Se ha convertido en costumbre, para alegría de los que siempre se alegran con las desgracias ajenas. Cada vez que se abre un debate sobre las columnas del Estado del bienestar, inmediatamente se asume desde todos los frentes que no hay más posibilidad que la de meter la tijera. Da igual que se trate del derecho a la atención sanitaria que a la educación gratuita o a una vivienda digna. Ahora le toca el turno (de nuevo) a las pensiones. Como advirtió Lakoff, el debate se instala de entrada en el marco del pensamiento neoliberal: los humanos viven cada vez más, de modo que la etapa de ancianidad se alarga y el coste de las pensiones públicas será insostenible en el futuro, así que no queda más remedio que ampliar el periodo de cotización y retrasar la edad de jubilación. ¿Seguro que no queda otro remedio? Haría bien la socialdemocracia en evitar su permanente conformismo ante el desmantelamiento lento pero inexorable del Estado del bienestar. Ningún experto niega que la evolución demográfica exige tomar algunas medidas para garantizar el futuro de las pensiones. Pero esto no quiere decir que la única solución sea la de siempre: fomentar los fondos privados de pensiones y recortar el gasto social. Si se empleara el mismo esfuerzo en facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral o en fomentar la conciliación quizás se despejarían algunas nubes sobre las pensiones.