Sabino Cuadra Lasarte

Abogado, sindicalista y político vasco

Al ínclito Francisco Franco, además de firmar sentencias de muerte, le gustaba inaugurar pantanos. Tanto es así que uno de sus sobrenombres fue el de “Paco el rana”, por aquello de “ir de charco en charco”. Recuerdo a estos efectos un chiste relativo al tema. Resulta que Franco, en su visita a una ciudad, en el discurso pronunciado desde el balcón del Ayuntamiento, tras glosar las mil y una bondades y realizaciones del Régimen, prometió a los presentes la próxima realización de un pantano en la zona. Tras afirmar esto, el alcalde del lugar se acercó y le susurró al oído: “Excelencia, aquí no hay río”, a lo que el todopoderoso respondió: “¡Pues si no hay, se hace!”. Él era así.

La cosa viene a cuento de esa maldición divina que nos ha caído, nadie sabe muy bien cómo, llamada Fernández Díaz, ministro de Interior. Él, como Franco, necesita también inaugurar pantanos antiterroristas por doquier y cuando no tiene con qué, pues hace un río, como ahora en Altsasu.

Euskal Herria —junto a Catalunya y Canarias— dijo ¡NO! a la OTAN en el referéndum que Felipe González convocó al efecto. Luego, nuestro pueblo, sobre todo Nafarroa, fue capital de todo el mundo mundial en la insumisión a la mili, al Ejército y al militarismo. Pues bien, a pesar de lo anterior, si hay algo que genera más rechazo en Euskal Herria que la OTAN y el Ejército español, eso es la Guardia Civil. Tenemos razones para ello. Me explico.

En un estudio encargado por el Gobierno de Gasteiz al Instituto Vasco de Criminología, se han recogido los testimonios de más de cuatro mil personas que sufrieron malos tratos y torturas en la Comunidad Autónoma vasca durante los años 1960-2013. De ellos, 3.577 han sido homologados por la Comisión de Ética de la Universidad del País Vasco. Pues bien, el primer puesto en el ranking torturador lo ocupa la Guardia Civil y sus cuarteles. Por citar uno, mencionemos el de Intxaurrondo —Donostia—, auténtica cámara de los horrores donde se realizaron gran parte de aquellas y se planificaron secuestros, asesinatos, desapariciones...

En Sakana, comarca de unos 20.000 habitantes en la que se enclava Altsasu (7.500 vecinas/os), mentar a la benemérita es mentar al diablo. Para buscar las razones de ello no hace falta remitirse al franquismo. En noviembre de 1979, Mikel Arregi, concejal en la localidad de Lakuntza y miembro de HB, fue ametrallado en un control por la Guardia Civil, muriendo posteriormente. La versión oficial y la de los testigos de los hechos difirieron substancialmente. Prevaleció la primera. El autor de los disparos fue condenado a dos meses de cárcel. A los dos jóvenes acusados ahora de agresión y lesiones a la guardia civil en la trifulca de Altsasu les piden veinticuatro veces más.

Desde aquel 1979 hasta hoy en Sakana han visto de todo. Las personas multadas, detenidas, maltratadas, torturadas, encarceladas..., se cuentan por cientos. También se sabe de guerra sucia con incendios de coches y colocación de bombas en casas y establecimientos. Distintos ayuntamientos, han denunciado en más de una ocasión la represión indiscriminada practicada por la guardia civil en la zona. Y en todo esto, la juventud de Sakana ha sido siempre el principal capacico de todas las hostias legales e ilegales.

Sábado 15 de octubre. Ferias en Altsasu. Fiesta grande. No habrá más hasta Carnavales. Un teniente y un sargento de la Guardia Civil, así como quien no quiere la cosa, entran con sus respectivas parejas en uno de los bares del Casco Viejo más frecuentados por esa juventud rebelde altsasuarra. No es para tomar un cafelito mañanero, ni un vermut a mediodía, o un café después de comer, ni una cerveza a media tarde. Son las cuatro-cinco de la mañana, cuando el raciocinio se diluye y la sangre fluye intoxicada. Surge una discusión con varios jóvenes. El tono sube, primero en el bar, luego en la calle. Comienzan a hablar las manos. Empujones y golpes. Un guardia civil usa expresiones como “te voy a matar”, “te voy a meter un tiro entre ceja y ceja”, lo cual no contribuye precisamente a calmar la situación. En resumen, trifulca envuelta en alcohol entre gentes que no se aprecian mucho entre sí. La principal lesión —golpes y contusiones hubo en ambos lados—, una fractura en el tobillo de un guardia civil. Lo siguiente, mordisco en un brazo a un chaval.

