La libertad de prensa constituye un pilar esencial y fundamental de la democracia. Los medios de comunicación deben informar de forma veraz y objetiva a la ciudadanía sobre lo que ocurre dentro y fuera del país. No habrá democracia real sin una prensa plural, libre e independiente. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su art. 19, como esencial para la emancipación de las personas y la construcción de sociedades libres y democráticas la libertad de expresión.

Hemos perdido, de manera abrumadora, en estos cuatro años de legislatura del Partido Popular, multitud de derechos. Nunca habíamos visto, en la historia de la democracia española, un control, desde Moncloa, tan exhaustivo sobre los grandes medios de comunicación en España. A este respecto, el Consejo de Informativos de TVE e Interactivos RTVE (iRTVE) ha denunciado una utilización partidista y progubernamental de los Servicios Informativos. “Cada vez son más numerosas las informaciones omitidas, censuradas o tergiversadas”. Relatan la desigual valoración y tratamiento informativo de las noticias según sean favorables o desfavorables a las tesis del gobierno y del Partido Popular utilizando, con frecuencia, el diario ABC como referencia informativa. También, hemos podido saber, que los redactores recientemente contratados o los jefes de área se encargan de las informaciones “sensibles” mientras a los redactores veteranos se les relega de sus funciones. Los niveles de manipulación y censura han llegado a niveles intolerables, hundiendo la credibilidad de TVE y acercándose a los modelos de televisión autonómicos, creadas para ser voceros del poder establecido. Existe una diferencia abismal entre ser periodista o actuar como mamporrero del poder. Televisiones autonómicas que se han creado para usarlas en beneficio propio de los políticos gobernantes y de sus “estómagos agradecidos”. Los presupuestos anuales de las actuales trece televisiones autonómicas junto a la RTVE, según medios de comunicación que espero no estén tergiversados, superan los 1.877 millones de euros, de los cuales 948 millones de euros son de TVE y otros 928 millones de euros corresponden a las autonómicas. Además se destinan, por parte del Gobierno de la nación, 170 millones de euros a publicidad institucional y comercial a la vez que los ayuntamientos y comunidades autónomas gastan, por este concepto, en torno a 50 millones de euros además de otorgar subvenciones a medios privados de comunicación sin criterios objetivos.

Resulta una vergüenza que el Gobierno exija a los contribuyentes un mayor esfuerzo fiscal mientras se mantienen unas corporaciones públicas costosas, ineficientes, prescindibles y en algunos casos inmersas en casos de corrupción como las televisiones autonómicas. Unas televisiones regionales con plantillas sobredimensionadas. Cualquiera de las autonómicas más importantes tienen más trabajadores en nómina que todas las privadas nacionales juntas con unos gastos de explotación desorbitados al estar financiados por el presupuesto público sin atender a criterios de racionalidad.

El actual Presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, fue director de Telemadrid y reconoce que cobró del Partido Popular cuando era cronista de ABC, tras aparecer en los papeles de Bárcenas como beneficiario de más de un millón de pesetas de la “contabilidad B” del Partido Popular aunque no aclara que servicios prestaba específicamente sólo “colaboraciones y trabajos”. Además fue imputado por, entre otros, prevaricación y malversación de fondos públicos al contratar una productora externa mientras él mismo ejecutaba una ERE de la televisión pública madrileña que dejó en la calle a casi 900 trabajadores. Otros tres directores generales de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno, Isabel Linares y Manuel Soriano han pasado por dependencias judiciales por un delito de presunta malversación de caudales públicos en la compra, en 2007, de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid por la friolera de 300 millones de euros. El presidente, hasta el pasado mes, de su Consejo de Administración, Arturo Moreno, está vinculado al “Caso Naseiro” que afectó al Partido Popular en los años 90. Además, según denuncian varios medios de comunicación, Telemadrid se ha convertido en una agencia privada de colocación para familiares, allegados y afines del Partido Popular. También hemos tenido constancia de cómo Telemadrid ignoró sus propios medios e hizo, la mayoría por el método digital, encargos a El Mundo TV, por valor de más de 2,7 millones de euros en apenas dos años.

