Los valores principales y la ideología de cada grupo político definen sus programas. Una opción de izquierdas, por ejemplo, tiene hoy la obligación de apostar por la defensa de los servicios públicos, el trabajo decente y el salario digno como ejes imprescindibles de la regeneración democrática.

Hay defensas que son el punto de partida de un avance meditado. Las estrategias contra el neoliberalismo son útiles cuando no se andan por las ramas y reconocen aquellos espacios del bien común que el neoliberalismo pretende desmantelar. Todo está unido en la trama de las privatizaciones, la brecha social y el empobrecimiento de las mayorías en favor de las élites. Las mayores amenazas en España contra la salud pública han sido las reformas laborales.

Cada programa responde a unos valores. Pero hay también tareas en común, compromisos que deberían asumirse a la vez por todos los partidos. Una de ellas es la lucha contra la corrupción. Leo que Consuelo Madrigal, la Fiscal General del Estado nombrada por el PP, ha pedido que dejen sus investigaciones algunos fiscales que estaban trabajando en causas abiertas contra aforados políticos. Prefiere que los fiscales jefes del Tribunal Supremo se hagan cargo de estos casos. Da miedo el movimiento. Todo se pudre allí donde la justicia pierde su independencia.

El juez Baltasar Garzón acaba de publicar El fango (Debate, 2015), un detallado estudio sobre la historia y las tramas de la corrupción en la política española. El lector se acostumbra a un vocabulario turbio: “Desgraciadamente, la acomodación, la dádiva, el ofrecimiento, la corruptela, la trapisonda, el vicariato, la adulación al poder y la sumisión más abyecta al halago y la prebenda siguen siendo actores importantes de nuestro devenir diario como pueblo”.

La corrupción ha formado parte del sistema político de la democracia española como una herencia más de las perpetuadas élites del franquismo. Por eso es tan desoladora esta afirmación tajante y real de Baltasar Garzón: “Hasta ahora la corrupción no ha sido combatida a fondo desde ningún sector, ni ha existido voluntad política de limpiar el fango que inunda las instituciones y muchos sectores de la sociedad española”. Los acuerdos oficiales y las promesas de transparencia han supuesto tan sólo pequeños ejercicios de maquillaje.

Es verdad que las políticas privatizadoras del PSOE y el PP, el festival de puertas giratorias y la organización partidista del Poder Judicial han sido campo abonado para la corrupción. Pero también es verdad que se puede ser partidario de la educación privada sin llevarse a Suiza o al bolsillo un millón de euros de comisión por cada colegio privado que se abre.

Se puede ser de derechas sin robar. Se puede ser de izquierdas sin robar. Incluso se puede decir sin robar que uno no es de derechas ni de izquierdas. La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de toda la sociedad y, desde luego, de todos los partidos políticos.

El primer paso para combatir la corrupción es dotar a la justicia de la independencia y los medios económicos que permitan llevar con solvencia sus investigaciones. Por eso da miedo que a estas alturas estemos en el juego de los aforamientos y de las decisiones preocupantes de la Fiscal General del Estado. La corrupción sistémica se ha llevado sorpresas serias con el trabajo honesto de algunos profesionales. Parece que la labor independiente da miedo en el Ministerio de Justicia.

Pero la situación es tan grave en España que ya no basta con la investigación penal. Resulta obligado consolidar un compromiso político real contra la corrupción. De ahí que el juez Baltasar Garzón, como integrante del Consejo Cívico que ha redactado el contrato social de Izquierda Unida para la Comunidad de Madrid, haya propuesto la creación de una Oficina Anticorrupción. Se trata de afianzar un ámbito cívico que vigile la gestión transparente y las buenas prácticas de las instituciones y de los partidos políticos.

La ciudadanía, los funcionarios, los militantes silenciados por sus propios partidos, deben contar con un espacio institucional para denunciar las malas prácticas, un espacio con capacidad de decisión al margen de los espectáculos mediáticos y las guerras internas.

Los partidos políticos que ganan unas elecciones consiguen el derecho a gobernar, no el privilegio de apoderarse para uso propio de las instituciones que representan el bien común. La Oficina Anticorrupción, configurada con mecanismos que aseguren su independencia, representará el acuerdo político de que las instituciones pertenecen a los ciudadanos.

Todos los partidos políticos deberían comprometerse en esta tarea. No hay legitimidad democrática sin transparencia. La honestidad personal está bien, pero la sociedad española necesita ámbitos públicos que conviertan la lucha contra la corrupción en algo más que una mentirosa operación de maquillaje.