Cuando le preguntaron a Jonas Salk, descubridor de una de las vacunas contra la polio, de quién era la patente, contestó: De la gente, pienso yo. ¿Se puede patentar el sol?

Y es que, los medicamentos, igual que el sol, deben beneficiar a todos, pobres y ricos, mujeres y hombres, mayores y niños, sin distinción de raza ni lugar de nacimiento. Los medicamentos deben ser considerados un bien público.

En estos momentos cientos de investigadores están trabajando en todo el mundo para lograr una vacuna contra el Covid 19. Y otros tantos tratan de afinar los tratamientos más eficaces para frenar y curar la infección y tratar los distintos síntomas. Muchas de esas investigaciones se están haciendo en hospitales públicos, en centros de investigación públicos, o en centros privados con financiación pública o altruista. En algunos de estos ensayos se están probando algunos fármacos ya existentes. Sin embargo, existe el riesgo de que, si los trabajos finales para el desarrollo de un tratamiento o de una vacuna se realicen por una compañía privada, o sean adquiridos por ella, esta compañía pueda patentar el producto, obtener un monopolio, y poder exigir así un precio muy alto, muy por encima de los costes, un precio abusivo. Si eso fuera así, muchos pacientes y muchos sistemas de salud no podrían pagar ese tratamiento o esa vacuna y, para los que pudieran pagarlos, el exceso de coste restaría muchos recursos necesarios para otros gastos en personal, en equipamiento, en servicios sociales y otros. Por desgracia, esta situación se ha producido ya con muchos tratamientos que son inaccesibles para millones de personas (para el tratamiento de cánceres, de hepatitis C, del SIDA, la diabetes, etc., etc.), y cuyos precios abusivos detraen importantes recursos de los sistemas de salud que pueden pagarlos.

En esta crisis de salud pública excepcional, el gobierno de España, los gobiernos de los países de la Unión Europea, y los de otros países del mundo, deberían preparar y acordar con urgencia que, si se descubre una vacuna o un tratamiento eficaz para el Covid 19, esa vacuna o ese tratamiento serán accesibles para todas las personas que lo necesiten, en cualquier lugar del mundo, al precio del coste de fabricación.

Si la investigación se ha realizado en centros públicos o con financiación pública, la patente sería pública, y el país o los países financiadores, deberían poner a disposición de todo el mundo la vacuna, como se hizo con la vacuna de la polio, y como se hizo tantas veces antes de que se impusiera el modelo de patentes para medicamentos. Si la investigación se hubiera realizado en todo o en parte por una compañía privada, se debería crear un fondo mundial para pagarle a esa empresa lo que le hubiera costado la investigación. Ese fondo se dotaría con aportaciones proporcionales a la riqueza nacional de cada país. El fondo podría ser gestionado por la Organización Mundial de la Salud, en caso de ser mundial, o por la Comisión Europea si fuera en el marco UE.

En el caso de que no se llegue a poner en marcha este mecanismo, porque los países no lleguen a un acuerdo en la UE o en los organismos internacionales, España debería tener preparada la aplicación de licencias obligatorias. Esta medida está incluida en la ley de patentes, así como en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual. Supone que, en casos de riesgos para la salud pública, es posible “suspender” la aplicación de una patente, para autorizar a otras empresas la fabricación del medicamento, o autorizar la importación del mismo de países en que se vendiera el producto, a un precio de genérico.

Esta gravísima crisis, que ha causado la muerte prematura de miles de personas y enorme sufrimiento a sus familias, que ha motivado la cuarentena de 3.000 millones de personas, y que está suponiendo el freno de las economías, desempleo e incertidumbre en miles de hogares, no debería ser ocasión para que se lucren algunas empresas aprovechando una posición de monopolio. Nos parecería que es imposible. Sin embargo, vemos cómo está pasando en otros productos (mascarillas, equipos de protección, etc.) donde algunas empresas han subido de precio aprovechando el aumento de la demanda, en lugar de mantener un precio similar al anterior, teniendo en cuenta que los costes de fabricación son los mismos, y que esos productos son necesarios para evitar nuevos contagios y nuevas muertes. Por eso, para evitar la tentación de que se especule con el precio de las vacunas o tratamientos para el Covid 19, es preciso que los gobiernos adopten medidas con antelación. De eso dependerá el acceso rápido a los medicamentos para todas las personas que lo necesiten.

Si descubrimos una vacuna o un tratamiento eficaz, no debería ser “de los chinos” o “de los norteamericanos” o “de los europeos”, o de esta o aquella empresa farmacéutica. Como dijo Salk entonces, la vacuna deberá ser de la gente, porque el medicamento es un derecho humano y no debería ser nunca objeto de especulación.

FIRMANTES DEL BLOG

• Fernando Lamata. Médico Psiquiatra, político sanitario y activista. Ha ejercido como Secretario General de Sanidad y como Consejero de Sanidad entre otras actividades.

• Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

• Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

• Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

• Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

• José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

• Isabel González. Médico radiólogo. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

• Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia

• Ana Boned Ombuena. Técnico Superior de Salud Pública de la Consellería de Sanitat Valenciana. Máster en salud pública por la U. de Harvard y especialista en medicina familiar y comunitaria.

• Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

• Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

• Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

• Aurelio Duque Valencia. Médico de Familia y Comunitaria y representante sindical. Ha sido presidente de la Sociedad Científica de Medicina Familiar en la Comunitat Valenciana.

• Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar. Ilustradora del Blog Coronavirus en positivo.

• Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.