José Manuel Lechado

Periodista y Escritor

La llamada por el gobierno «Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana» y conocida popularmente como «Ley Mordaza» (otro apelativo adecuado sería «Ley de Represión Ciudadana»), junto a la reforma paralela del Código Penal representan una ampliación de la legislación previa («Ley Corcuera», del PSOE), que ya era de por sí bastante represiva.

La normativa que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2015 contiene, sin embargo, algunas peculiaridades jurídicas que contravienen los principios fundamentales del Derecho, además de violar normas vigentes del propio Estado español. A saber:

1. Violación del principio de Seguridad Jurídica. Es uno de los pilares del Derecho, el cual permite al ciudadano saber a qué atenerse en el terreno legal. La nueva norma, empero, deja al arbitrio de policías y otros delegados de la autoridad —ajenos a la judicatura— decidir qué es delito y qué no, según su ocurrencia y el humor del momento. Todo gracias a la redacción extraordinariamente ambigua de la ley, que incluye gran cantidad de tipos delictivos, pero no los define.

2. Violación del principio de Igualdad ante la Ley. La nueva norma da poderes de excepción a los representantes del poder ejecutivo. Esto implica, entre otras cosas, que la palabra de un agente de policía tiene más valor que la de otro ciudadano. Esto no es nuevo, pues la legislación ultraderechista de los últimos años ya abundaba en este particular. La Ley Mordaza simplemente refuerza esta situación de injusticia e indefensión para los ciudadanos.

3. Ruptura del principio de Separación de Poderes. Al dejar en manos de agentes de policía la imposición de sanciones administrativas (multas) sin trámite judicial, lo que se está haciendo es dar al poder ejecutivo facultades judiciales. Esto permite, entre otras cosas, que el gobierno de turno pueda ostigar a capricho a sus adversarios; o peor aún, que un policía pueda imponer multas a placer, incluso para satisfacer venganzas personales.

4. Ruptura del principio de Universalidad de la Ley. O lo que es lo mismo, la nueva norma incluye gran cantidad de artículos redactados ad hominem: dirigidos contra una persona o colectivo en concreto. La ley es transparente en este sentido: persigue todas las formas de protesta contra el desgobierno de la ultraderecha. Por citar sólo un ejemplo, no hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación cuando, al castigarse con severidad la escalada de edificios y el despliegue de pancartas en fachadas, se está legislando de forma expresa contra cierta famosa ong, la única que realiza este tipo de protesta acrobática.

5. Vulneración del principio de responsabilidad personal, el cual señala que cada persona es responsable exclusiva de sus propios actos, no de los de otros. Sin embargo, la nueva ley prevé, por ejemplo, castigos terribles para los organizadores de una manifestación durante cuyo transcurso se produzcan disturbio, con independencia de que los dichos organizadores participen o no en los desórdenes.

Aparte, la normativa aprobada por el gobierno de Rajoy Brey vulnera y contradice diversos preceptos legales del Estado español, en particular derechos y libertades reconocidos en la Constitución de 1978. Por ejemplo, los derechos de manifestación y huelga, o libertades como las de expresión y libre pensamiento. No obstante, como la constitución española vigente es bastante ambigua y remite lo fundamental de su desarrollo a leyes posteriores, es posible que, al menos en este aspecto, la Ley Mordaza no vulnere la letra del texto constitucional, aunque sí su espíritu.

En última instancia lo que revela esta norma de inspiración fascistoide es el miedo que atenaza, desde el primer día de la legislatura, al gobierno ultraderechista del Partido Popular presidido por Rajoy Brey. Un miedo que se refleja simbólicamente en el blindaje policial del entorno del Congreso de los Diputados desde que el temeroso presidente gallego accedió a la silla y que esta ley remacha para vergüenza de un país que se permite el lujo de tener gobernantes así.