La versión oficial de la benemérita y del ministro de la cosa habla de “emboscada”, “brutal paliza”, “linchamiento”, “agresión multitudinaria por parte de cincuenta personas” y de ahí salen enseguida extrapolaciones (PP) que comparan los hechos con las “épocas duras de la violencia de ETA” y hasta señalan la “necesidad de expulsar del Gobierno de Navarra a sus amigos” (¡!).

“Si no hay río, se hace”. Han pasado cinco años desde que ETA puso fin a actividad armada y la kale borroka ha desaparecido, pero hay que seguir vendiendo la moto de la violencia, el caos y la crispación social. Sobre todo en Nafarroa, donde UPN-PP han perdido el Gobierno Foral y todos los principales ayuntamientos (Iruñea, Tudela, Barañain, Estella-Lizarra, Tafalla,...). Los antiguos caciques, incapaces de hacer una oposición política razonada y seria, recurren al exabrupto y la descalificación zafia como principal argumento político. Carecen de otros. Son así. Y Fernández Díaz les echa una mano.

La publicación de la noticia es el pistoletazo de salida a una campaña mediática y gubernamental para vender esa imagen de violencia, agresión gratuita y odio al benemérito. Mociones institucionales de condena, editoriales, artículos de opinión, tertulias e informativos recorren la geografía estatal manteniendo la tensión en torno al tema. Con ello se tapan otros. Aquí, en Nafarroa, el acuerdo para la exhumación de los criminales golpistas Mola y Sanjurjo; en Euskal Herria la reciente manifestación de diez mil personas reclamando libertad para los presos y presas enfermas, el quinto aniversario del fin de la lucha armada de ETA y la apuesta boicoteada por el Gobierno del PP de emprender, como en Colombia, una vía de diálogo, acuerdo y resolución final del conflicto vivido; a nivel estatal, el PP tapa con esto la imagen de sus juicios por corrupción. Lo de Altsasu es algo más que un respiro.

Frente a esta versión oficial, existe la otra, la silenciada. La que habla, ya lo hemos dicho, de una trifulca envuelta en alcohol cuyos perfiles y detalles, por esa misma razón, es difícil precisar y aclarar. Además, decir que uno fue testigo de los hechos puede suponer convertirse en imputado. Ocho jóvenes más han sido identificados y pueden seguir el camino de los dos primeros, acusados de lesiones y atentado a la autoridad. Cuatro años para cada uno.

El Ayuntamiento de Altsasu ha adoptado una Declaración suscrita por Geroa Bai, PSN y Goazen Altsasu –Podemos- (EH Bildu ha reclamado contar con más información al efecto) condenando los “actos violentos ocurridos”, expresando su “solidaridad” con las personas heridas y señalando su “preocupación y malestar por la masiva presencia de la Guardia Civil” en el pueblo tras los sucesos. Se habla así en plural y de forma genérica, no de manera unilateral presentando a los guardias civiles y sus parejas como únicas víctimas de la trifulca, ni a los jóvenes como únicos causantes de la misma.

En el Congreso madrileño, sus señorías consideraron importante el tema y lo debatieron en la Comisión de Interior. Se ve que no tenían otros asuntos más importantes que tratar. Nada de eso ocurrió con la violación en grupo de una chavala de dieciocho años, en Iruñea, en los pasados sanfermines, donde, de los cinco agresores, uno era guardia civil y otro militar. Además, tal como después se ha sabido, es más que probable que vinieran entrenados de Córdoba, donde según parece habían practicado una violación grupal similar. Pero la lesión en el tobillo de un guardia civil parece ser más importante que la violación y lesiones psicológicas posteriores de por vida para esa chavala.

Impulsada por el PP y suscrita también por el PSOE, Ciudadanos, PNV y Podemos, se aprobó en aquella Comisión una Declaración en la que, además de expresar la más “enérgica condena y rechazo de la brutal agresión sufrida por dos miembros de la guardia civil y sus respectivas parejas”, se mostró el “apoyo y solidaridad con la Guardia Civil ante estas injustificadas agresiones”. “El Estado de Derecho funciona y la violencia nunca podrá quedar impune”, finalizaba la Declaración. Sin comentarios. Curioso por otro lado que las intervenciones y votos contrarios hechas allí por ERC y Bildu hayan desaparecido del vídeo oficial de la reunión.

Resumiendo: “Si no hay río, se hace”. Fernandez Díaz, el rompepuertas de Fitero, ya tiene su pantano, los suscribientes de la Declaración colaboran en fabricar el río y los duendes al mando de la Presidenta del Congreso invisibilizan la oposición al respecto. El relato monocolor lo llena todo.