La RTVV Valencia, Canal 9, se cerró tras los escandalosos casos de corrupción en los que estaba inmersa con un agujero de 1.300 millones de euros creados por sus exdirectivos. Cargaban todos los gastos de representación a una cuenta que no se fiscalizaba, pese a que el ente se ha alimentado de fondos públicos desde su fundación. Gastos similares a los de las tarjetas black de Caja Madrid o los de la caja fija de la Generalitat. Entre los años 2010 y 2012 el exdirector general, López Jaraba, gastó más de 100.000 euros en comidas y cenas regadas con vinos y licores exclusivos, y en su etapa, según documentos entregados por un sindicato, se gastaron hasta 80 millones de euros fuera de presupuesto. Según extrabajadores el Canal 9 se convirtió en la Consejería de Propaganda. Programas con una audiencia de 0.5%, como la Tertulia de libros de Sánchez Dragó, se pagaba a 9 millones de pesetas el programa. La manipulación informativa era evidente, recordemos como el día de la visita del Papa los informativos arrancaron con esa noticia y tardaron una hora en hablar sobre el descarrilamiento del metro de Valencia donde murieron 43 personas, el mayor accidente suburbano de la historia de España.

En Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía, dieciséis directivos ganan más que la presidenta del Gobierno andaluz pese a que el Consejo de Gobierno aprobó, hace tres años, un acuerdo estableciendo topes a los suelos de los directivos de las empresas públicas de tal forma que nadie cobrara más que el presidente de la Junta. Los altos cargos de RTVA se llevan unos 2.5 millones de euros al año. Los trabajadores denuncian manipulación en sus informativos e imposición de intereses partidistas. También el Consejo Profesional de TV3, la televisión autonómica catalana, denuncia la manipulación nacionalista y reclaman que se actúe con criterios periodísticos a la hora de hacer programas especiales y se que utilicen los mismos argumentos a los hechos que interesan a los ciudadanos. Consideran que “no es la objetividad con la que se plantean los hechos en TV3, sino la parcialidad con la que se enmarca el conjunto de un proceso muy complejo” y que “como profesionales no podemos engañar a los ciudadanos dándoles propaganda en lugar de información”. Recientemente se ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al haber defraudado la Radio Televisión de Galicia (CRTVG) al menos cuatro millones de euros en las cotizaciones a la Seguridad Social de más de mil trabajadores.

La cúpula de la televisión autonómica balear, IB3, está imputada por un delito de supuesta prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la venta de espacios de publicidad con descuentos de hasta el 96% por debajo del valor de mercado, produciéndose una merma de ingresos deliberados y una competencia ilícita con dinero público. Y entre corruptos anda el juego, hace un año aparecía en los medios que la televisión canaria paga, por asesoramiento que se desconoce, 45.000 euros al año al exdirector general de IB3, Antonio Martorell, imputado en Baleares por una trama corrupta. Fue contratado por el anterior director general de la Televisión Canaria, Guillermo García, imputado por malversación de caudales públicos. Pagó a su antiguo jefe, Francisco Padrón, director de Radio Club, Cadena Ser, que lo promocionó desde su puesto de locutor pinchadiscos a protegido del expresidente de Canarias, Paulino Rivero más de un millón y medio de euros, por una serie cuya emisión no se ha podido certificar pese a las sucesivas requisitorias del Juzgado. La Justicia investiga contratos por valor de 12 millones de euros. Como el contrato, por valor de 2.2 millones de euros, a Lucas Fernández para que, según parece, pudiera embarcarse en la operación de compra de un medio de comunicación, Diario de Avisos, operación al parecer tutelada por el condenado, por prevaricación continuada, exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, imputado en el Caso Las Teresitas. Asimismo, se ha beneficiado de esta presunta malversación el periodista Andrés Chaves al que se atribuye un pago de 15.000 euros por programa de una serie de entrevistas que el Grupo de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz investiga si están por encima del coste de producción y como los cobró dado que desde hace años no presenta declaración de la renta alegando que no tiene ningún tipo de ingresos. Trabajadores de la Televisión Canaria han denunciado como existen “censurados” desde políticos y partidos políticos a periodistas e incluso humoristas, todo aquel que no le rinda pleitesía a Coalición Canaria.

La ley que creó las televisiones autonómicas en 1983 no preveía que iban a costar a los contribuyentes miles de millones de euros y ser sólo un medio propagandístico del poder establecido ya que la especificidad territorial y la cobertura informativa de acontecimientos locales podría solventarse como en Alemania, donde un solo canal federal, la ZDF, tiene tres horas diarias de desconexiones para que los distintos Landër del país den su propia programación diferenciada. Esa si sería una televisión autonómica sostenible y no el gigantesco fraude para los contribuyentes en que se han convertido nuestras TV públicas. Es necesario un cambio radical que erradique las prácticas de oscurantismo, despilfarro y manipulación mediática. El político debe permitir que los profesionales del periodismo ejerzan su trabajo con total libertad e independencia. Sí a una TV pública de calidad y No a una televisión controlada por el Partido Gobernante.

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