Sólo desde la miseria moral se puede intentar sacar tajada política de un drama humano. Este axioma cobra más fuerza, si cabe, cuando el drama aún se encuentra en curso y su desenlace depende de la serenidad y la prudencia con que se afronte la situación. Es lo que sucede con el secuestro del atunero vasco Alakrana frente a las costas somalíes y la reacción del Partido Popular, que, desde el mismo instante del acto de piratería, no ha cesado de hostigar al Gobierno con acusaciones de “debilidad” o de “falta de previsión”.

La ofensiva continuó ayer, coincidiendo con los enredos jurídicos que se están suscitando a raíz de la detención, el 5 de octubre, de dos de los piratas y su puesta a disposición de la Justicia española. El PP critica que se haya traído a los dos secuestradores, por las dificultades que al parecer existen para juzgarlos y las consecuencias que pueda tener su detención para la integridad de los 36 secuestrados. Es cierto que el arresto entraña problemas, pero lo que hizo Defensa fue obedecer le requerimiento del juez de entregar a los capturados.

El PP también critica la supuesta falta de protección de los atuneros. Omite que España participa en el dispositivo de seguridad europeo Atalanta –ignorado irresponsablemente por el Alakrana– y que la ley española impide que militares participen en labores de protección a bordo de los atuneros. Lo que está estudiando el Gobierno, en consonancia con la Organización Marítima Internacional, es retocar la ley para que los armadores puedan contratar seguridad privada con dotación suficiente para repeler ataques.

Pero, con independencia de estos detalles, lo que debe hacer el PP, ahora, es callar. Sería su mejor aportación para lo que todos esperan: un final feliz del drama que llega hoy a su tercera semana.