ARIEL JEREZ

El 18 de julio, la dictadura franquista conmemoraba con un día festivo el golpe de Estado bautizado en sus políticas de memoria como el día del glorioso alzamiento nacional organizando recepciones con el cuerpo diplomático en el palacio de La Granja de San Ildefonso. En las imágenes del NO-DO se puede ver la evolución de estas galas desde las primeras celebraciones con pocos invitados extranjeros, muchos saludos brazo en alto y alguna presencia tenebrosa como la de Millán Astray. Se aprecia, año tras año, cómo la estética militar se mitiga y el aval americano va ampliando la representación extranjera. En las últimas conmemoraciones aparece un Caudillo cada vez más decrépito, acompañado por los príncipes de Asturias, futuros reyes de España, dando ya la engañosa imagen exculpatoria de ser un “dictador más mediocre que sanguinario” a pesar de que todavía tendría fuerza para firmar algunas condenas de muerte más.

Los primeros recuerdos que brotan entre las varias generaciones que tienen memoria en la localidad segoviana son más bien la novedad glamurosa y festiva: los cochazos cadillacs, los vestidos de las señoras, las artistas invitadas como la Flores o la Piquer, los jardines arreglados para la ocasión que podían visitar en los días siguientes y, en menor medida, el dispositivo de seguridad que tomaba el pueblo. Según con quién se hable, surgen relatos que recuerdan a represaliados encerrados en el cuartelillo o temporalmente desterrados y, con mayor dificultad, menciones al dolor por los tempranos fusilamientos y desapariciones de la guerra civil. Se cree que pudieron cometerse más de 200 asesinatos en este pueblo, republicano y de izquierdas a pesar de su dinámica cortesana, ya que sus fábricas de cristal y de maderas en Valsaín reunían uno de los núcleos proletarios más importantes de la provincia castellana.

En este pueblo, como en tantos otros, en las conversaciones con los mayores se pueden apreciar distintas situaciones de superación personal de su condición de víctimas de guerra, represión, incautaciones, destierro. La muerte, el dolor y el miedo han marcado durante años a muchas familias, que han terminando elaborando un olvido personal incómodo y culposo, muchas veces incluso vergonzante y condenatorio de sus mayores que se habían significado políticamente. Llama la atención cómo la mayoría de hijos y nietos, en buena medida, ignoran este pasado y, al menos en principio, rehúyen cualquier posibilidad de recuperación preguntando por su sentido y alertando de los riesgos de remover el pasado.

Los equilibrios políticos de la “transición democrática” obligaron a pactar, entre otras muchas cosas, el olvido del trauma colectivo. Ese pacto fue operativo hasta hace escasos años, cuando la generación de los nietos rompió el silencio haciendo exhumaciones que marcan el inicio de un reclamo creciente de políticas de memoria. La derecha se anticipó rápidamente en los medios de comunicación, alertando de los peligros de vulnerar todo lo pactado en la transición. Sus medios de propagación del revisionismo histórico reprodujeron las tesis franquistas, la igual responsabilidad de la violencia de ambos bandos, consiguiendo lastrar la postura tímidamente receptiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la elaboración de la llamada Ley de la Memoria Histórica.

Un ejemplo de esto lo sufre la concejala socialista de Pedro Bernardo (Ávila), Isabel Fernández, que ha promovido, con escaso apoyo institucional, la retirada de una placa falangista de la fachada de la iglesia local. Nieta de uno de los republicanos desaparecidos en el pueblo, se ha enfrentado a serias presiones del cura, que solivianta a algunos vecinos recalcitrantes del pueblo, y de los poderes eclesiales regionales. Será uno de los muchos ejemplos que se darán en todo el país para ver si esta ley permite avanzar a las personas y entidades que participan en muchas iniciativas: recuperar restos de familiares para enterrarlos con dignidad; retirar o transformar símbolos franquistas cuyo supuesto valor histórico difícilmente puede evitar que su carga de dominación sea para muchos una hiriente imposición; promover homenajes públicos, centros de memoria y símbolos en recuerdo de las víctimas del franquismo. Son colectivos y activistas que se esfuerzan por conseguir el encuentro asociativo de familiares, vecinos, grupos de investigadores, educadores, libros, documentales y exposiciones que sirven tanto para dignificar vidas dolidas como para generar conciencia histórica entre las generaciones más jóvenes.

No valorar el significado social, cultural y político de este campo de iniciativas para remover los residuos del imaginario franquista –hoy funcional al rescate de esencias identitatarias con las que neoconservadores, fundamentalistas religiosos y racistas convergen para esconder los problemas de la globalización–, puede debilitar todavía más la posición estratégica de los sectores progresistas. Volver a prescindir de los que ayer se “significaron políticamente” para transformar una sociedad opresora, para defender la democracia y la ciudadanía, y de los que hoy se significan social y culturalmente en estas nuevas redes participativas, sin duda debilitaría el pensamiento crítico y reafirmaría las tendencias apáticas que refuerzan el autoritarismo de nuestra cultura política. Además de necesario, parece posible revisar una política de olvido trazada hace treinta años en condiciones muy diferentes, lo que no dejaría de ser la culminación de una normalización democrática tras una transición en este aspecto muy poco ejemplar.

Ariel Jerez es profesor de Ciencia Política en la UCM y colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Ilustración de Mikel Jaso