JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO

Insistentemente, el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, ha criticado las medidas de rescate a las entidades financieras planteadas primero por Bush y posteriormente por Obama. La razón radica en la forma en que se han instrumentado mediante la compra de activos tóxicos y no a través de la recapitalización de los bancos. El plan de Geithner no es sustancialmente distinto al de Paulson. Detrás de ambos se encuentra el miedo que en la sociedad americana despierta la palabra nacionalización. Sin embargo, cualquier procedimiento que no la contemple no ataja el problema de raíz y permite la supervivencia indefinida de los bancos zombis, al tiempo que se prima a los accionistas y gestores responsables del desaguisado y perjudica a los

contribuyentes.

España tiene pendiente su particular plan de rescate, que se está demorando con respecto al de otros países. El retraso se debe quizás a la aparente falta de urgencia, al no contar nuestras entidades financieras con hipotecas subprime americanas en sus balances, lo que se explica no tanto por la bondad de la tutela del Banco de España sino porque, dado nuestro déficit de la balanza de pagos, los bancos españoles acudían a los mercados internacionales a endeudarse en lugar de a invertir.

No obstante, según avanza la crisis se va tomando conciencia de que muchas de las entidades financieras españolas pueden estar tocadas por sus propias hipotecas subprime, es decir, por créditos nacionales difíciles de recuperar. Moody’s acaba de rebajar la calificación a 30 de ellas. Nuestro sistema financiero no está operando con fluidez y constituye un embudo para la financiación de particulares y empresas y un elemento sustancial, por tanto, en el agravamiento de la crisis. Mientras no se saneen adecuadamente los bancos y las cajas, no se restablecerá la situación de normalidad en los créditos y será difícil salir de la

recesión.

Parece ser que el Gobierno prepara un decreto ley en el que se crea el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, encargado de sanear los bancos con dificultades. Por lo que se ha filtrado a la prensa, el diseño va en la buena dirección: capitalización de las entidades financieras mediante la adquisición de acciones, en el caso de los bancos, y de cuotas participativas en el de las cajas, pero en ambas instituciones asumiendo derechos políticos y, por lo tanto, capacidad de gestión. Es lo menos que pueden pedir los contribuyentes, que van a ser los paganos de los derroches anteriores. Lo que no se entiende es esa insistencia en afirmar que pasada la tormenta deben volver al sector privado.

El decreto ley deberá sortear también el escollo de la ley de cajas de ahorros, que cometió el error de asignar la tutela de estas a las comunidades autónomas. En la época de la globalización, y cuando uno de los graves problemas con que se ha encontrado la Unión Europea en esta crisis es que las entidades financieras sobrepasan los límites de los Estados y se carece de instituciones europeas capaces de controlarlas, en España nos empeñamos en trocear la realidad por

autonomías.

Juan Francisco Martín Seco es economista.