Pascual Maragall hace ya diez años le dijo a Artur Mas que su problema se llamaba 3%, en clara alusión al supuesto cobro de comisiones durante el gobierno de Jordi Pujol. En estos días, un ex concejal de Urbanismo de Palma de Mallorca, doblemente condenado a siete años por corrupción, sostiene que el Partido Popular Balear reclamaba comisiones a todas las empresas concesionarias de contratas. También en un registro, practicado recientemente a la Fundación de Convergencia Democrática de Cataluña, ha salido a la luz un folio donde muestra las comisiones, del 3%, en cinco obras que ayuntamientos catalanes de Convergencia adjudicaron a la empresa Teyco.

Ese 3% perpetuado en el tiempo revela el enorme grado de corrupción que impera en España. La corrupción se ha institucionalizado. La cultura del pillaje y la impunidad parece ser el modus operandi de los partidos que gobiernan. El año empezó con más de 150 casos de corrupción abiertos en los juzgados y con más de 2.000 imputados. Sin embargo, pasados ya nueve meses, la gente en la calle siente que la justicia no juzga por igual al ciudadano de a pie que al cargo político. Ante esta aparente impunidad algunos políticos suben en el escalafón de la corrupción e intentan seguir malversando o prevaricando aprobando leyes diseñadas para favorecer el interés particular

Aplicando una simple regla de tres veremos que hay una relación de linealidad en la mayoría de leyes que está aprobando el Partido Popular con una proporcionalidad inversa entre las pérdidas de las clases trabajadoras y las ganancias de las clases privilegiadas.

Como ejemplo, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como Ley de la Reforma Local y calificada por muchos como Ley del Expolio Rural. Se trata de una ley que prima el intervencionismo centralista y vertical frente a la autonomía municipal. Los campesinos y los pequeños municipios perderán soberanía y servicios de proximidad a favor de la privatización y el control de las diputaciones. Los ayuntamientos dejarán de ser instituciones autónomas locales, dándoles el poder a las Diputaciones. En esta Ley subyace la privatización de los servicios públicos municipales favoreciendo literalmente “la iniciativa económica privada” ajustándose, según refieren, a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135, o sea, priman el pago de la deuda sobre cualquier consideración política o social.

Los compañeros de Ahora Decide – Alternativa Socialista (AS) han rechazado, como primera medida, el control de la Tesorería de los ayuntamientos a funcionarios de las diputaciones provinciales alegando contradicción en el propio espíritu de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya que supone un gasto añadido para el que no existe contrapartida económica. Los ayuntamientos con esta medida se ven abocados al incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, con lo que más parece una medida encaminada a la desaparición de Entidades locales de escasa población, sin tener en cuenta que la mayor parte de ellos no tienen deudas, están económicamente saneados y son un ejemplo para otras Administraciones. Los zamoranos lo tienen claro, esta medida ni es racional ni es sostenible. Además de constituir un atentado a la autonomía local por trasladar el control de la Tesorería de los ayuntamientos a funcionarios de las Diputaciones Provinciales.

Nuestros pueblos constituyen la garantía de nuestra soberanía alimentaria, lo rural y lo urbano interactúan produciéndose un desdibujamiento de sus límites. Ante esta panorámica las “Jornadas de política municipal en el ámbito rural”, que se celebran este 26 de septiembre en Zamora, constituirán un lugar de encuentro y de debate. Zamora conocida como la “capital del Románico” posee la más amplia representación de arquitectura modernista de toda Castilla y León, esa increíble dualidad le proporciona su idoneidad.

Las jornadas contarán con una mesa divulgativa donde expondrán y compartirán sus experiencias municipales en el ámbito rural los Alcaldes de Roelos de Sayazo (Zamora) D. Manuel Hernández y de Almaraz de Duero (Zamora) D. José Martín, la ex Alcaldesa de Grafedes (León) Dña Ana Isabel Ferreras y el Delegado de Hacienda y Personal de Villa de Otura (Granada) D. Antonio Aranda.

Obtendremos información sobre la posibilidad de conseguir energía muy barata a través de la biomasa forestal. La ponencia estará a cargo del Ingeniero Forestal por la Universidad de Valladolid e impulsor de varios proyectos empresariales innovadores de Biomasa D. Jesús Fernández Boya. La biomasa es rentable para generar electricidad y podría crear entre 29 y 36 empleos por MW eléctrico instalado aportando 200 €/ha/año a los montes lo que además contribuiría a reducir el riesgo de incendios.

Contaremos con la presencia del ex Alcalde de Carcaboso (Cáceres) D. Alberto Cañedo bajo cuyo mandato el municipio fue premiado, por ser un municipio sostenible, con el CONAAMA. Será el encargado de la ponencia “Iniciativas agroecológicas impulsadas desde la administración local”.

También se tratará el tema del cooperativismo como alternativa social. En España el tejido corporativo de trabajo lo conforman más de 17.000 cooperativas, que integran más de 230.000 socios trabajadores y una facturación global que supera los 35.000 millones de euros. En las cooperativas de trabajo el 80% del empleo es indefinido y el 81% a jornada completa, las mujeres representan prácticamente el 50% del total de empleos y los jóvenes constituyen casi el 43%. Estudios recientes constatan que los municipios con una fuerte componente de actividad cooperativa son los que menos han sufrido el desempleo. El ponente será el Ingeniero Técnico Industrial, Máster en Evaluación de Impacto Ambiental, Gestión y Administración de Empresas y Consejero de FEAMSAL (Federación Andaluza de Sociedades Laborales), D. Leandro Piedra Muñoz.

Decía Miguel Delibes “si el cielo es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo”, no permitamos que caiga sobre nosotros esa aparente desamortización encubierta a través de ese mecanismo de apropiación de servicios y de territorios que quieren imponernos “legalmente”.