La semana pasada se armó bastante revuelo en las redes sociales a raíz de la publicación de un bulo en varios medios generalistas sobre la entrada en vigor de un DNI para mascotas. El director general de derechos animales, Sergio Torres, se apresuraba a desmentir la noticia desde su cuenta de Twitter. Sea la noticia del DNI cierta o no —que, insisto, no lo es—, creo que la ocasión me sirve para hablar de algunos temas que siguen estando pendientes en la agenda del llamado gobierno más progresista de España en materia de salvaguarda de derechos de algunas personas, en concreto las personas racializadas y especialmente las migrantes. Así que en este artículo quiero tratar algunas cuestiones relacionadas con la regularización administrativa de estas personas.

Seres sintientes y bienestar

Este tema escama mucho a algunas personas que militan en el activismo animalista, así que, como me lo veo venir, vaya por delante que en este artículo de opinión no pretend0 cuestionar la protección y defensa de los animales.

Me parece importante señalarlo y expresarlo claramente, antes de que me llamen especista. Porque, al final y en muchos casos, quien recibirá las recriminaciones de antiespecista con este artículo seré yo, y nadie cuestionará el privilegio blanco de las personas blancas antiespecistas que siguen desviando la conversación para evitar hablar de la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes, hijas de migrantes y racializadas.

Una de las modificaciones que implica la entrada en vigor de la ley 17/2021 de 15 de diciembre es la consideración de los animales como seres sintientes y no como cosas, como eran consideradas en el código civil, de forma que a partir de ahora son reconocidos como seres vivos dotados de sensibilidad.

Decía Pablo Echenique en un tuit que "la decencia de una sociedad se mide por cómo tratamos a nuestros compañeros de planeta y vida", refiriéndose a lo positivo que es que los animales dejen de ser cosas y sean seres sintientes por ley. A mí me gustaría que esa decencia de la sociedad también se empiece a medir por cómo se trata a las personas racializadas, a las migrantes y a su descendencia. Porque los niveles de deshumanización a las que estos colectivos nos vemos sometidos es indecente e inmoral.

Aquí también estamos hablando de seres sintientes, seres humanos, cuyo bienestar y derechos civiles y humanos deberían garantizarse, y eso no está sucediendo.

Hay que derogar los mecanismos legales racistas

Una buena noticia sería que el Gobierno, de una vez por todas, se decidiese a derogar la ley de Extranjería, un instrumento legal creado para discriminar y segregar legal, administrativa e institucionalmente a las personas extranjeras, y que mantiene en situación irregular a más de seiscientas mil personas en 2022. Por no hablar de la necesaria desaparición los Centros de Internamiento para Extranjeros, que en realidad son cárceles en las que sistemáticamente se vulneran los derechos humanos de las personas que van a parar allí.

Decía en mi último artículo, hablando de la práctica del blackface, "que poco o nada cambia porque no hay voluntad, lo que demuestra que simplemente se trata de una cuestión de elección". Con la regularización de las personas migrantes en situación irregular administrativa pasa lo mismo: que no hay voluntad política de facilitarla, y que solo se ha hecho cuando al Estado español le ha interesado, como sucedió con diferentes medidas que se tomaron a principios del 2020 a raíz de la situación urgente y sobrevenida a causa del estallido de la Covid-19.

La derogación de todos estos mecanismos legales racistas e instrumentalistas es urgente. La ley de Extranjería vulnera los derechos humanos y civiles de una gran parte de la población, y ya es hora de hablar de las consecuencias que tiene sobre las vidas de las personas a las que afecta.

También es urgente la redacción de una ley específica contra el racismo, que garantice la protección de las personas negras y racializadas contra los actos racistas, y no solo contra los más abiertos y fácilmente identificables, sino contra todos esos mecanismos arraigados, institucionalizados y aceptados socialmente que se convierten en racismo en el acceso a la sanidad pública y a la salud, a las ofertas de empleo o a la vivienda. Esa ley es necesaria; no un reguero de artículos diseminados en diferentes leyes y reales decretos. Se necesita legislación antirracista y se necesita ya.

Los derechos de las personas en los márgenes

Volvamos a la cita de Echenique: "La decencia de una sociedad se mide por cómo tratamos a nuestros compañeros de planeta y vida". Si medimos a la sociedad española por cómo trata a las personas negras, racializadas y migrantes —migrantes del sur global, claro—, la decencia de esta sociedad queda bastante en entredicho.

Safia Elaaddam decía hace unos días en su cuenta de Instagram que "es inaceptable que se avance en tantas cosas que denuncian personas blancas, pero que siempre las racializadas y migrantes seamos la última mierda, si es que lo somos". Sé que a muchas personas -blancas- está afirmación les hará echarse las manos a la cabeza y escandalizarse; pero dejad la hipocresía de lado y escuchad de verdad las reivindicaciones que se están haciendo. Y, sobre todo, dejad de tomároslo como un ataque personal (y, en caso de que os lo toméis así, preguntaos por qué).

Y es que si hay que hablar de bienestar y de trato digno, hablemos del bienestar y del trato digno de muchas personas migrantes a las que se les niega el padrón o el acceso a la sanidad pública. Hablemos también de cómo esas esperas interminables para conseguir una cita en Extranjería y esa escasez de citas dejan a personas vulnerables en una situación todavía más vulnerable: con su documento de identidad caducado. Y un NIE caducado, a diferencia de un DNI caducado, impide el acceso a las propias cuentas bancarias, que quedan automáticamente bloqueadas si no se presenta un NIE en vigor... ¿Te imaginas que, por tener el DNI caducado, tu banco te impidiese acceder a tu propio dinero? Un NIE caducado imposibilita la renovación de un contrato de trabajo, y por tanto aboca a la persona a la precarización y a la pérdida de ingresos.

En definitiva, un NIE caducado, cuya renovación impide el Gobierno a través de obstáculos en forma de trámites administrativos, se convierte en un mecanismo de exclusión legalizado y validado por el sistema. Así que insisto en la pregunta: ¿y la regularización pa' cuándo?

¿Cuándo se dejará de deshumanizar a las personas migrantes y a su descendencia? ¿Cuándo se garantizarán y se protegerán sus derechos? ¿Cuándo se dejará de justificar toda traba administrativa injustificable que dificulta e impide a este grupo de personas gozar de plenos derechos y bienestar?

Así que sí, celebro que los animales sean reconocidos como seres sintientes. Ahora falta que las personas racializadas y migrantes gocen de la humanidad de la que automáticamente se las priva y se protejan también sus derechos.