NÚRIA BOSCH

La situación financiera de los municipios está en una situación límite. A la caída de sus ingresos tributarios debida a la crisis económica hay que añadir la disminución de las transferencias procedentes del Estado. El próximo año recibirán 1.100 millones de euros menos de la transferencia que les hace el Estado en concepto de su participación en los impuestos estatales por la disminución habida en estos. Además, deben al Estado 2.500 millones de euros. La deuda se ha producido porque las entregas a cuenta de las transferencias estatales se basan en los ingresos impositivos del año anterior. En la liquidación definitiva se comparan las transferencias que corresponden a los municipios en base a lo realmente recaudado con las concedidas en las entregas a cuenta, resultando que estas últimas han sido superiores a las primeras.

En contrapartida, algunos municipios ya han reaccionado recortando algunos servicios públicos, y muchos otros dicen que deberán hacerlo pronto. Ello es especialmente grave en estos momentos en que la demanda de ciertos servicios –los de carácter social– se ha incrementado.

Ante esta situación, se oyen algunas voces que acusan a los gobiernos municipales de irresponsables. Les acusan de haber aumentado la provisión de servicios públicos, muchos de ellos sin ser de su competencia (la legislación vigente no los prevé como servicios municipales), ante el crecimiento de sus ingresos provenientes del boom inmobiliario, sin tener en cuenta que ello tenía carácter coyuntural.

En mi opinión, es un error calificar a los municipios de irresponsables, salvo seguramente algunas excepciones. Los problemas financieros que sufren hoy los municipios no son más que una consecuencia de no haber hecho a su debido tiempo una reforma profunda de la Administración local: de los aspectos competenciales, de la organización territorial y de la financiación.

A nivel local está pendiente una reforma competencial que reconozca parte de los servicios que ya están suministrando los municipios sin obligarles la ley y, en consecuencia, puedan recibir cobertura financiera por los mismos. Estos servicios no obligatorios los prestan porque, al ser las administraciones más próximas al ciudadano, se ven abocadas constantemente a dar respuesta a nuevas situaciones, como la inmigración, entre otras.

También está pendiente una reforma de la organización territorial que prime los entes supramunicipales. La cooperación municipal a través, por ejemplo, de mancomunidades, puede solucionar el problema de los pequeños municipios que muchas veces prestan los servicios a un coste mayor, porque no tienen la dimensión adecuada, o simplemente dejan de prestarlos. Por último, es necesaria y urgente, más que nunca, la reforma de la financiación local.

Es responsabilidad del Estado abordar las reformas anteriores, ya que los municipios tienen un papel fundamental en la prestación de servicios públicos y en el bienestar de los ciudadanos. La disminución de servicios tendría un impacto importante sobre la vida de los ciudadanos y la cohesión social del país que no se puede permitir.

Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública