Luces en la pugna judicial entre ACS e Iberdrola

La auténtica pelea de gallos en que se han convertido las relaciones entre FLORENTINO PÉREZ e IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN no parece que vaya a tener un rápido desenlace. Desde que decidieron trasladar sus diferencias al ámbito judicial, es impredecible cuándo y cómo acabará un conflicto muy perturbador para sus respectivos grupos empresariales. Los tribunales, sin embargo, han proporcionado en los últimos días algunos indicios de por dónde pueden ir los tiros, aunque carecen de la fuerza resolutiva de una sentencia.

El Juzgado Mercantil número 1 de Bilbao, ante el que ACS tiene impugnada la negativa de la junta de Iberdrola a abrirle las puertas de su consejo, rechazó la semana pasada la suspensión cautelar del acuerdo. Pero lo más importante es que el auto anticipa que no hay razones suficientes para sostener que el conflicto de intereses esgrimido por la eléctrica sea tan “accesorio y puntual” como asegura ACS. Inicialmente, pues, en lo que constituye la almendra del asunto, el juez se inclina a favor de las tesis de Iberdrola, si bien los abogados de Florentino Pérez todavía tienen mucho tiempo por delante para hacerle cambiar de opinión.

Igual de sugerente es el primer pronunciamiento del Juzgado Mercantil número 1 de Madrid sobre las cuentas anuales de ACS correspondientes a 2009. Iberdrola las denunció por no reflejar fielmente la actual situación de la constructora y pidió también la adopción de medidas cautelares. Esa solicitud fue desestimada ayer mediante un auto que hace, de paso, una valoración preliminar de las supuestas irregularidades detectadas por Iberdrola y afirma que ACS, al poner cifras a su último ejercicio, cumplió “la apariencia de buen Derecho”.

Pese a todo, en el caso de que los dos jueces elevaran a definitivas estas apreciaciones provisionales, el pulso judicial entre Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán no quedaría en tablas. ACS necesita entrar en el consejo de una compañía de la que es primer accionista (12%) para apuntarse sus resultados, porque de lo contrario deberá subir su participación al 20% y eso cuesta hoy 2.200 millones de euros. La demanda de Iberdrola, en cambio, es una simple maniobra de distracción, con la que en realidad sólo pretende complicarle un poco más la vida a su adversario.