Hay que reconocer que la Sanidad privada funciona como un reloj. Se preguntaba la gente qué papel estaban teniendo esos centros tan prestigiosos y carísimos en la contención del coronavirus y si, como en la caso de la red pública, se cernía sobre ellos el peligro de que sus servicios quedaran colapsados. Fue cuando nos enteramos de que algunos de sus clínicas y hospitales estaban cobrando entre 300 y 800 euros a quienes, llevados por la angustia, intentaban confirmar si estaban o no infectados, para luego, y en su caso, dirigirlos a la Sanidad pública. Era la prueba del nueve de una gestión excelsa: no solo no había problemas de saturación sino que se estaba sacando tajada de la pandemia, que ya se sabe que para que la salud sea un tesoro hay que llenar antes de monedas la cueva de Alí Babá.

Ante las primeras críticas y denuncias sobre el escándalo que supone que unas empresas que se alimentan pantagruélicamente de las derivaciones del sistema sanitario público hubieran convertido esta crisis en una oportunidad para seguir forrándose, su patronal, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), corrió a lavar su imagen con toneladas de desinfectante. Al parecer y según su presidente, Carlos Rus, que ni siquiera pudo aportar cifras detalladas de sus acciones, sus hospitales privados asociados “estarían atendiendo” por extrapolación a 200 casos positivos de coronavirus. Y, por supuesto, debía constar su “total involucración” con la atención asistencial de estos pacientes.

Los privados, ciudadanos de poca fe, están haciendo sacrificios. Dicen que han empezado a notar una disminución de sus intervenciones quirúrgicas para extirpar quistes sebáceos y en esas consultas ordinarias en las que luego pasas por caja al salir. La Clínica Universidad de Navarra, por ejemplo, ha colgado un cartel en el que anuncia la suspensión de las misas abiertas al público, que a partir de ahora se reservan para profesionales y pacientes. Su último mensaje es definitivo: “Gracias por ayudarnos a mantener este espacio libre de SARS CoV-2”. Impresionante.

No es admisible que se haga recaer sobre las espaldas de la Sanidad Pública la contención del coronavirus mientras los centros privados, engordados a golpe de talonario por las distintas administraciones, se ponen de perfil para la foto. Es una vergüenza que sus obligaciones ante esta emergencia, según reconocen, se limiten a informar de los casos positivos de los que tengan conocimiento a las autoridades y enviar las muestras al Centro Nacional de Microbiología. Si para contar con sus camas, sus unidades de cuidados intensivos y su nómina de médicos es necesaria la declaración del estado de alarma, ya se está tardando demasiado en imponerlo.

¿Dónde se esconden ahora esos neoliberales de pro que sostienen que el Estado es una antigualla y que su misión no es procurar salud sino dinero para que el mercado se ocupe, ya que la competencia entre operadores hará el resto? ¿Seguirán pensando que la Sanidad es otro de esos bienes de consumo cuya calidad y precio se determina mágicamente por la ley de la oferta y la demanda? ¿A qué dios blasfemarán cuando sus seguros privados les informen de que los bichitos que se convierten en epidemia no están dentro de sus coberturas?

Crisis como la actual revelan hasta qué punto la privatización de la Sanidad ha sido un fraude que, lejos de proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos, oculta un suculento negocio para cierta iniciativa privada que supedita el derecho a la salud a la lógica del beneficio, entre puertas giratorias por donde pasan los responsables políticos que hacen el trabajo sucio. ¿Sanidad privada? Por supuesto, siempre que no suponga detraer recursos a un sistema que, por cierto, se alimenta de esos tributos que algunos consideran abusivos mientras son atendidos de su fiebre y de sus toses en hospitales públicos. ¿Por qué han enmudecido ahora esas voces que hace unas semanas proponían agresivas bajadas de impuestos? ¿Dónde coño se han metido?