ANTONIO IZQUIERDO

El trienio de recesión ha dejado, al menos, tres huellas en el panorama migratorio. La principal no ha sido que las llegadas hayan disminuido mucho, lo cual era previsible, sino que se han marchado menos inmigrantes de lo que se vaticinaba. De modo que la prioridad es la integración de los que se quedan, que, no se olvide, son trabajadores y familias. Por eso los tres arraigos (laboral, social y familiar) que figuran en el borrador del reglamento de la Ley de Extranjería constituyen sendos alivios para la irregularidad interna. Pero, más allá de su función paliativa, representan los tres pilares de un modelo migratorio que no se resigna a que la vulnerabilidad de los padres se trasmita a los hijos.

Los diarios han resaltado la vía del arraigo familiar subrayando que el Gobierno regularizará a los inmigrantes cuyos hijos tengan la nacionalidad española. Esa medida, en realidad, afecta a 14 países y a un escaso número de personas. Es probable que tengan más impacto los otros dos arraigos, porque hoy es la economía sumergida, y no el descontrol de los flujos, la que produce más ilegalidad. Y porque reconocer el poder y el interés del mercado en ilegalizar a los inmigrantes implica su compensación mediante el arraigo social. Pero estas reparaciones no nos deben hacer olvidar que la integración empieza por pensar en los flujos. Y que pensar bien los flujos significa aceptar que somos un país de inmigrantes de primera generación pero, más aún, procurar no serlo de segundas y terceras generaciones.

El reglamento asume, de modo implícito, que uno de cada tres trabajadores foráneos está en paro laboral, siete de cada diez tiene aquí a la familia y uno de cada cuatro nacimientos procede de la inmigración. El corolario de lo anterior es que se dan las condiciones para el aumento de la irregularidad, desigualdad y diversidad. Por eso es bueno que la norma interiorice la permanencia de la inmigración y refuerce los fundamentos sociales de la integración. Pero la política es la ley y algo más. El paso siguiente es el aumento de concejales foráneos en los municipios. Por eso es necesario que, junto a las tres vías sociales, se impulse la participación política como el cuarto fundamento del arraigo. El trato discriminatorio o igualitario de la primera generación marcará el compromiso de los niños españoles de origen inmigrante con el futuro del país.

Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología