Cada vez que un líder político dice actuar guiado por la “responsabilidad de Estado”, conviene ponerse en guardia. En nombre de la “responsabilidad de Estado” se han cometido los mayores atropellos y hasta algún crimen (también de Estado). Ante cualquier situación considerada “excepcional”, enseguida aparece la “responsabilidad de Estado” como motor o excusa que coloca en segundo plano los intereses de los ciudadanos y eleva a los altares de la historia al desprendido líder que hace el esfuerzo de olvidar sus principios e intereses personales para entregarse generosamente a la salvación del prójimo.

En los últimos días, desde distintos foros políticos, mediáticos y económicos se ha reprochado al Gobierno que no haya intentado negociar los Presupuestos Generales del Estado con el PP. Y al PP, que no dé su apoyo a los Presupuestos del Gobierno. Ante una situación económica excepcional, se supone que hay que meter en un baúl los principios políticos que se defienden para atender al consenso general. Los Presupuestos son el principal instrumento de hacer política. Dotar o no de más medios a la educación, a la sanidad pública o a las infraestructuras es la traducción práctica de un modelo ideológico y político. Bajar los impuestos y reducir el gasto público con la obsesión de conseguir un superávit es otro modelo. En democracia, la “responsabilidad de Estado” debería consistir en que cada gran partido ofrezca una alternativa de soluciones a los problemas, no una permanente disposición al conchabeo. El PP no tiene por qué presentar un Presupuesto detallado, pero sí explicar de una vez por todas de dónde exactamente recortaría el gasto público.

Gestos y obligaciones

Por su parte, Zapatero ha ordenado el apoyo del PSOE a todos los Presupuestos que el PP presente en aquellas comunidades o municipios en los que gobierne. ¿Por qué? Por “responsabilidad de Estado” ante la gravedad de la crisis. ¿Y por qué hay que apoyar un presupuesto municipal o autonómico si resulta contrario al modelo de Estado de bienestar o de economía social que la izquierda se supone que defiende? ¿En qué ayuda ese gesto a solucionar la crisis?

Esa confusión que a menudo se produce entre gestos y principios no ayuda precisamente a suscitar el respeto y la pasión por el ejercicio de la política. Otro ejemplo caliente. Defender que España debería pertenecer al G-8 y, por supuesto, al G-20 (las mayores potencias económicas del mundo y los países emergentes) no es un ataque de “responsabilidad de Estado” que le haya dado a Zapatero en una noche de insomnio. Es la obligación de cualquier presidente de un país cuya economía está por delante de unas cuantas de las titulares de esos clubes.

Es pronto para conocer el desenlace del arriesgadísimo gesto de Zapatero al exigir la presencia española en la cumbre convocada para “refundar el capitalismo financiero”. Pero, más allá del gesto y de la batalla diplomática, lo que cabe exigir a un gobierno de izquierdas es precisamente lo que nadie espera que hagan Bush, Merkel o Sarkozy: presentar propuestas concretas encaminadas a acabar con la gigantesca especulación que ha conducido a la situación actual. ¿Qué reformas legales y económicas a escala global se plantean acerca de los tiburones dedicados a hundir valores en la bolsa? ¿O las agencias de rating?; ¿O los órganos supuestamente controladores como la CNMV? ¿O los especuladores que condicionan los precios del petróleo o de las materias primas? Esa es la verdadera responsabilidad, más aún en nombre de un Estado.