Opinión
Prostitución, un limbo legal que es negocio
Por Salomé García
El Tribunal Supremo dejó claro esta semana que lucrarse con el negocio de la prostitución ajena no implica la comisión de ningún delito. Es una sentencia inquietante, sólo tranquilizadora para los empresarios de clubes de alterne y para la mayoría de los propietarios de diarios de información general españoles, que ingresan cantidades nada despreciables cada año insertando varias páginas de esos anuncios hipócritamente denominados contactos.
El Ministerio de Igualdad figura entre quienes leemos el fallo del Alto Tribunal como un jarro de agua fría. Como un obstáculo más para alcanzar el objetivo de erradicar la explotación sexual contenido en el plan contra la trata de mujeres aprobado por el Gobierno hace seis meses.
Este periódico, el que están leyendo, es el único diario no gratuito de tirada nacional que, desde su fundación, renunció a los ingresos publicitarios de la prostitución, negándose a que sus páginas alberguen los lucrativos anuncios citados. La mayoría de esos anuncios, no nos engañemos, son el reclamo que une a 15 millones de clientes con las 400.000 prostitutas que se estima que ejercen contra su voluntad en España, es decir, forzadas por las mafias de trata de mujeres.
Los siguientes datos ayudan a situarse: si nos comparamos con Europa, comprobamos que los anuncios de prostitución en la prensa generalista de referencia son una triste excepción española; aquí, sólo Público y el gratuito 20 Minutos salen cada día sin invitaciones expresas al consumo de prostitución en sus páginas; el negocio de los contactos en prensa mueve cantidades millonarias en España (El País ingresa cinco millones anuales en ese concepto y las cabeceras del grupo Vocento –con ABC al frente–, diez millones de euros, según los datos recogidos en el informe de la subcomisión parlamentaria que estudió este problema en 2007). No es necesario recordar hasta qué punto ha hecho necesarios esos ingresos la actual crisis publicitaria.
Defiendo el derecho de cualquier persona a ganarse la vida como considere más oportuno o más viable. Y considero que en este, como en otros asuntos que afectan a la ética social, es preferible atender el problema que plantearse la posibilidad de erradicarlo o continuar haciendo como si no estuviera pasando. La prostitución existe y el Estado sólo puede tratar de impedir que su ejercicio atropelle los derechos humanos.
La legislación española no considera la prostitución un delito, aunque se ejerza por cuenta ajena (es decir, para lucro de un chulo). Por increíble que parezca, es así siempre que el empleador no incurra en explotación sexual: coacción, engaño, violencia o sometimiento. Así lo recuerda el Tribunal Supremo en la sentencia publicada el pasado lunes, en la que absuelve a un matrimonio propietario de dos burdeles de Vigo y Verín (Pontevedra) del delito contra los derechos de los trabajadores al que lo había condenado la Audiencia de Pontevedra.
El Supremo considera que no son indignas las condiciones laborales que esos propietarios imponen a las chicas, pese a reconocer que las obligan a vivir en sus locales (pagando ellas la habitación y la comida) y a trabajar a destajo hasta pagar el billete de avión con el que las trajeron de América (son inmigrantes ilegales, claro); en ocasiones, también les imponen multas por incumplir los horarios o levantar la voz. El Alto Tribunal, insisto, no encuentra en esos hechos ni explotación sexual, ni siquiera laboral (atentos los defensores de los derechos de los
trabajadores).
Nuestra legislación no permite a las prostitutas que deseen serlo ejercer su trabajo con la misma transparencia y cobertura laboral que cualquier otra profesional. Y tampoco protege suficientemente a las que ejercen forzadas. Ningún Gobierno se ha atrevido a regular la prostitución y sólo ERC e ICV apuestan a las claras por hacerlo. Contra sentencias como la del Supremo sólo cabe cambiar la ley... pero eso no está entre las prioridades del Gobierno.