A lo largo de la historia, el Mediterráneo fue casi siempre una tumba. Ahora, es un nuevo mar muerto, una fosa colectiva en la que nadie es capaz de cifrar a ciencia cierta el número de cadáveres desde el Estrecho de Gibraltar a Lampedusa, desde los barcos chatarra a los camiones patera, como el que fue descubierto en Austria hace unos días, con setenta muertos a bordo.

Asistimos impasibles a la mayor crisis de refugiados que Europa vivía desde la Segunda Guerra Mundial. En otros lugares del planeta, no ha cesado esa larga marea histórica de fugitivos, desplazados, gente obligada a dejar sus hogares y sus países bajo la muerte armada. Ahora, desde Macedonia, Grecia, Serbia o Hungría hasta Italia y España, llaman a la puerta de la Unión Europea a miles, entremezclándose migrantes y gente que no reclama tanto un trabajo como un lugar donde reencontrarse con algo remotamente parecido a la paz. Son los refugiados, los solicitantes de asilo a los que la democrática Europa, con España a la cabeza, viene negando el pan y la sal desde hace mucho.

Mientras el ojo público de la actualidad sigue fijo en lo que ocurre frente a las costas de Libia o junto a la frontera Este, a las puertas de Melilla, donde empiezan a llegar sirios que milagrosamente empiezan a tramitar por vez primera una solicitud de refugio, sigue habiendo cientos de personas que, más allá de las redadas marroquíes del último febrero o de las declaraciones sensacionalistas de los ministros de un lado y otro del Estrecho, persisten en buscar un lugar al sol en el viejo paraíso del estado del bienestar, que empieza a desmoronarse.

El pasado jueves, Algeciras Acoge convocaba una manifestación exigiendo el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Tarifa, un viejo cuartel de la Isla de las Palomas, sin condiciones de habitabilidad y sin transparencia que permita denunciarlo. Tal que así ocurre en otro CIE andaluz, el de la antigua cárcel de La Piñera, en Algeciras, para el que la sociedad civil también exige la clausura. Se encuentra situado frente al barrio de El Saladillo, el lugar donde vivió durante un año el joven marroquí que aparece como presunto sospechoso de pertenecer al Estado Islámico, tras protagonizar un pintoresco asalto en solitario al tren que hacía la ruta entre los Países Bajos y París. En esa barriada, donde hace tiempo que reside el Cuarto Mundo, siguen viviendo sus padres. Esa circunstancia ha servido para un insólito despliegue mediático contra el que han tenido que alzarse todas las formaciones políticas locales, porque sencillamente ponía en peligro un ejemplo de convivencia en las estrecheces y en la economía sumergida, que ha costado mucho tiempo y esfuerzo consolidar.

Frente a ese panorama desolador, que delata una tragedia colectiva a las puertas de nuestros propios y confortables hogares, caben más preguntas que las que habitualmente formula ese populismo que está llenando Europa de escaños neofascistas. La pregunta no es si hay que abrir la fronteras, sino como hay que entreabrirlas y como habría que articular un modelo de flujos migratorios que realmente fuera eficaz. El actual sistema, estrictamente represivo y policíaco, ha demostrado su inutilidad: frente al argumento de la seguridad, está comprobado que la mayor parte de los atentados yihadistas han sido protagonizados por gente que tenía en regla sus papeles o que portaban documentos magistralmente falsificados; frente al del efecto llamada que condena al fracaso cualquier campaña de regularización, queda claro que millones de personas han seguido intentando llegar a Europa a pesar de que, desde hace años, se condenó por anatema la posibilidad de brindarles papeles. Ese dogma de fe provoca que siga habiendo una bolsa aproximada a doce millones de personas en la Unión Europea, sin tarjeta de residencia o de trabajo, que encuentra ocupación en el mercado negro, aunque en su mayoría no ejerzan acciones delictivas. A ese censo en B han ido incorporándose muchos migrante que se encontraban ya regularizados y que han perdido ese derecho al quedar en el desempleo.

