La sentencia de la Perla Negra (amaños y corruptelas en torno al edificio de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda / Valladolid) y el fallido Polígono de Portillo (pelotazos empresariales y sobreprecios en unos terrenos a 25 kilómetros de la ciudad) es el relato de cómo altos cargos del Partidos Popular en la Junta hundieron una empresa pública “en connivencia” con empresarios afines. Sus 309 páginas acreditan el funcionamiento del capitalismo de amiguetes. Nos muestra a una Consejería de Economía protegiendo intereses especulativos privados. La sentencia relata parte de la historia del pelotazo (más de 13 millones) de un grupo de empresarios que se enriquecieron gracias a la información privilegiada (antes y después de la entrada formal de la Junta en los casos), la malversación de caudales públicos y la prevaricación administrativa (los tres delitos del fallo). Es también la realidad de un inexistente polígono cuyos terrenos compró la Junta ¡en plena crisis de 2010! a precios descontrolados para beneficio de unos empresarios y, por ende, perjudicando las arcas públicas de esta Comunidad. Eran tiempos de empobrecimiento social y austeridad para la mayoría.                              

La sentencia condenatoria de la ‘Perla Negra’ (tres altos cargos de la Junta: Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán y seis empresarios) ha perdido actualidad a ritmos vertiginosos. ¿Sorprendente? No. Como tampoco sorprende el locuaz silencio del presidente Alfonso Fernández Mañueco que estuvo sentado en el Consejo de Gobierno regional (2001-2011) y en la secretaría autonómica del Partido Popular (2002-2017) mientras se gestaban los dos escándalos.

La sentencia publicada hace dos semanas acredita que el exviceconsejero Delgado (el único que podría ingresar en prisión: dos años y seis meses por malversación), el mayor hombre de confianza del fallecido exconsejero Tomás Villanueva, filtró a empresas amigas, meses antes de que llegara al Boletín Oficial, el pliego de condiciones para alquilar con opción a compra ese edificio oscuro de Arroyo (Valladolid) que albergaría órganos y servicios de la Consejería con el apodo de “Soluciones Empresariales” y el mote de ‘Perla negra’. Meses antes de la publicación y adjudicación del concurso se pusieron ya a trabajar a sabiendas de quién sería la empresa beneficiaria. Incluso la adjudicataria Urban Proyecta PM3 (pequeñas condenas a Germán José Martín Giraldo y a Ángel Román López Montes) compró y escrituró los terrenos antes de la adjudicación. Delgado les favoreció también reduciendo a la mitad el tiempo del concurso, de un mes a quince días. Pretendieron sin éxito recibir más de 4 millones al año por el alquiler y hasta 72 en caso de ejercer la opción de compra por la Junta. Pero la Mesa de Contratación pública frenó y condicionó los favores y aplazó el precio de compra-venta a una tasación oficial al final de la obra. Urban no lo aceptó. Delgado y Villanueva se plegaron a su exigencia; archivaron el expediente y en tiempo récord lo trasladaron a la empresa pública Gesturcal, cuyo consejero delegado era el ahora condenado Juan Carlos Sacristán. Allí ya, sin controles, sin transparencia y sin informar al consejo de administración, Urban logró lo que no obtuvo ni siquiera en un concurso amañado. Delgado, con el beneplácito de Sacristán (condena de inhabilitación), otorgó a Urban “una posición ventajosa”, en palabras del juez, “con la expectativa de obtener importantes beneficios económicos”, sin informes que acreditasen la necesidad del edificio e inicialmente sin la preceptiva autorización de la Consejería de Hacienda. Delgado ejerció una “defensa vehemente de la operación” en el consejo de Gesturcal.

A la vista del escándalo que iba creciendo, descartaron el abusivo alquiler y lo vendieron a la Junta por 52 millones (casi 20 menos); pero Delgado llegó a pagarles bajo cuerda 4,5 millones adicionales sin el permiso preceptivo del consejo de administración (“se pretendió ocultar” la transferencia (… ) constituyendo “una situación de ilegalidad” / págs. 123-126 de la sentencia); y con la oposición acreditada de Armando Baeta, director de Presupuestos y consejero de la empresa pública. La hoy condenada exviceconsejera Begoña Hernández (inhabilitación) avaló como presidenta de Gesturcal desde finales de 2007 la adjudicación irregular a Urban y los precios excesivos. El hoy parlamentario autonómico del PP, Pablo Trillo, le contó al entonces presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera en persona lo que estaba pasando en Economía (antes lo hizo con Villanueva) e incluso se dirigió a él ¡por escrito! para alertarle de lo que estaba ocurriendo. [Y por eso hoy surge la pregunta: ¿Cómo es posible que Herrera mantuviera en la Junta a Villanueva y a algunos altos cargos de su Consejería en 2011 tras los avisos de Trillo y las notables discrepancias de altos cargos de la Consejería de Hacienda de Pilar del Olmo e incluso de Economía?]

