De 'Aló, Presidenta' a la BBC madrileña

Primero las cifras. Con un 4% de audiencia, Telemadrid es la menos vista de todas las cadenas autonómicas. No es, por tanto, una televisión de interés público: ni lo representa ni le interesa a la audiencia. La mayoría social de la Comunidad de Madrid le da la espalda. Entonces ¿a quién sirve? En la actualidad hay un directivo (muchos, con contrato blindado) por cada 10 profesionales: 30 cargos (llegaron a superar los 40, nombrados a dedo) y 309 trabajadores. Pero los recortes sólo afectaron a estos últimos: el ERE de 2013 despidió al 90%.

Sin audiencia y sin funcionarios, con cargos que solo son cargas económicas, TeleMadrid es el botín de quien gobierna y un pesebre gubernamental más.

La viabilidad económica de la Radio Televisión Madrileña (RTVM) está amenazada. La saqueó una minoría que puede acabar convirtiéndose en propietaria. Si PP y Ciudadanos pactan, privatizarán TeleMadrid y Onda Madrid. El clientelismo y la corrupción –las bases de unos contratos de producción externa, fuera de los precios de mercado– hacen insostenible el modelo. Argumentarán exceso de plantilla y oferta no competitiva. Ocultarán que la arruinaron, usándola como comedor VIP de sus amiguetes. “81 euros por minuto. 562 euros diarios'', llegó a cobrar Hermann Tertsch. 1,2 millones de euros costaron los programas de Fernando Sánchez Dragó.

Instrumentalizaron la radiotelevisión pública. Degradaron la programación –sobre todo, los informativos– y saquearon sus presupuestos, como en otras tantas instituciones, a favor de sus conmilitones. Y ahora –con el precio de venta por los suelos– se la entregarán a otro amiguete, viejo conocido o nuevo por conocer. Que nadie se llame a sorpresa o se sienta engañado. Invertirá lo mínimo para lograr la máxima cuota de pantalla: más tertulias como El Gato al Agua. Gasolina para la crispación; con especial énfasis en la autonómica. ¿Distensión y reconocimiento mutuo del nacionalismo español con los periféricos en una parrilla cocinada por CC? Ni Creative Commons ni Coalición Canaria: Cifuentes + C’s. Coalición en Madrid se escribe con esas dos C; eso sí es seguro.

Apenas cuatro de cada cien madrileños echarán en falta Tele y Onda Madrid. Porque NO nos representan. La llaman radiotelevisión pública y no lo es. Ni siquiera le sirve a la casta catódica de brazo propagandístico. Por eso Aguirre ejecutó el ERE con idéntico coste –10.6 millones– que sus gastos en publicidad institucional. Nadie llorará por la radio y la televisión madrileñas cuando estén muertas. Y, sin embargo, debiéramos. Por haber perdido la posibilidad de disfrutar un modelo de servicio público y profesional: en manos del público y avalado por la valía de sus trabajadores. Realizada por los mejores profesionales y con los mejores medios. Como la sanidad o la educación públicas. Como la BBC.

Ése es el modelo que defiende Podemos y, en concreto, su candidato a la presidencia de la Comunidad: José Manuel López Rodrigo. Lo defiende frente al Aló, presidenta, que es hoy en día la programación de Telemadrid. Y frente a un nuevo canal del TDT Party, el muy posible fruto podrido de una privatización consensuada con Ciudadanos.

Ante la inexistencia de programa electoral sobre la RTVM por parte de sus adversarios, José Manuel López propone abrirla a la vida social y cultural de la CAM (no sólo de Madrid capital). Para ello se creará un Patronato que asegure la representatividad de la sociedad civil. Siguiendo el modelo nórdico, incluirá a los sectores culturales y académicos, al mundo de la economía privada y de la no lucrativa, a las asociaciones deportivas y musicales, las ecologistas y los movimientos sociales.... Sus prioridades serán (1) regular el derecho de acceso, recogido en el art. 20.3 de la Constitución y no legislado aún; (2) elegir puestos del Consejo de Administración, que así dejará de ser el calco exacto de los escaños en la Asamblea de Madrid; y (3) al Defensor del Público Madrileño, una figura independiente que, entonces sí, defenderá a la ciudadanía como usuaria de lo que es suyo.

