Como es sabido, en un plebiscito suelen ponerse en el tablero cuestiones que no tienen que ver con la pregunta que se plantea formalmente. También se visiona al final una foto fija del país que vota, más allá de un SÍ o un NO. En la Consulta del domingo en Colombia afloraron cuatro factores que no aluden directamente a la aprobación o negación de unos acuerdos con las FARC, que ya habían sido firmados varias veces y publicitados por parte del presidente, sus delegados y el jefe de la guerrilla en distintas ocasiones: La Habana, Naciones Unidas, Cartagena de Indias…

En primer lugar, una inmensa mayoría ─en este caso un 63% de colombianos─ que decide no salir de sus casas, porque se lo impide una climatología dura, sin infraestructuras ni transportes adecuados, o simplemente porque tienen problemas más inmediatos de los que preocuparse, derivados de una pobreza e indigencia que afectan a más de la mitad de la población, especialmente en la Colombia rural.

Luego, dos factores decisivos y de alguna forma encadenados que inciden en este país prácticamente desde hace más de un siglo: la raíz conservadora de su población, irracional y manipulable por iglesias, caciques locales y regionales y, en general, una casta política sin escrúpulos, sumada a un anticomunismo bien insuflado desde la Guerra Fría a partir de la Política de Seguridad Nacional dictada por Estados Unidos, cuya embajada en Colombia es, por cierto, una de las más nutridas del mundo.

En tercer lugar, un presidente impopular, como Juan Manuel Santos, cuya batalla de fondo es el cambio de Colombia desde una derecha montaraz de vieja escuela al servicio de una sociedad caciquil, ganadera y desfasada respecto a la globalización, a una derecha “civilizada” que produzca los cambios necesarios para un liberalismo moderno, con pocas ínfulas sociales pero adecuado al capitalismo del siglo XXI.

Finalmente, representando de alguna forma lo que Kantor llamaría “la clase muerta”, el ascenso de un populismo rampante conservador que encarna el expresidente Álvaro Uribe, subido en el caballo del rechazo a las FARC que late en un amplio sector de la sociedad colombiana y que él ha metabolizado en una campaña contra los acuerdos firmados por el presidente Santos y Timoleón Jiménez, Timochenko, después de cuatro años de negociaciones, que significaban el fin de una guerra de 52 años y que, innecesariamente cual brexit británico, se sometieron a aprobación popular el pasado domingo, desconociendo que a los referéndums los carga el diablo.

En definitiva, el primer resultado evidente de lo que sucedió el domingo es que sigue la guerra más antigua del hemisferio occidental. Los frentes de la guerrilla, que aparecían tan esperanzados y optimistas en los reportajes de su X Conferencia, regresan al monte armados, en medio de una tregua que cualquier incidente podría letalmente interrumpir.

Uribe centra su alternativa en “renegociar” los acuerdos firmados por Santos y las FARC en varios aspectos: eliminar la Justicia de Paz y lo que considera “impunidad” ─en resumen, que los dirigentes de las guerrilla vayan a la cárcel─; volver a considerar condenable el narcotráfico, absuelto ahora como “conexo” a la rebelión; eliminar la posibilidad de que las cabezas de las FARC puedan hacer política; y otros aspectos que presentan solapadamente, como que no se toque el statu quo del campo colombiano y se suspenda la entrega de tierras a los campesinos expropiados ilegalmente o que carecen de ella, y se suspenda el programado censo rural para que se conozca la realidad de un sector que ha sido el origen histórico de la violencia en Colombia.

En definitiva, la “renegociación” de los acuerdos que propone el uribismo no será más que marear la perdiz mientras el sistema de paz y los apoyos internacionales de Santos pierden fuerza. Este lunes ha dimitido el máximo representante del presidente en La Habana, Humberto de la Calle, y la gestión del presidente va perdiendo fuelle, puesto que todo lo había apostado al cierre exitoso del proceso de paz.

Al mismo tiempo, los apoyos políticos de Santos se van alejando del presidente y la llamada “Unidad Nacional” es una jaula de grillos en la que los jefes de fila tratan de situarse en la línea de salida de la inevitable sucesión presidencial. Todo en un momento en el que los esfuerzos por cerrar el asunto de paz aplazaban todos los demás problemas nacionales: el económico, con una Reforma Tributaria cuya probable impopularidad se aplazaba a la firma de la paz; la seguridad, con la negociación con la guerrilla del ELN pendiente; y con bandas criminales en crecimiento por todo el país.

Frente a la situación de Colombia, arrollada por el avance de un populismo derechista rampante, que no propone otra cosa que mostrar cómo el expresidente Uribe, si se eliminara la prohibicción constitucional para un nuevo mandato, podría “arreglar” los problemas del país, con el santismo en retirada… sólo se ve como real oposición a una izquierda anémica, dividida y desnortadada, a la que la desaparición de la guerrilla proporcionaba un oxígeno imprescindible entre la sociedad civil y que hoy trata de situarse como opción de futuro seria y con capacidad de gobernar, en una incierta carrera de fondo.

El futuro próximo para Colombia estará presidido por la inestabilidad. O por el título de la gran novela de Antonio Caballero: "Sin remedio”.