Prevaricación y palabra de UCO

Conocen mejor que yo, seguro, la máxima sobre la presunción de inocencia de este maltratado sistema judicial nuestro: In dubio pro reo, esto es, En caso de duda, a favor del acusado; o sea, si no hay pruebas, no hay condena, por muchos indicios que puedan apuntar a que el sujeto juzgado es culpable en función del relato creado. El relato, ¡ay... ! Los indicios no son pruebas, por más que la policía judicial y alguna prensa aguerrida se empeñe en lo contrario y los jueces (y demasiados medios de comunicación) lo asuman como palabra de dios en demasiados casos. Caso informado, caso cerrado, dicen ahora con los informes de la UCO: in dubio contra reo, o así. El de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, es una de esas delirantes causas y hay razones de sobra, después de su condena por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz, para echarse a temblar cuando la Guardia Civil deduce que eres culpable, aunque esa no sea la función de la UCO ni de la UDEF ni de policía judicial alguna en un Estado de Derecho. En el caso de David Azagra, su nombre artístico, no obstante, si el teniente coronel Antonio Balas dice que eres culpable ante un tribunal, pese al testimonio contrario de la inmensa mayoría de testigos, compañeros/as y hasta competidores en el puesto por el que le han condenado, para los jueces de ese tribunal, estás sentenciado. A los hechos, todos, me remito, y todo mi respeto por el sacrosanto Balas; en otro momento hablaremos de él.

La perspectiva de esta plumilla es la suya, paciente lectora, quizás un poco encallecida por circunstancias personales que no vienen al caso, pero es esencialmente la de una ciudadana de a pie que asiste y analiza perpleja una acción judicial que desborda, con mucho, a la política embarrancada sin poder de maniobra, por un lado, y con toda la maniobra pasiva a favor por el otro. Un tal David Sánchez ha sido condenado por prevaricación sin aclararse quién estaba detrás de esa operación criminal para crearle un puesto a medida por ser el hermano de quien es presidente del Gobierno desde 2018, que ni lo era cuando se creó el puesto de Azagra ni lo soñaba siquiera cuando lo echaban a patadas de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz. No obstante y literal, leemos en la sentencia condenatoria: "No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea del torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. Los jueces no saben, "en suma", quién ejecutó el "influjo" o conjuro, porque suena a conxuro, ya que estamos entre gallegas, para que hubiera prevaricación -un delito exclusivo de autoridades, jueces y funcionarios públicos-, pero sí que hubo prevaricación porque el tribunal así lo infiere, deduce o desea, éste que es un tecnicismo jurídico de nuevo cuño y que se refiere a aquello que anhela con mucha pasión patriota el tribunal; sea en función de sus inclinaciones políticas o sea en la de las prioridades de la acusación popular, en el caso del hermano del presidente del Gobierno y en casi todos, la ultraderecha militante con el PP al fondo, un partido que ya se ha difuminado con Vox desde que Feijóo se dio a sí mismo por amortizado, y antes de que lo hiciera Ayuso, supongo.

Pensar que David Sánchez pudo meter un pie por delante de otro que había llegado antes, aunque fuera su otro y propio pie, es legítimo y hasta normal en esta España nuestra; se lo dice una gallega que convivió en Galicia con baltares, cacharros, fragas y narcos financiadores y asesinos. Entender que hay un Poder entogado y blindado para no ceder el santo sitio que le fue concedido en una transición mal entendida es otra cosa, y no es cuestión de partidos, sino de límites democráticos. Hoy le toca al hermano de Sánchez, mañana a su esposa y pasado, su dios dirá, pero no aprendemos y hasta callamos, que es la peor de las resignaciones.