Los españoles han soportado durante años la tiranía de las inmobiliarias y, ahora que vienen mal dadas, no quieren que el erario público les dé ni agua. Una clara mayoría es partidaria de que los quebrantos derivados de la crisis económica los afronten solitas, sin que medie paliativo alguno del Estado. Si no fueron capaces de contener su codicia cuando todo les salía a pedir de boca, ¿qué obligación hay de correr en su auxilio una vez que la burbuja se ha pinchado? Es tal la antipatía que despiertan, es tal el importe de la cuenta pendiente con ellas, que a muchos ciudadanos, con tal de saldarla, les trae completamente sin cuidado que se vayan por el sumidero decenas de miles de puestos de trabajo.

Ese razonamiento tan elemental no funciona, sin embargo, en el caso de los bancos. Los españoles, en general, no ven con malos ojos que se les ayude ahora que pueden necesitarlo, porque es ahí donde tienen sus ahorros. Como si los bancos no hubieran hecho su agosto cuando todo iba viento en popa. Como si no lo siguieran haciendo siempre que pueden. Como si, en atención a esa insospechada generosidad, fuesen a tener manga ancha con aquellos de sus clientes que por hache o por be no estén en condiciones de pagar lo que les deben.

El doble rasero que exhiben sin empacho los encuestados coincide con el del Gobierno, que es capaz de observar imperturbable cómo Martinsa Fadesa toma involuntariamente el camino del infierno dejando tras de sí un reguero de damnificados, pero no está dispuesto a tolerar que el temporal desatado en la economía –faltaría más– les roce ni un pelo a los bancos.

Entre el común de los mortales y entre quienes con sus decisiones contribuyen a que unos se hundan y otros se salven, parece haber calado la idea de que la vida no merece la pena sin un sistema financiero invulnerable. De que quienes tan cicateramente administran el dinero en beneficio propio son acreedores de una protección especial a pesar de todo. De que cualquiera cosa –justa o no– es admisible, menos que la banca salte.