El día en que se recuerda la Declaración Universal de los derechos humanos, Naciones Unidas se congratula de un año de éxitos en el respeto a la dignidad humana. La Primavera Árabe, el proceso judicial contra los responsables de la dictadura argentina, el movimiento 15-M -nacido en la Puerta del Sol de Madrid y exportado a otros países- y las protestas de los estudiantes chilenos son algunas de las razones por las que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, califica el 2011 como un año “extraordinario para los derechos humanos”.

A pesar de los logros, Ban Ki-moon también ha recordado la impunidad y la represión, así como a todas las personas cuyos derechos “no son aún una realidad”. La Alta Comisionada Navi Pillay señaló, en la misma línea, que las protestas en Túnez, El Cairo, Benghazi y Dara’a, y más tarde -y en contextos diferentes- en Madrid y otras capitales “recordaron a los gobiernos que los derechos humanos deben ser garantizados para todos sin discriminación”.

Pero las palabras se quedan en papel mojado cuando se habla de la universalidad de estos derechos. Cientos de frentes abiertos por organizaciones civiles como Amnistía Internacional o Human Righ Watch demuestran que la Carta Internacional de los Derechos Humanos -que incluye los Pactos de Nueva York, de obligado cumplimiento para los países que los han firmado- no se está observando y su incumplimiento no genera responsabilidades para los gobiernos infractores.

En el caso español llama la atención que esta materia sea concebida por el Ejecutivo como un asunto a resolver más allá de las fronteras del país y englobado dentro de las cuestiones referidas a la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. Así, la Oficina de Derechos Humanos depende del ministerio de Asuntos Exteriores, institución que contempla la promoción y defensa de estos derechos como “una de las prioridades de la política exterior del Gobierno”.

De este modo, las víctimas del franquismo quedan fuera de la dinámica institucional en esta materia. La explicación de esta circunstancia se remonta a la Ley de Amnistía de 1977 y al olvido impuesto, a través del silencio, en la Transición a la democracia. No reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión inmediata a la finalización de la Guerra Civil supone dejar fuera del ordenamiento jurídico las demandas de las víctimas que padecieron estos delitos.

La ley 52/2007 de Memoria Histórica es un intento de que esta situación no sea tan obvia. Incluso sus preceptos están incluidos dentro del Plan de Derechos Humanos del Ejecutivo como parte de las acciones del Gobierno en política interior. Pero esta norma languidece y no da respuesta a las demandas de justicia universal verbalizadas por las víctimas desde hace años.

Por ello, tal día como hoy en el que las organizaciones civiles recuerdan los problemas del norte y del sur, genocidios, muros políticos, recorte de derechos, etc, en España hay quien aún exige el cumplimiento de los deberes democráticos que hagan extensibles estos derechos a todo tipo de víctimas.

Los derechos humanos contemplan la lucha contra la desaparición forzada y, en España, la investigación del juez Baltasar Garzón documentó más de 113.000 casos que, mientras sigan sin resolverse y las familias no puedan recuperar sus cuerpos y esclarecer el delito, seguiremos suspendiendo esta asignatura cada 10 de diciembre.