Bajo tales pautas abundan las preguntas, pero también las respuestas, como las que propongo a renglón seguido.

¿Qué cuesta la atención sanitaria de los inmigrantes?

Cuando constituían el 12 por ciento de la población española, el costo de su atención apenas llegaba al 6 por ciento del total del presupuesto sanitario. Así que ambas proporciones habrán bajado a tenor de la tocata y fuga que han vivido y sufrido en los años de la crisis. Ahora que el Partido Popular da marcha atrás a la exclusión de los inmigrantes del sistema público de salud, el incombustible Xavier García Albiol, aprendiz de Le Pen, propone retirarles la tarjeta sanitaria en Cataluña. Otras voces en su partido siguen apostando por ficharlos, como si ponerse enfermo fuera una falta o un delito. Unos y otros pueden estar tranquilos. Según sucesivos informes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), emitidos desde 2008, la desproporción entre el uso de los servicios de Atención Primaria es de tal calibre que el 57,7% de la población española habría acudido al menos una vez al año a dichos servicios públicos, frente al 12,7% de la población inmigrante. El turismo sanitario tan sólo lo practican algunos residentes comunitarios y, por lo demás, tienen derecho a ello y suele compensarse su asistencia por parte de los estados de origen. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo, sólo un cuatro por ciento de los inmigrantes llegados a España aseguró que lo hacía por razones de salud. Nuestro sistema sanitario no se sustenta en las cotizaciones laborales sino en las aportaciones del Estado a través del pago de impuestos. Por lo tanto, también los inmigrantes sin papeles aportan dinero a dicho fondo común, cada vez que paguen el IVA o tasas e impuestos que no sean las del IRPF, que no pueden pagar como muchos de ellos quisieran, por la sencilla razón de que no tienen papeles, ni derechos ni deberes de esa índole. La exclusión sanitaria de los inmigrantes se produce en muy escasos países europeos, entre ellos, Eslovenia, Chipre o Polonia.

¿Cuántos migrantes aguardan en el norte de Africa?

Imposible saberlo. En todo el territorio marroquí, a partir de las redadas de febrero de este año, podríamos estar hablando quizá de diez mil personas, aunque apenas 4.000, de entre todas ellas, estén decididas a saltar la valla de Ceuta o de Melilla o a cruzar el Estrecho en las diminutas y peligrosas “toys”, las embarcaciones de juguete con que arriesgan su vida ahora los viejos espaldas mojadas. En junio, las autoridades europeas calculaban que 1.200.000 personas se encontraban agrupadas en la costa que media entre Tripoli y la frontera de Túnez. La crisis libia, fomentada por diversas potencias occidentales, se ha sumado a la de Siria o la emergencia del Estado Islámico y ha provocado miles de desplazamientos involuntarios. A todos ellos, habría que sumar quienes llevan a cabo una tocata y fuga azuzados por el hambre. Al menos, esos son los datos del Centro de Inteligencia y de Análisis de Riesgo de la Comisaría General de Extranjería de la Policía. El miedo a la invasión de los bárbaros, sin embargo, sigue alimentando los discursos políticos de la xenofobia, conculcando cualquier compromiso en materia de refugio y de asilo político. En lo que llevamos de año, 300.000 inmigrantes han arriesgado sus vidas en esa singladura: 200.000 han llegado a Grecia y otros 100.000 a Italia. Dicha cuantía ya supera la cifra total de 2014, que Naciones Unidas fijó en 219.000 para el conjunto del año. La Organización Mundial de Migraciones calcula que a finales de año, habrán cruzado a Europa alrededor de 800.000 viajeros sin salvoconducto, desde el norte de Africa. Frente a todo ello y a pesar de los brotes xenófobos de los discursos populistas, la presión migratoria sobre España ha disminuido brutalmente. Según cifras de la Agencia Europea de Control de Fronteras (FRONTEX), en los seis primeros meses de 2015, tan sólo habrían accedido irregularmente a España, por vía marítima o a través de Ceuta y Melilla, un total de 6843 personas. Casi el doble, eso sí, con respecto a los 3451 que fueron localizados en el mismo período del año pasado, en similares puntos de entrada, una geografía de las migraciones clandestinas que sigue excluyendo los aeropuertos internacionales de nuestro país.

