Los mismos que aplaudían a rabiar la segregación de Tabarnia de Cataluña y enarbolaban la bandera de aquella bufonada para que Barcelona y Tarragona se independizaran del independentismo, han recibido de uñas la moción del Ayuntamiento de León y otros tres consistorios de separarse de Castilla y formar una nueva comunidad autónoma junto a Salamanca y Zamora. Su conclusión es que se trata del signo inequívoco del disparate nacional, un fiebre provocada por el virus catalán que Pedro Sánchez, con sus negociaciones secretas con ERC, ha convertido en pandemia.

Queda para otro día explicar lo que fue el reino de León y la manera en la que se dibujó artificialmente el actual mapa autonómico que emparejó a León y Castilla en detrimento de otras opciones más acordes con la historia de dichos territorios e impuso la creación de comunidades uniprovinciales para restar poder a otras. Lo significativo de la rabieta leonesa es que muestra que algo falla en el traje que se diseñó en la Transición y en la propia gestión de los recursos dentro de cada autonomía. La insatisfacción por el actual modelo no es, por tanto, exclusiva de Cataluña y el País Vasco.

Más que por motivos identitarios, que siempre han existido y que obligaron, por cierto, a pronunciamientos del Tribunal Constitucional por la resistencia de León y Segovia a formar parte de la nueva comunidad autónoma, existen en el caso leonés razones económicas que avalarían la denuncia de que los responsables políticos de la autonomía han privilegiado el desarrollo de algunas provincias, en concreto las del eje Valladolid-Burgos, en detrimento del oeste de la región. Si lo que pretendía con la España de las autonomías era combatir el centralismo parece que lo que se ha conseguido es reproducirlo a otra escala.

Reducir la demanda de León al pernicioso influjo del independentismo es no entender nada de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Ni siquiera se podría alegar en este caso que estamos ante un nuevo territorio rico que pretende manejar sus propios recursos de manera insolidaria con el resto; más bien al contrario. Así que mucho más sensato que las descalificaciones a priori y las excomuniones a divinis sería valorar si se han ofrecido a estas provincias soluciones a problemas tales como el desempleo, la despoblación, la desindustrialización, la pobre calidad de los servicios públicos y la falta de infraestructuras e inversiones, o si, realmente, existen argumentos que avalarían el maltrato o, cuando menos, el desinterés por su desarrollo.

Por lo que se clama en León, como en Teruel y como en tantos otros sitios de la olvidada España interior, es por una existencia digna. Hacen bien en esgrimir sus particularismos y en querer hacerse presentes con voz propia en el debate público porque en este país no basta con demostrar el abandono. Aquí ni Dios te hace caso si lo que reivindicas, por muy justo que sea, no se envuelve con el celofán territorial.

Al alcalde socialista de León, José Antonio Díaz, le han llovido guantazos hasta de su propio partido, especialmente y por razones obvias de su colega de Valladolid y portavoz del PSOE, Oscar Puente. Lo que vuelve a sorprender es que se reproduzcan las mismas reacciones que nos han conducido al laberinto en el que nos encontramos y que la atención se siga centrando siempre en el dedo que señala y no en el cráter lunar hacia el que apunta.

Al dedo ha mirado fijamente el presidente de la Junta de Castilla y León, a quien, al menos en teoría, debería suponérsele algo más de sensibilidad con lo que sucede en un parte de la comunidad que gestiona. Ha dicho Fernández Mañueco que la autonomía no puede perderse en “quimeras imposibles” que manipulan los sentimientos que todos los castellanoleoneses tienen por su tierra con el único objetivo de desviar la atención de lo importante. De hecho, se ha presentado como el garante de la “unidad” ¿Les suena el discurso? Cuando en unos años oigamos el ‘sit and talk, Valladolid’, no nos hagamos de nuevas.