Nuestra derecha mediática goza de una capacidad de análisis que roza el infantilismo. Basta leer el titular de portada de hoy en La Razón, el periódico cloaquero de Planeta: El coste de los presupuestos: 2.000 millones a los socios. Se refieren, claro, a los márgenes de las cuentas públicas que se dedican a Euskadi y Catalunya. Los socios son los bilduetarras y los rufianes (no sé cómo no usan este chascarrillo fácil para referirse a los votantes y electos de ERC). Nos viene a decir La Razón que si uno quiere ser buen español, ha de dejar a Euskadi y Catalunya sin inversión, pasando hambre y sin luz, como hace el PP desde hace dos años en la Cañada Real madrileña. Lo demás son concesiones.

En su editorial, titulado muy patrióticamente La Guardia Civil no es moneda de cambio, el periódico de Planeta nos clarifica su idea de democracia: "Cabe preguntarse, aunque parezca ocioso, si es legítimo que las cuentas del Estado, el instrumento más importante en el desarrollo de la gestión de un país, se conviertan en un cajón de sastre o patio de Monipodio en el que se reparten los dineros públicos o se ajustan leyes variopintas sin otro criterio que el mayor o menor número de escaños parlamentarios que ostentan los demandantes".

O sea, que las inversiones no deben estar ligadas a los resultados electorales, al "mayor o menor número de escaños parlamentarios". Lo que dice el pueblo, como sugería Mario Vargas Llosa, suele estar equivocado. Y hay que repartir los dineros al margen de la democracia. A ver, señoros: unos presupuestos aprobados por 187 diputados de 350 son democráticos, aunque dediquen equis millones a repartir piruletas o satisfyers entre los presos etarras. El Congreso continúa siendo la voz del pueblo, por mucho que ciertos parlamentarios sigan empeñados en corromper y violentar esa voz. Por mucho que La Razón se empeñe en impugnar las mayorías con su puerilidad antivasca y anticatalana.

El resto de nuestros periódicos carpetovetónicos sigue la misma línea. En El Mundo se alarman de la supresión en Navarra de las competencias de tráfico a la Guardia Civil, una medida constitucional que refrendó José María Aznar hace unos veinte años. "La Guardia Civil dejará de vigilar el tráfico en Navarra --se escandaliza el periódico de Joaquín Manso--. Con ello el Gobierno resta competencias a aquellos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que fueron persistentemente amenazados y asesinados por ETA en la Comunidad foral mientras defendían las libertades de todos los ciudadanos".

Nos viene a decir este sesudo editorial que la manera de premiar a nuestros beneméritos, por haber muerto a los pies de ETA, es dejarlos poniendo multas por aparcar en doble fila en Navarra. He aquí la profundidad del debate. Calificarlo de naïf es darle rango de pensamiento, lo cual me parece excesivo.

Para ABC, quitar de poner multas a los guardias navarros supone "la entrega de un símbolo que el independentismo y el nacionalismo identifica como un instrumento represivo español a cambio de que Pedro Sánchez culmine la legislatura con el triunfo político que supone sacar adelante unos nuevos Presupuestos". La pregunta del millón: ¿después de estos presupuestos, Pedro Sánchez va a permitir a los etarras que ya no existen adelantar en carretera con línea continua? Pues parece que sí, a juzgar por las reacciones políticas y mediáticas de nuestra sacrosanta e incorruptible (de bolsillo para arriba) derecha.

Si hacer el ridículo da votos, como en el trumpismo o en el ayusismo, andaos con cuidado, que esta gente puede arrasar.