¿Existen las mafias?

Existen, pero no siempre intervienen en todos los proyectos migratorios. O no intervienen en la totalidad del mismo sino en una parte: el cruce del desierto, en el caso de los subsaharianos, por ejemplo. O el flete de los barcos de la muerte desde las costas de Libia rumbo a Lampedusa, o el acarreo terrestre de los migrantes a bordo de camiones TIR. Para comprar una “toy” en cualquier tienda de Tánger, no hace falta un mafioso. Sobre todo por dos motivos: porque los candidatos a emigrar que llegan hasta allí no sólo son fuertes sino listos y porque contratar a un intermediario para una operación tan simple encarecería considerablemente el viaje. Cosa distinta es la participación puntual o regular de algunos navegantes con nociones de patroneo que ejercen como pilotos de las embarcaciones de mayor tamaño o como conductores de las motos náuticas desde las que arrojan a sus pasajeros al mar, mucho antes de llegar a la costa española. El cruce del Estrecho, si se recurre a una organización o a cualquier pasador independiente, oscila entre 1.000 y 3.500 euros, según las circunstancias de la navegación y de la seguridad y envergadura de la embarcación requerida. Ya no hay pateras, aunque se sigue utilizando este término popularizado en los años 90. Abundan todavía las gomas, las embarcaciones hinchables, aunque se buscan procedimientos alternativos para burlar los eficaces controles del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior en aguas del Estrecho. Por otra parte, de los 32.000 inmigrantes que llegaron a Canarias por vía marítima en 2006, a bordo de los célebres cayucos, se ha pasado a cifras que oscilan entre 200 y 300 personas en los últimos ejercicios. La clave se encuentra relacionada con la firma de convenios de colaboración con Senegal o Mauritania que, en la práctica, no sólo ha supuesto la puesta en marcha de programas de cooperación al desarrollo con presupuestos comunitarios del FRONTEX, sino la compra de voluntades políticas y de la sociedad civil.

¿Delitos contra los derechos de los extranjeros?

Así lo recoge la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuya reforma entrará en vigor en octubre. Su título XV Bis, habla de los “delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Es lo que se aplica a todos los inmigrantes que se captura en territorio español y que son devueltos ipso facto a Marruecos mediante un raro acuerdo verbal de 1992, que después pasó a reflejarse en negro sobre blanco. Su artículo 318 bis establece penas, por ejemplo, para el que “directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea”. Las condena, de entre cuatro a ocho años de prisión, aumentan de 5 a 10 “si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las personas”. Mucho más si se ejerce violencia física o psicológica, así como si el culpable pertenecería a una organización. El título XV también habla de los delitos contra los derechos de los trabajadores, pero pintorescamente no penaliza a las reformas que se han llevado a cabo en la última década y que han supuesto una clara merma de garantías sociales y una fuerte precarización del mercado laboral. Bajo esa denominación, su artículo 311 y 311 Bis fija penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses, entre otros supuestos, a quienes empleen a trabajadores sin contrato y quienes “de forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo”. El principal derecho de los trabajadores es precisamente el trabajo y millones de personas, día a día, demuestran en Europa que es posible ejercerlo sin permiso oficial. El artículo 312, eso sí, fija que “serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra”. O, en el artículo 313, se prometen similares penas para quien “determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante”. Tendríamos que preguntarnos, en este caso, por qué apenas hay empresarios sancionados por estos supuestos y la persecución de los mismos tan sólo perjudica habitualmente a sus víctimas.

¿Cuántas personas han muerto en el Mediterráneo?

