Vaya por delante mi opinión de que, por regla general, quienes no estudian ni trabajan es porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Lo digo a propósito del último informe de la OCDE, conocido esta semana, que sitúa a España en el grupo de países desarrollados con más ninis, junto con Turquía, Grecia e Italia. Un 25,8% de nuestros jóvenes se encuentran en esa situación, y estoy plenamente convencido –insisto– de que la inmensa mayoría de ellos no estudian ni trabajan muy a su pesar. Porque no pueden, no porque no quieran.

¿Y por qué no pueden? Pues porque el mercado laboral sigue hecho un desastre, a pesar del empeño del Gobierno en que ha llegado la recuperación. Y porque el acceso a la educación superior se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos, sobre todo económicos, desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa hace cuatro años. Ya lo comenté en mi columna anterior, soy profesor universitario y he tenido la desgracia de comprobar cómo algunos alumnos míos se quedaban últimamente en la estacada, no por falta de capacidad, sino de medios.

El estado del mercado laboral lo conocen ustedes igual que yo. Después de todos los sacrificios que se nos han impuesto durante la crisis, la tasa de paro continúa enquistada en torno del 25%. Y, por culpa de las devastadoras reformas legales, tan del gusto de los empresarios, los trabajadores no hemos convertido en simples objetos de quita y pon. Una permanente e injustificada rotación en el empleo y el índice de temporalidad más alto de los países europeos son las consecuencias de esas reformas, de las que tardaremos mucho tiempo en reponernos.

En tal contexto, los jóvenes españoles ya saben lo que les espera, en el mejor de los casos: encadenar uno tras otro quién sabe cuántos contratos temporales y rezar para que algún día les toque disfrutar de la deseada estabilidad laboral. Eso o que las elecciones traigan un nuevo Gobierno dispuesto a darle la vuelta a la situación, como algunos partidos han prometido; aunque ya se sabe que del dicho al hecho siempre hay un trecho.

Si los jóvenes tienen ante sí una perspectiva laboral siniestra, la alternativa de dedicarse a adquirir una mayor formación es prácticamente inexistente para muchos de los que pertenecen a familias modestas. El PP, desde el Gobierno de la nación o desde los autonómicos, ha hecho cuanto estaba en su mano para ponerles difícil el acceso a la enseñanza superior, al bajar las becas y subir simultáneamente las tasas, so pretexto de la lucha contra el déficit público, sin importarle la injusta selección que eso suponía y las consecuencias sociales para el futuro.

Pero, claro, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que considera que en España haya “demasiados universitarios”, como aseguró no hace mucho el ministro de Educación? Cosa que, por otra parte, no responde a la verdad; al menos si nos comparamos con nuestro entorno. Según el informe de la OCDE aludido al principio, un 9% de los españoles entre 25 y 64 años tienen un título superior (licenciatura o grado), mientras que la media de los países desarrollados es del 16%. Salvo que lo quisiera decir Íñigo Méndez de Vigo es que hay demasiados universitarios porque quienes no pueden pagárselo no deberían tener derecho a serlo.

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