Un nuevo estado de alarma ha sido decretado en nuestro país. La segunda ola hace estragos y vuelven a endurecerse las medidas para intentar controlar la curva de contagios y muertes diarias, que siguen ascendiendo de manera preocupante.

La mayor parte de las restricciones sociales que se han implantado se dirigen a contener la movilidad geográfica, las aglomeraciones de gente y limitar la circulación en ciertas franjas horarias.

Nadie, salvo esa minoría casposa que aun piensa que el fantasma de Mao Tse-Tung ordenó al actual Gobierno chino fabricar un virus para infectar el planeta e imponer un nuevo orden mundial, puede oponerse a tomar medidas de calado como las aplicadas por el Gobierno Central y muchas autonomías. Pues como se suele decir “a grandes males, grandes remedios”.

Junto a estas restricciones que lógicamente suponen una disrupción de nuestro modo de vida habitual, han llegado iniciativas como la aplicación masiva de ERTE´s para evitar la destrucción (al menos temporal) de miles y miles de puestos de trabajo o el Ingreso Mínimo Vital para amparar a los más vulnerables, que habrían sido impensables de haber estado al frente un gobierno de otro signo.

Sin embargo, para la mayoría social, es decir, las trabajadoras y trabajadores, nuestra vida gira en torno al empleo. En general, es el lugar donde más horas pasamos al día, sobre todo si le sumamos los tiempos de desplazamiento. Y, por tanto, tendrían que ser las empresas, los centros de trabajo y los medios de transporte, el foco fundamental donde centrar las políticas sanitarias de prevención y lucha contra el COVID-19.

Las imágenes diarias de hacinamientos en el transporte público son bochornosas. Los efectos de las políticas de recortes y desmantelamiento de lo público están mostrándose con toda crudeza. Más personal sanitario, más rastreadores, activar todos los recursos disponibles, reforzar la educación, los servicios de dependencia, crear un parque de vivienda pública que evite hacinamientos, aumentar plantillas y frecuencias del transporte público… son medidas necesarias, imprescindibles.

En el ámbito laboral, las patronales presionan con fuerza para conseguir que los Manuales de Prevención frente al virus -publicados por el Ministerio de Sanidad- sean cada vez más laxos e Inspección de Trabajo parece conformarse, en especial en las empresas públicas, con revisar lo que los Directivos ordenan redactar en los diversos protocolos. Parecen haber olvidado que “el papel todo lo aguanta”. Nadie nos puede culpar por sentir que justo donde más falta hace medidas que nos protejan y también a nuestras familias, es precisamente donde son más limitadas y menos se vela por su estricto cumplimiento.

Todo vale con tal de no alterar el ritmo de producción y la generación de ganancias. Incluso poner en riesgo nuestra salud, nuestra vida y la de nuestro entorno social. Sin ir más lejos, Correos, donde trabajo desde hace muchos años y cumplo funciones como delegado sindical desde hace muchos menos, a pesar de ser una empresa pública, sirve como cruel demostración de que la lógica privada de “el beneficio ante todo” se ha impuesto como norma rectora.

Mientras hacia fuera proyecta una imagen de responsabilidad y compromiso en la lucha contra la pandemia, como el precioso sello en reconocimiento del personal sanitario y los trabajadores esenciales, intramuros la función se vuelve un drama.

Al incesante ninguneo de nuestros derechos, arrinconamiento del servicio público (primando el negocio con las grandes multinacionales) y los problemas ya crónicos de falta de contratación, sobrecarga de trabajo e imposición de ritmos insoportables, así como el creciente autoritarismo y los permanentes abusos de muchas Jefaturas, ahora hemos de sumar el “destrozo” que está suponiendo el COVID.

Hablamos de un goteo permanente de contagios en carterías, oficinas y grandes centros. Secretismo de muchas jefaturas ante los casos positivos y todo tipo de infracciones de los protocolos, a sabiendas de que difícilmente alguna autoridad laboral o judicial les hará pagar por sus acciones contra la salud pública.

El trabajo sigue siendo la columna vertebral de cualquier sociedad. Y, por ello, las relaciones laborales son el mejor termómetro para evaluar el bienestar de la misma. Mientras las decisiones políticas no logren introducirse con profundidad en el ámbito laboral será muy complicado superar la pandemia.

Mientras la democracia choque con el cierre perimetral establecido por los directivos en las empresas, nuestros derechos como trabajadores seguirán condicionados a la voluntad del dinero, en permanente estado de alarma. Romper esas “pequeñas dictaduras” es una tarea fundamental del movimiento obrero de nuestro tiempo.

Mario Murillo (@MarioMurilloPTD) Trabajador de Correos y sindicalista

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