Resulta imposible precisar la cifra de personas muertas en aguas del Mediterráneo desde que, en una playa de Tarifa, se localizó el primer cuerpo de un inmigrante muerto en otoño de 1988. ¿Miles, millones? En los últimos 27 años? En lo que llevamos de 2015, la Organización Internacional para las Migraciones calcula que han muerto alrededor de 2.400 personas. Bajo las aguas de Grecia y de Italia, claro, sin contar las nuestras. El viaje desde Libia a Italia es mucho más peligroso y este año han incluido tragedias como la vivida esta semana cuando dos barcos cargados con alrededor de 500 migrantes, se fueron a pique tras zarpar del litoral libio de Zuwara, el pasado 27 de agosto. ¿O qué decir de la tragedia vivida en Lampedusa el pasado 19 de abril con un coste estimado de 800 vidas? Pero a muchos de esos inmigrantes la muerte les persiguió tierra adentro. El infierno, a veces, no sólo es una fosa común. Hace unos días, cientos de inmigrantes se manifestaban en la ufana Milán de la Expo para reclamar mejores condiciones de vida, lejos de los precarios asentamientos en los que viven a diario.

¿Cuáles son las rutas de las migraciones hacia Europa?

La ruta clásica, la que conocíamos en el Estrecho, llevaba desde el sur del Sáhara –muy especialmente Nigeria, Senegal, Mauritania o Mali, pero también Congo o Ruanda—hacia Marruecos y Argelia, para llegar finalmente a las puertas de Ceuta y Melilla o embarcar desde Tánger y los ochenta kilómetros de costa que llevan hasta Larache. A los nómadas subsaharianos, se les sumaban los magrebíes, pero también muchos otros que se identificaban como palestinos y a menudo lo eran. Por no hablar de la ruta de la inmigración asiática que desde China o India también llegaba al Tarajal o al Monte Gurugú. Desde finales del siglo XX, se abrió otra puerta a la inmigración clandestina desde Libia a la isla de Lampedusa y Sicilia. Esa ruta disparó sus usuarios a partir de la crisis libia y siria, y aún sigue suponiendo el principal escape para la población civil estrangulada por los distintos combatientes. Ahora, se abre la ruta de los Balcanes, cuya estación término pretende ser Alemania y otros países del centro y norte de Europa. La ruta hacia Grecia se lleva a cabo fundamentalmente a través de las islas de Kos, Chios, Lesbos y Samos, en barcazas de madera. En esos lugares, la nacionalidad de los migrantes varía. Allí, estamos hablando fundamentalmente de sirios, pero también afganos o eritreos. Nigeria sigue exportando numerosos migrantes, pero también vuelve a hacerlo Kosovo. Muchos de ellos estarían en condiciones de solicitar refugio. ¿Hacia dónde quieren ir? Hacia Alemania, fundamentalmente. De entre el total de 800.000 que espera Europa, 3.000 cruzarán a diario en los próximos meses a través de Macedonia, según cálculos de Naciones Unidas. Los que crucen a través de Serbia, pretenderán alcanzar Hungría para poder acceder a la zona de libre circulación de Schengen; tan sólo durante el mes de junio, 34.000 migrantes utilizaron esta vía, por lo que las autoridades húngaras recurren a implantar el modelo de nuestras vallas: más 175 kilómetros para una verja que recordará sin duda a otros tiempos de muros berlineses, líneas maginot y telones de acero. Austria espera recibir alrededor de 80.000 solicitudes de asilo este año, por no hablar de la arriesgada incursión a través del Canal de la Mancha, desde Calais.

¿Qué hace Europa frente a los refugiados?