La propuesta no es trivial. El derecho de acceso es el de la sociedad civil a la esfera pública. El control mediático se comparte entre representantes parlamentarios y representados. Y, finalmente, se institucionaliza la (auto)defensa del público. Un público que, por fin, se considera mayor de edad para hablar y representarse por sí mismo, para gestionar las instituciones en defensa de su derecho a una información veraz y a contenidos que no agredan su dignidad.

Es un plan de coste cero, como exigen los tiempos y el sentido común. No más de cinco directivos. Y un Consejo de Informativos que devuelva la credibilidad y el rigor a unos noticiarios tan degradados, que basculan entre la propaganda del NODO y la bazofia infocomercial de las teles privadas. Urge una gestión independiente, en conexión con los actores empresariales, para visibilizarles en pantalla e impulsarles con las cuotas de producción propia. Una RTVM conectada a los medios locales y los nodos de información ciudadana más activos y veraces, incluyendo, por supuesto, a los medios sociales: “Para cumplir con la legislación y las directivas internacionales que obligan a reservar radioespectro para las iniciativas del Tercer Sector, se crearán Canales de Acceso Ciudadano de radio y televisión, inspirados en la experiencia de los Open Channels de muchos países de Europa”.

Se propone, a fin de cuentas, normalidad profesional y democrática. Gestión con cargos directivos elegidos en medio de la legislatura; dotándoles así de autonomía y autoridad frente a gobiernos de distinto signo. Gestión participativa y participada de un servicio público y de interés público, a través del Patronato de la RTVM y, en colaboración, con medios privados y sociales. Todo ello dentro de un modelo de nueva economía. Gestión transparente, con una web que desglose partidas presupuestarias, publicite los concursos, costes de programa y salarios. Y que también sea canal de participación: acogiendo propuestas de programas, campañas de micromecenazgo y coproducción... En suma, más innovación, más tecnologías de la comunicación y del conocimiento que ladrillo.

Imaginen el repertorio de iniciativas que están por ensayar para alcanzar una producción audiovisual propia, ligada a una nueva matriz productiva y centrada en plasmar la realidad más próxima. Una RTVM que funcione como motor del tejido mediático, cinematográfico y tecnológico. Principal promotora y cliente del sector de la comunicación, local y con proyección global. Con contratos y marcos estables de colaboración con productoras madrileñas, empresas emergentes o start ups tecnológicas. ¡Ah! Y que salvaguarde el bien común que representa el archivo audiovisual de la CAM. Ese registro cotidiano de nuestro presente y repositorio de la memoria colectiva debe ser de dominio libre, sin limitación de copia, difusión y uso. Que por algo lo pagamos, ahora. Y pronto lo protagonizaremos.

Yo me lo creo. Quien lo propone, José Manuel López Rodrigo, es un ingeniero agrónomo. Sabe roturar nuevos campos, planificar y gestionar. Con números incontestables materializa, pone en práctica, valores firmes. Diseña planes de acción estratégica, de defensa y reinvención de los servicios públicos y el bien común. Nunca, hasta ahora, ocupó un cargo en un partido. Nunca trabajó para grandes corporaciones. Y no le faltaron ofertas. Le conozco por haber colaborado juntos en la radio comunitaria, elaborando materiales pedagógicos sobre migración, publicando artículos sobre exclusión mediática en la Revista de Documentación Social que dirigió durante años, leyendo los informes FOESSA que coordinaba... Con ese bagaje y ya desde la Administración, José Manuel dialogó con todas las confesiones religiosas, representando un proyecto de convivencia por encima del PP y el PSOE. Sin pertenecer a ninguna de sus familias. La suya no tiene otro patrimonio que el trabajado, siempre más en beneficio ajeno que propio.

RTVM es parte de nuestro patrimonio común degradado; en riesgo de ser desahuciado y malvendido. No conozco a nadie mejor que José Manuel para devolvérselo a sus auténticos propietarios.