jim O’Neil, economista de Goldman Sachs y creador del término BRIC, apuntaba Egipto y Nigeria en una lista de hasta 11 sucesores. Los flujos de inversión directa en el continente africano pasaron de 10.000 millones de dólares en 2000 hasta los 50.000 en 2010. La crisis y el protagonismo de las potencias asiáticas en el continente africano le hacían figurar a este como la cuna de los próximo BRIC, cuando estalla-ron las revoluciones populares del norte de África. Entre los cinco primeros países receptores de inversión extranjera se situaban precisamente dos de los países que protagonizaron el estallido popular, Egipto y Túnez. Ni siquiera los inversores fueron capaces de predecir este cambio. En la inversión priman factores como la estabilidad política por encima de otros como la corrupción, la transparencia y, en definitiva, la democracia.

Se produce además la paradoja (por llamarlo de alguna manera) de que descontando los flujos de capital ilícitos que salen de África, estos países pasarían de ser deudores a acreedores de los países occidentales. Inmediatamente viene a la mente la corrupción y la transformación de la deuda pública de estos países en ingentes depósitos en bancos occidentales a manos de dirigentes recientes como Mobutu en Congo o Sani Abacha en Nigeria. Pero la corrupción representa sólo una parte de las causas de estos flujos ilícitos. El mayor porcentaje está representado por la evasión fiscal conseguida a través de la manipulación de los precios de transferencia entre compañías que forman parte del mismo grupo empresarial (Global Financial Integrity 2008). No se trata de otra historia sobre África. Se estima que hasta un 60% del comercio mundial tiene lugar hoy entre empresas del mismo grupo. La manipulación de los precios en estas operaciones genera enormes pérdidas en la capacidad fiscal de los estados, autocondenados a realizar ajustes estructurales. Esta “otra economía sumergida” ha llamado la atención de la Comisión Europea que, a estas alturas, debiera ya comprender que mientras unos presentan la economía en términos geográficos, sus reglas de funcionamiento afectan a la ciudadanía de cualquier país.