El sorpresivo adelanto en seis meses de la segunda fase de la rebaja del IRPF, inicialmente anunciada para 2016, es una descarada maniobra electoral de Mariano Rajoy, por más que él, su Gobierno y su partido intenten convencernos de lo contrario. Una maniobra que, además, confirma el creciente nerviosismo del presidente por los adversos resultados de las encuestas, muy poco halagüeñas en general sobre la posibilidad de que repita en el cargo y mucho menos con la mayoría absoluta que disfruta desde noviembre de 2011.

Esta segunda fase de la rebaja del IRPF conllevará una merma de la recaudación del orden de los 1.500 millones de euros, siempre y cuando se extienda al tramo autonómico del impuesto, cosa sobre la que tienen mucho que decir las distintas comunidades. Las habrá dispuestas a seguir al Gobierno, pero es altamente improbable que se consiga el grado de coincidencia alcanzado en la primera fase, cuando el PP concentraba la mayor parte del poder regional que en buena medida perdió tras las elecciones de mayo.

No obstante, la decisión que tomen las autonomías es indiferente, hasta cierto punto, para lo que Rajoy pretendía con el anuncio del adelanto: demostrar que la economía va mucho mejor gracias a sus políticas y que hace honor a sus promesas en cuanto las circunstancias se lo permiten. O, lo que es lo mismo, trasladar a la opinión pública que tres años de sacrificios para todos y de incumplimientos por su parte han servido para algo y que, con él en el Gobierno, tenemos por delante un prometedor camino de rosas.

Si su argucia sirve a los fines que persigue es algo que sólo sabremos cuando se abran las urnas a final de año, aunque las rebajas de impuestos suelen ser muy populares, incluso si se trata de rebajas profundamente injustas como estas dos últimas. Para corroborarlo basta señalar que de dos contribuyentes, uno que gane 20.000 euros y otro que gane un millón, éste se va a ahorrar 175 veces más, pese a que la diferencia de ingresos es sólo de 1 a 50.

Un segundo efecto regresivo de la rebaja es la disminución de recursos públicos en un momento en que siguen existiendo colectivos necesitados de ayudas simplemente para sobrevivir. ¿Tiene sentido reducir impuestos cuando hay cada vez más parados sin prestación, más pensionistas que no pueden llegar a fin de mes y algunos servicios básicos (sanidad, educación, dependencia) todavía sufren las consecuencias de los recortes? Yo, francamente, creo que no.

Puedes seguirme en Twitter: @vicente_clavero

.