MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia

Hay muchas razones para desear que no instalen un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el patio trasero de tu casa. Por ejemplo, prefieres dedicar tu patio a cultivar flores. Así que, si estás en esa situación, es comprensible que prefieras que tus concejales no se apunten a la carrera por conseguir el ATC, por la misma razón que te opondrías a la instalación de una batería de aerogeneradores: no quieres que te alteren el entorno. Y si lo hacen, tienes derecho a negociar compensaciones. También puedes oponerte al almacén de residuos porque crees que es altamente peligroso, o simplemente porque eres antinuclear. Las tres opciones son legítimas, aunque la más racional es la primera (sopesar las compensaciones, con información adecuada). La segunda se basa en información, en mi opinión, errónea; y la tercera es inconsistente: si eres antinuclear deberías ayudar a resolver el problema del almacenamiento de residuos.

Estas reflexiones deben haber sido muy comunes entre los vecinos de los municipios que se han planteado presentar su candidatura para acoger el ATC. Todos los que han participado en el proceso merecen respeto. En esto España ha mejorado mucho. Durante años ha sido imposible dar una respuesta adecuada al problema del almacenamiento de los residuos de las centrales nucleares y en cambio ahora, por primera vez, se vislumbra una solución eficiente, segura y consensuada. Sin embargo, aún quedan rastros de irracionalidad en el proceso de decisión colectiva sobre estos temas.

En primer lugar, hay un conflicto entre la política de compensaciones económicas y la gestión correcta de la información científica para hacerla accesible a los ciudadanos. Ciertamente las compensaciones pueden ayudar a que se tomen decisiones con criterios racionales. Pero también contribuyen a complicar la situación. El argumento más obvio reza así: a falta de otra información, si las compensaciones son tan altas debe ser que el riesgo que se asume es muy serio. Sin embargo, esto no es cierto: la probabilidad de que el ATC cause la muerte de una persona por contaminación radiactiva es, sin duda, menor que la de que esa persona muera atropellada por un tractor agrícola. La importancia de las compensaciones no tiene nada que ver con la gravedad del riesgo real, sino con el riesgo imaginado, que es muy alto precisamente porque no se utiliza de forma adecuada la información científica relevante.

En segundo lugar, resulta impresentable la frivolidad con la que casi todas las fuerzas políticas han afrontado este proceso. Partidos que defienden la energía nuclear amenazan a sus ediles si participan en un concurso abierto que esos mismos partidos reclamaron que se pusiera en marcha. Presidentes de comunidad autónoma, relevantes personalidades del partido gobernante, que podrían alardear de estar contribuyendo a solventar un problema importante para toda España, aducen ahora cuotas de solidaridad territorial (solidaridad ¿frente a qué?) para escurrir el bulto.

Tenemos derecho a rechazar un ATC en nuestro patio trasero, pero por favor, que sea sin hipocresía, con buenas maneras, información adecuada y razones dignas.