Por primera vez, parece afrontar la necesidad de otorgar el estatus de refugiados a más peticionarios de los que acostumbraba. En líneas generales, durante los últimos meses, la Unión Europea ha trabajado en dos líneas. Una, establecer una serie de cuotas para la distribución en los distintos países de buena parte de esos náufragos del conflicto de Libia y de Oriente Próximo: se trataría, al menos, de acoger a 40.000 sirios y eritreos en los dos próximos años, pero la respuesta de los diferentes gobiernos ha sido gélida. Finalmente, la cifra de admitidos temporalmente en nuestro paraíso alcanzaría a 32.500, pero nada se sabe de otros 20.000 que sería preciso trasladar a Europa y que permanecen en maltrechos campamentos de Naciones Unidas. ¿Son tantos como para que estén asaltando centros de refugiados en Alemania o los lideres británicos hablen de caos y de alteración del estatus europeo? Si se tiene en cuenta que Líbano, con poco más de cuatro millones de habitantes, acoge a 1.200.000 refugiados sirios, nadie en su sano juicio supondría que la llegada de estas personas podrían suponer un grave riesgo demográfico y laboral para los 740 millones de habitantes que tiene Europa. Si han llegado 200.000 migrantes este año, estaríamos hablando del 0,027 por ciento de la población europea. En abril, eso sí, se triplicaron los fondos del Frontex en 120 millones de euros, pero siguen existiendo escasos recursos para el rescate de embarcaciones en peligro, sobre todo después de que Italia abandonara la operación que emprendiera un año atrás cuando empezaron a multiplicarse los cadáveres junto a sus playas. ¿Unificar las políticas migratorias y de asilo? Hoy por hoy, sigue siendo un imposible por las peculiaridades de los 28 estados miembros y, lo que es terrible, muchas ONGs consideran que dicha unidad de criterios policiales y jurídicos incluso podría perjudicar a los migrantes, más que beneficiarles.

¿Cuál es nuestra política de asilo?

La del portazo. A escala europea, se recibieron 435.190 solicitudes de asilo en 2013, que crecieron hasta rozar 627.000 en 2014. En principio, el estatus de asilo supone que a quienes accedan al mismo se les debe garantizar el derecho a un trabajo a los nueve meses de su llegada. ¿Podrá afrontar ese reto la Europa de la austeridad y la España del paro? Parece que no. Cuando el hambre entre por la puerta, el humanitarismo escapa por la ventana. Según datos más o menos oficiales, el 62% de los migrantes que llegan a Europa durante los últimos meses no huyen del hambre o la miseria, sino de la guerra y las dictaduras de Afganistán, Siria, Eritrea, Darfur, Iraq, Somalia o Nigeria. Carne de asilo, no del lado oscuro de las leyes de extranjería, en un censo migratorio en donde se incrementa el número de orientales –especialmente pakistaníes—y disminuye el de africanos. Frente a ese dato, las solicitudes de asilo no resultan abrumadoras: 92.275 en Alemania durante 2014, frente a 68.500 en Francia, 39.905 en Suecia, 35.180 en Italia y 25.870 en el Reino Unido. Resulta curioso, tal y como subraya la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que nuestro país, en 30 años, ha recibido menos peticiones de asilo que Alemania el pasado año. ¿Por qué? Porque aquí se les suele dar carpetazo. De hecho, durante el pasado año, en España, sólo se tramitaron 5.900 peticiones de asilo, de las que apenas 1.500 recibieron una respuesta más o menos humanitaria. Por lo común, según CEAR, tan sólo recibimos el 0,9% de las solicitudes que se presentan en territorio europeo. Cuando hace unos meses, la Unión Europea solicitó que España asumiera la cuota de 4.000 refugiados, el Gobierno logró reducirla, y aún a regañadientes, hasta 1.400.

