Sanidad pública: sabemos, podemos y debemos

En las tropicales noches de Valencia, cuando el descanso se convierte en quimera, el paso de ese estado de vigilia-sueño a la consciencia plena se hace complicado. Se requiere un tiempo de aclimatación hasta poder enfrentarnos al día con la ayuda de un café reparador. Pero lo que más despierta (sobresalta, mejor dicho) es leer de buena mañana cómo un alto cargo del gobierno valenciano ensalza la bondad de la "colaboración" público-privada (mejor digamos "parasitación" de lo público) dando por cierto que la gestión privada es más eficiente. Y también cómo asegura, excusándose en la pandemia que nos asola, que no le parece oportuno revertir a lo público lo que nunca debió derivarse a lo privado .

La 'Colaboración' público-privada, cosa del pasado

Visto así parece que haya que arrojarse en los brazos de la iniciativa privada para poder pervivir. Tras su lectura, el primer impulso te hace verificar la fecha de esa noticia, no vaya a ser que esté datada años atrás y corresponda a cuando nos (des)organizaban la vida aquellos gobiernos de derechas.

Confirmado que la información ha sido publicada en agosto del 2020, y que por tanto no han retornado los desalojados por las urnas, te asalta otra alarmante duda: ¿no se habrá roto el gobierno de progreso, que tanto costó construir? Ávidamente consultas los titulares del día, y ves que la coalición permanece estable, pero no encuentras al menos de forma contundente, ninguna voz autorizada que desmienta las afirmaciones del mencionado alto cargo. Llegas a pensar que tal vez tan sólo se trató de una estrategia provocadora, para obtener una respuesta aún más unánime a favor de una sanidad de gestión totalmente publica, universal , gratuita y de calidad.

Y es que la superior eficiencia de lo privado frente a lo público es un “mantra” que se repite en las escuelas de negocios, en los masters MBA, y que potencian y publicitan los fondos de valores. Ese estribillo, sirve para acrecentar la pertenencia de grupo a la ideología liberal. Es como cuando los voluntariosos seguidores de un equipo de fútbol se consuelan gritando su adhesión al equipo “manque pierda”.

Pero vamos a lo esencial: la salud es un derecho universal señalado en los artículos 22/27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el año 1948. Está reconocido en la Constitución española en su artículo 43. La salud es una parte tan sustancial del ser humano, que no puede quedar en manos de intereses comerciales que rentabilicen inversiones en beneficio propio. Rentabilidad que siempre se consigue mermando la calidad asistencial, reduciendo la ratio de profesionales, dejando sin renovar aparataje, o en último caso reajustando ese convenio de “colaboración” ante la amenaza de no poder cumplir con lo acordado y devolver la concesión.

En la «Colaboración p-p» la rentabilidad está asegurada, no hay riesgo

La rentabilidad está asegurada, por eso es el gran objetivo de los fondos buitres para sus inversiones. Al contrario que otros empresarios que empeñan su patrimonio en sus proyectos, aquí no hay riesgo; es un negocio seguro, y si no funciona, pues lo devuelves sin pérdidas. Y por eso participan inversores de áreas que nada tiene que ver con la sanidad como bancos, constructores, etc. Por eso se producen cambios en los accionariados y movimientos estratégicos de los capitales a zonas de mejor desarrollo de este “producto”.

Además, como hemos apuntado, durante el tiempo de vigencia de la concesión sanitaria se invierte poco o nada en tecnología diagnóstica y terapéutica o en las estructuras funcionales de los centros de salud. Se superan con creces los tiempos de amortización del aparataje médico y su necesaria renovación. Las ratios de personal son mínimas y nada comparables a los hospitales de gestión directa pública. Pero cuando se acerca el fin de la concesión y no se ha conseguido la prórroga, se inflan retribuciones de los directivos, se transforman en fijos los contratos al personal allegado, y se dejan los equipos tecnológicos obsoletos…

Pero dejemos la persuasión y las percepciones sobre este tema y volvamos a la eficiencia desde la evidencia. Ya en el año 2014 el grupo PSIRU (Public Services International Research Unit) de la Universidad de Greenwich analizó gran cantidad de literatura académica relativa a la eficiencia de las gestiones pública y privada de varios sectores y países, no solo del sanitario. El informe concluye que a nivel universal los proveedores públicos tienen niveles más altos de eficiencia técnica que el sector privado en la asistencia sanitaria. La provisión pública de atención médica también es mucho más eficaz que la provisión privada para brindar una mejor salud, incluida una vida más larga y tasas de mortalidad infantil más bajas.

Mantras en lugar de evidencia

Uno de los mantras más repetidos por los liberales para justificar la privatización de servicios públicos y la reducción del Estado es «el sector privado es más eficiente que el sector público». Un informe de 2010 para la Organización Mundial de la Salud (OMS) examinó la evidencia mundial sobre la eficiencia técnica comparativa de los proveedores de atención médica públicos y privados. El estudio más grande fue un resumen sistemático de 317 artículos, que concluyó que: “la provisión pública puede ser potencialmente más eficiente que la privada…” Las estadísticas resumidas mostraron niveles promedio de eficiencia hospitalaria con fines de lucro en 80.1%, sin fines de lucro en 82.5% y público en 88,1% .

En otra revisión de 33 estudios de servicios del NHS en el Reino Unido se examinó la evidencia sobre la subcontratación de limpieza, administración de instalaciones, servicios médicos fuera de horario, centros de tratamiento y servicios clínicos. El estudio principal concluyó que: “gran parte de la evidencia demuestra los aspectos negativos de introducir competencia en la prestación de servicios de atención médica o resultados no concluyentes. En general, hay una falta de evidencia que demuestre que la subcontratación mejora la calidad de la atención al paciente”. En nuestro país, un estudio analizando los distintos parámetros hospitalarios concluye que las concesiones sanitarias no son más eficientes que los de gestión pública

Por último, solo hay que observar a dónde ha conducido esa “eficiencia” a la Comunidad de Madrid.

Por tanto, se puede gestionar lo público sin precisar “colaboraciones” con afán de lucro. No solo sabemos y podemos, sino que debemos. A la política le corresponderá facilitar, desburocratizar, modificar e innovar en los procesos de salud para conseguir una sanidad universal pública gratuita, universal y de calidad. Y quien no esté por la labor, mejor que se baje.

Firma del Post:

Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

Forman el Foro Ágora Salud:

• Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

• Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

• Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

• Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

• José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

• Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

• Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

• Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

• Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

• Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

• Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.

Ilustra el blog:

Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.