La valoración del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre la decisión del Tribunal Supremo de retirar los permisos de salida de prisión a Carme Forcadell me produce miedo.

No tengo por costumbre escribir en primera persona en los medios en los que trabajo, pero en este caso no encuentro mejor manera de expresar este fuerte sentimiento personal: el miedo. Y contra esta conmoción no conozco otro antídoto que la reflexión sobre los motivos. Y me he puesto en ello.

El Supremo, según el ministro del gobierno del PSOE y UP, cuando decide que Carme Forcadell no puede salir del centro penitenciario para tareas de voluntariado y atender a su madre, "cumple con su papel constitucional, marcando doctrina". De este modo, según dijo, el alto tribunal ofrece "seguridad jurídica".

¿Qué debe de entender el actual titular de Justicia, magistrado y doctor en Derecho por "seguridad jurídica"? ¿Quién se siente más seguro con esta nueva decisión del Supremo?

Lo que nos ha transmitido sistemáticamente este tribunal en relación a la vida política catalana es un enorme motivo de preocupación. Su presidente, Carlos Lesmes, que a la vez preside el gobierno de los jueces (CGPJ), ratificó no hace mucho la voluntad de los magistrados de combatir contra una corriente política, contra una idea compartida por un número no pequeño de ciudadanos. Los jueces responden con "la necesaria firmeza", reiteró en relación al independentismo catalán.

Parece que Lesmes preparaba el terreno para una nueva salida en escena del juez Manuel Marchena. La sala del Tribunal Supremo que preside se ha declarado "competente" para decidir sobre los permisos de salida otorgados a los presos políticos catalanes, que cumplen la condena que dictó en colaboración con otros seis magistrados.

Me he acordado de la vida que llevábamos los demócratas activos durante la dictadura, la inseguridad que generaba aquella manera de entender "el estado de derecho" que tenían los gobernantes de entonces y he consultado algunos papeles de aquellos años. Entre ellos he encontrado esta frase:

"Todos los esfuerzos se tienen que orientar a que de la aplicación recta de la Justicia nazca la tranquilidad y satisfacción del ciudadano, sabiendo que tiene garantizada la verdadera libertad". Lo podría haber escrito cualquier jurista 'progre', político con ganas de prosperar o también uno de esos jueces que visten togas recargadas de puñetas. Pues no. Son palabras pronunciadas en Madrid, en 1970, por el entonces príncipe Juan Carlos, en una audiencia concedida al colegio de abogados de València, en uno de aquellos discursos en los que no ahorraba elogios al dictador, al que señalaba como "ejemplo de abnegación".

Me ahorro consideraciones sobre el sentido de la justicia de este rey de España, sobre su implicación y la de su familia en negocios inconfesables y sobre la colaboración de él mismo, de sus ancestros y de su hijo con regímenes despóticos. Lo haré otro día. Pero la frase mencionada del rey emérito, cuando era el príncipe elegido por Francisco Franco para sucederle en la jefatura del Estado, demuestra el valor que pueden tener las profesiones de fe en la justicia, la libertad y el estado de derecho por parte de determinados personajes.

El miedo que pasamos durante los años de la dictadura no es comparable al que empezamos a pasar ahora. No se puede frivolizar con la represión que sufrimos durante aquellas décadas. La persecución por motivos políticos que se llevó a cabo de manera generalizada entre los años 40 y finales de los 70 fue brutal y conviene mantener muy viva la memoria de las actuaciones policiales contra gente trabajadora, las detenciones de personas por el hecho de manifestarse, asociarse o distribuir publicaciones "ilegales", las torturas, encarcelamientos, asesinatos, exilio...

Hay que refutar radicalmente las equiparaciones del comportamiento del aparato franquista con el de las instituciones del régimen actual, pero la memoria tiene que servir para evitar que se reproduzca cualquier tipo de restricción de los derechos elementales de las personas por parte de quien ahora ejerce el poder.

Los esfuerzos por conseguir que los crímenes cometidos en el pasado no queden en la impunidad no los hemos realizado y los realizamos para conseguir venganza, sino para impedir que volvamos a sufrir violaciones de nuestros derechos. Dicho de otro modo: si en su momento hubiéramos exigido una depuración de responsabilidades entre las instituciones del franquismo, hoy no nos encontraríamos con jefes policiales identificados con aquel régimen, implicados en guerras sucias, brigadas de agentes sin cultura democrática o militares y funcionarios ultraderechistas. Tampoco tendríamos un poder judicial encabezado y gobernado por magistrados que desprecian la voluntad popular expresada en las urnas, se permiten ignorar los organismos de defensa de los Derechos Humanos e intentan dirigir o condicionar la vida política desde los tribunales.

Esto es realmente grave, porque genera angustia, inseguridad y miedo, pero hay otro factor complementario que provoca una desagradable sensación de peligro: el silencio de muchos demócratas, más o menos defensores de los "valores republicanos", ante las actuales violaciones flagrantes de las libertades de reunión, manifestación, expresión y representación, ante los atentados contra la integridad física de las personas, la utilización del código penal para restringir o negar el derecho a voto, las detenciones, encarcelamientos preventivos, juicios sin garantías, con las consecuentes condenas a privación de libertad de personas de indiscutible trayectoria democrática por hechos relacionados con el ejercicio de la democracia.

Demasiados demócratas miran hacia otro lado ante esta realidad, sin tener en cuenta que más pronto que tarde pagarán (pagaremos todos juntos, ya pagamos) en propia carne, su pusilanimidad. ¿Qué tipo de representantes del poder popular son los parlamentarios que aceptan dócilmente que unos tribunales determinen lo que se puede debatir o votar en una cámara legislativa? Cuando el ministro de Justicia, del "gobierno más progresista", valora como una oferta de "seguridad jurídica" la decisión de unos magistrados de impedir las salidas de la prisión de una persona como Carme Forcadell, condenada por su defensa de las competencias del Parlamento que presidía, da una medida del bajo nivel de respeto por los derechos de la ciudadanía.