Pero sigamos. Urban también aparece beneficiaria en el caso del polígono. La sentencia nos habla de pelotazos empresariales de más de 13 millones en el fallido parque empresarial antes de que oficialmente entrara la Junta (¿Hubo informaciones previas verbales de amigos?); de “interposición de empresas” con similar accionariado (Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva y Luis Ángel Rodríguez: Parque Empresarial Portillo y Cementos La Bureba… se venden y compran fincas subiendo su precio para luego hacer caja con la venta a la pública ADE-Parques). La sentencia nos habla de las relaciones entre los hermanos Esgueva: uno (Alberto) alto cargo de la Junta y amigo del condenado Rafael Delgado y otro (Francisco, condenado a pequeñas penas), uno de los seis empresarios condenados; nos habla también de “enmascarar” y “disfrazar” incrementos patrimoniales artificiosos y abusivos; “de pagos injustificados y totalmente improcedentes”; de sustracción o desviación de fondos en beneficio de un tercero (Urban); de ignorar las recomendaciones de la Tesorería y de los auditores de la propia Junta; de obviar la firma de contratos con empresarios condenados a sabiendas de su ilegalidad; de firmas a espaldas de los consejos; de pago de facturas indebidas; de arbitrariedad; de ilegalidades; de “connivencia” entre Junta y empresas; de “perjuicio a los fondos públicos mediante ilícitas formas de actuar” (de Rafael Delgado); de compras “lesivas” para la sociedad; y de un ¡sobreprecio de dos millones de euros! Y sobre todo, de “una contratación tan grave que fue decisiva para determinar la extinción de la empresa pública (…) Tan grave resultó “el deterioro de la entidad” que la llamada ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2014 (artículo 25) certificó el hundimiento y el final de Ade-Parques. Llegó a acumular una deuda de 300 millones y sus pérdidas rozaron los 100.

La gravedad del relato judicial contrasta con unas condenas que han sido rebajadas sustancialmente por unas “dilaciones” judiciales de dos años y medio y en algún caso (revelación de secretos de Delgado) por haber prescrito. Incluso las indemnizaciones (6,5 millones) por los perjuicios a las arcas públicas están muy alejadas de las peticiones de las acusaciones (16 millones Fiscalía y Junta y 50 millones el PSOE).

La sentencia de la Perla Negra y el Polígono de Portillo nos muestra también la dignidad de un trabajador (Jesús Carlón) de la pública Gesturcal, posteriormente denominada Ade-Parques Tecnológicos, que mandó “a periódicos de Zamora, Palencia y León” una denuncia titulada ‘El hundimiento impune de una empresa pública’; un escrito que el silencio mediático acalló inicialmente, pero que finalmente llegó a la Fiscalía Anticorrupción por otros compañeros que vieron cómo la asfixia de la empresa pública Gesturcal mandaba al paro a varias decenas de trabajadores. Esta parte del relato judicial y la veloz pérdida de actualidad del caso nos remite al control de los medios y a esa censura normalizada que la publicidad institucional de la Junta provoca demasiadas veces en las empresas periodísticas dominantes. Hubo un tiempo en esta Comunidad en el que la cúpula del Gobierno regional se acojonó con la deriva judicial de la Perla Negra y llamó a directores para controlar esa información [Si alguien desmiente esto, que me llame y le ayudaré a refrescar la memoria]… Tiempos en los que el dogma herreriano de que Castilla y León no estaba en el mapa de la corrupción se tambaleó.

Han pasado dos semanas y Mañueco guarda silencio sobre esta primera sentencia de corrupción en CyL. El 30 de julio de 2020, cuando no tuvo más remedio que acudir a la comisión de investigación de las Cortes autonómicas, le preguntó el procurador socialista José Francisco Martín si consideraba moral el comportamiento de los implicados en la ‘Perla Negra’. Eludió pronunciarse: “Serán los tribunales los que dicten sentencia”, respondió. Hoy, cuatro años y medio después, con la sentencia ya en la mano y con el monopolio de quien tiene toda la información en su poder, Mañueco guarda silencio. La prensa afín le rinde pleitesía y evita molestarle. Ni siquiera ha tenido un gesto de empatía con aquel trabajador de Gesturcal que anticipó, con gran coste personal, el “hundimiento impune de una empresa pública”. Al menos esta vez una parte de la verdad se ha impuesto frente a quienes hoy tratan de minimizarla o incluso ocultarla.