Pablo Cotarelo

Miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización

Algunos creyeron que la liberalización del sector eléctrico que inició el gobierno de Aznar, Rato y Piqué en 1998, siguiendo directivas europeas salidas de Maastricht, mejoraría, modernizaría y garantizaría el servicio eléctrico a la sociedad. Sin embargo, dejar de considerar la electricidad como servicio público nos trajo un 17% de la población con serios problemas de pagar sus facturas energéticas (2012). El blindaje de la distribución de electricidad permitió que las grandes empresas operar en forma de oligopolio.

Un sistema de fijación de los precios de la electricidad opaco y anticuado ha procurado sobrecostes injustificados, pagos que no cumplen con los fines para los que se habían formalizado, proyectos sin justificación económica y condiciones de pago sin garantías democráticas. El estudio El coste real de la energía, impulsado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), cifra en el entorno de los 80.000 millones de euros los pagos al sector eléctrico que se podrían considerar ilegítimos (1998-2013), de los cuales 65.000 van a parar a las 5 grandes empresas del sector asociadas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo, EDP)

En concreto, 22.000 millones corresponden a los beneficios extraordinarios conseguidos a través de las centrales nucleares e hidroeléctricas, es decir, que no hubieran existido bajo el sistema de precios anterior (1988-1997). Estas instalaciones, las más antiguas y amortizadas en su mayoría, se han aprovechado de un sistema de fijación de muy poco racional y sensato. Sin esos beneficios y otros de los pagos irregulares, el denominado déficit de la tarifa eléctrica y la deuda que ha generado no existirían.

Alguien podría opinar que esos 65.000 millones de euros que han recibido las empresas de Unesa son un mal menor por tal de tener un sector estratégico sólido. Pero resulta que las dos empresas más grandes y que más se han beneficiado de ese rescate prolongado, Endesa e Iberdrola que poseen el 80% del sector, están controladas por el Ministerio de Economía de Italia a través de Enel (su propietaria real) y por el fondo soberano de Qatar, respectivamente. Es decir, el sector eléctrico español está controlado por actores públicos extranjeros. Curioso destino el de la privatización y liberalización eléctrica.

Diecisiete años y 80.000 millones de euros después pocas de las promesas de la “liberalización” se han cumplido. El sector eléctrico se ha convertido en una caja negra imposible de descifrar en la generación de pagos injustificados, y de difícil comprensión para la mayoría de la población, que paga perpleja un rescate perpetuo.

Todo indica que no es posible vivir en una democracia real si la ciudadanía no puede interferir a favor de sus intereses en los grandes sectores económicos del país. Sin auditorías ciudadanas de las finanzas y de la electricidad la democracia está en riesgo. Las transferencias de dinero hacia las empresas de estos sectores, reconocidas e impulsadas por el Estado, que indican los estudios realizados por la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y el ODG, son incompatibles con los intereses de las mayorías. Socavan las economías familiares y de las pequeñas y medianas empresas sin justificación, y agrietan los principios básicos de la convivencia en una sociedad que se considera justa.