El retroceso español.-

Como en muchas otras materias que conciernen a los derechos civiles, el Gobierno del Partido Popular, desde 2011, ha supuesto un claro retroceso en materias que conciernen a migrantes y a solicitantes de refugio y asilo. Dicha marcha atrás no sólo conciernen a los presupuestos en materia de cooperación internacional, que empiezan lentísimamente a corregirse, sino a cuestiones mucho más perentorias como el trato dado por los cuerpos y fuerzas de seguridad a los migrantes o la regularización de procedimientos tan lejanos al derecho comunitario como las devoluciones en caliente. Hace poco se conocieron las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptadas el 20 de julio de 2015, sobre la aplicación en nuestro país del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras muchas asignaturas pendientes --interrupción voluntaria del embarazo, igualdad de trato, discriminación, situación de las cárceles, malos tratos y torturas policiales--, se hacía referencia explícita a los Centros de Internamiento de Extranjeros. En el texto, se recogía la siguiente sugerencia: “España debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar el uso recurrente de la detención de los solicitantes de asilo, y garantizar que la detención de los extranjeros sea siempre razonable, necesaria y proporcionada en vista de sus circunstancias individuales; que se recurra a la detención durante el período más breve que proceda y únicamente si se han examinado debidamente y considerado inapropiadas las alternativas existentes. Asimismo, debe tomar todas las medidas necesarias para que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables comparezcan ante la justicia”. Resulta esclarecedor que dicho Comité inste a España a “revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley n.º 4/2015 y garantizar que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados y a la protección frente a la devolución sin discriminación, y tengan acceso a un mecanismo independiente con autoridad para suspender las decisiones negativas”. Pero más escalofriante resulta constatar la existencia de “malos tratos y uso excesivo de la fuerza en las operaciones de expulsión de solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados”, aunque no siempre dentro del territorio nacional: “España –afirma el Comité-- debe adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que no se someta a los inmigrantes a malos tratos durante su deportación y expulsión. Además debe tomar las medidas necesarias para garantizar que autoridades extranjeras (Marruecos) no cometan violaciones de derechos humanos en territorio español, y que los policías y personal de fronteras reciban formación adecuada con respecto al uso de la fuerza en las interacciones con los inmigrantes, y asegurar que cualquier uso excesivo de la fuerza sea investigado y los responsables sancionados, cuando necesario. Asimismo, debe realizar una investigación completa y efectiva sobre los hechos en El Tarajal (Ceuta) y, si es necesario, enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación adecuada a las víctimas”. Se refiere, claro es, a la muerte de 19 inmigrantes que intentaban ganar la costa de Ceuta a comienzos de febrero de 2014 y que fueron repelidos con las armas por agentes de la Guardia Civil.

¿Pueden evitarse las devoluciones en caliente?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado ya una demanda sobre la legalidad de la política del actual gobierno del PP en la frontera Sur, planteada por el European Center for Constitutional and Human Rights, cuyo contenido subraya que quienes logran cruzar las alambradas de hasta seis metros de altura y la hostilidad que le muestran los cuerpos y fuerzas de seguridad de España y de Marruecos, suelen ser jóvenes de entre 15 y 21 años, a menudo malheridos o muertos en dicha encrucijada. La queja presentada se refiere al caso de dos hombres oriundos de Mali y Costa de Marfil y se basa en lo que se supone una práctica habitual de la policía española de expulsar de manera sumaria a refugiados y migrantes sin la posibilidad de solicitar protección jurídica o asilo: “Sería la primera vez que Estrasburgo decidiera sobre la situación en Melilla y, con ello, sobre la rígida política fronteriza de España. En su reacción respecto a la exigencia del juez de tomar declaración, el ministro del interior español Jorge Fernández Díaz justificó esta violación masiva del derecho, la cual, además, es, desde marzo de este año, la política oficial del gobierno”, afirman portavoces de dicha Ong El Tribunal no ha admitido, por infundada, la demanda planteada por malos tratos policiales, pero acepta considerar el caso en función de que el maliense N.D y N.T., de Costa de Marfil, aseguran que “las fuerzas de seguridad españolas los devolvieron a las fuerzas marroquíes sin identificarles ni ofrecerles intérprete o abogado, tal y como obligaba en ese momento la Ley de Extranjería. Las fuerzas marroquíes se los llevó primero en autobús a Nador y después a Fez junto a otras personas sin poder recurrir la expulsión colectiva, prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Dicha práctica ya sería legal en España, desde el último mes de abril, pero no cuando ambos interpusieron la denuncia a finales de 2014.

Nota del autor: Lenta vuelta de vacaciones. Un artículo demasiado largo para tan poco tiempo disponible. Quizá el viento arrastre la foto, en papel prensa, de dos niños rodeados de antidisturbios en la frontera de Macedonia.